Mientras David García Martínez retomaba este lunes la presidencia municipal de Huautla de Jiménez respaldado por cientos de seguidores, la hasta entonces encargada de despacho, Leónides López Pérez, publicó en redes sociales un comunicado en el que reclamaba seguir “legalmente acreditada” para gobernar el municipio durante el periodo 2025-2027.
Antes, convocó a una asamblea para intentar blindar su permanencia en el cargo.
El comunicado, acompañado de una credencial oficial de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal con vigencia del 20 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027, fue leído por sus opositores como un intento de desconocer el regreso del presidente electo.
López Pérez señaló que seguiría sirviendo como encargada de despacho junto con el Cabildo municipal.
La asamblea que convocaron López Pérez y su esposo, Juan Rebollar, derivó en una revelación que complica aún más su posición.
Los propios participantes ventilaron que la reunión fue realizada por instrucción del diputado de Morena, Benjamín Viveros Montalvo, con el propósito de determinar que la encargada y el Cabildo continuarían al frente del municipio.
La maniobra coloca al legislador morenista en el centro de una disputa de poder que su propio partido, al respaldar el regreso de García Martínez, ya había dado por resuelta.
Sobre López Pérez y su esposo Juan Rebollar pesan además señalamientos por presunta malversación de recursos públicos del municipio, que habrían sido manejados como patrimonio conyugal durante los meses en que ella ejerció el cargo.
Las acusaciones circulan entre grupos opositores en el municipio y no han derivado aún en una denuncia formal ante la Fiscalía.
La encargada de despacho asumió el cargo el 25 de marzo de 2025, tras la detención de García Martínez, y nunca logró construir una base política propia ni acumular legitimidad popular en la comunidad mazateca.
Su nombramiento fue interpretado desde el inicio como una figura provisional, no como un gobierno con mandato propio.
Con el regreso de García Martínez consumado y el respaldo del gobierno estatal y de la dirigencia morenista en Oaxaca, la posición de López Pérez quedó sin sustento político.
Lo que resta por definir es si los señalamientos de malversación derivarán en una investigación formal.
Análisis
La disputa en Huautla de Jiménez exhibe una transición municipal desordenada, donde una figura provisional intenta conservar el control aun después del retorno del presidente electo.
El punto más delicado no es solo jurídico, sino político: si Morena respaldó el regreso de García Martínez, la resistencia de López Pérez deja ver fracturas internas y posibles intereses locales que no se alinearon con la decisión estatal.
La mención del diputado Benjamín Viveros Montalvo agrega tensión al caso, porque su presunta intervención colocaría a un actor legislativo dentro de una disputa municipal que, formalmente, ya tendría ruta de salida.
El abogado del diablo
López Pérez podría argumentar que su acreditación formal seguía vigente y que, mientras no existiera una notificación administrativa plenamente ejecutada, tenía derecho a defender su permanencia institucional.
Pero esa defensa se debilita si su nombramiento fue provisional y si el presidente electo recuperó sus derechos político-electorales con respaldo del gobierno estatal. Además, los señalamientos sobre presunto manejo irregular de recursos obligan a separar la disputa política de una posible investigación financiera.