Texto: Miguel Ángel León Carmona y José Ignacio De Alba. Fotos: Miguel Ángel León Carmona |Pie de Página | Periodistas a Pie
La persecución mediática al ex gobernador Javier Duarte por los actos de corrupción de su administración no se refleja igual en las batallas jurídicas del gobierno federal ni en el cambio de estructuras policíacas del gobierno estatal. La desaparición forzada de 5 jóvenes en Tierra Blanca es una muestra: la Procuraduría General de la República se declaró incompetente para investigar el caso por delincuencia organizada y con ello abrió la puerta de la impunidad a los responsables
PLAYA VICENTE, VERACRUZ.- La Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para fincar responsabilidades en actos de delincuencia organizada a los ocho policías estatales detenidos por la desaparición forzada de 5 jóvenes en Tierra Blanca. Con esa medida, advierte el abogado de las víctimas, Celestino Espinosa Rivera, el caso de los policías que hace un año detuvieron y entregaron a los muchachos a una célula del Cartel de Jalisco Nueva Generación podría sumarse a un ejemplo más de impunidad y violación al derecho fundamental a conocer la verdad .
Mediante un acuerdo firmado por el Ministerio Público de la Federación, dentro de la Averiguación Previa AP/PGR/VER/II/46/2016, la PGR argumentó que el contenido proporcionado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz únicamente se desprende “la comisión de delitos del orden local”. Eso significa que los ex policías, entre ellos el ex subdelegado regional de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcos Conde, no serán investigados por delitos federales.
Los padres de los cinco jóvenes desaparecidos presentaron un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito, Boca del Río, Veracruz (expediente número 1301/2016), en contra de la resolución de la PGR, al considerar que no fueron considerados los hallazgos del Limón, donde se localizaron los restos de dos de los cinco muchachos.
“No sé qué más pruebas necesitan. Creímos que con nuestro caso los responsables recibirían un castigo ejemplar y la situación en Tierra Blanca se iba a amainar. Sin embargo, parece que la PGR se está olvidando de nosotros”, dijo a Pie de Página Bernardo Benítez, padre de uno de los dos muchachos cuyos restos fueron identificados.
En enero de 2016, 5 jóvenes que regresaban de pasar un fin de semana en el Puerto de Veracruz fueron detenidos por policías estatales en el municipio de Tierra Blanca, al sur del estado; de acuerdo con las investigaciones judiciales, los policías los entregaron a una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación que los habría asesinado en un rancho del municipio de Tlalixcoyan, donde fueron hallados unos 8 mil restos humanos y diversos objetos utilizados para el robo de combustible.
El caso de estos 5 jóvenes, originarios del municipio de Playa Vicente, abrió la caja de pandora de las desapariciones forzadas en Veracruz y puso en los reflectores de la agenda nacional a la policía estatal, señalada por muchas víctimas como aliada del cartel de los Zetas, primero, y hoy del Cartel de Jalisco Nueva Generación.
En el rancho El Limón (el de Tlalixcoyan) la Gendarmería encontró un pedazo de hueso de Bernardo Benítez Arroniz y gotas de sangre de Luis Alfredo González Díaz, dos de los 5 jóvenes de Playa Vicente, y de otras 6 familias. Los demás restos encontrados, pertenecientes a 300 o 400 personas, no pudieron ser identificados por el estado de descomposición que tenían. El propio subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó que la desaparición de cuerpos en ese rancho era sistemática desde varios años atrás.
Por el caso de los 5 jóvenes hay 21 detenidos: 13 civiles, acusados de ser parte de una célula del cártel, y 8 policías estatales, entre ellos Marcos Conde, quien era el subdelegado regional de la Secretaría de Seguridad Pública y que es señalado por muchas víctimas como el operador de las desapariciones forzadas en Veracruz en los últimos años.
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