Ver a Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente electo de México, con un collar de flores fue una imagen frecuente durante la campaña. Antes de su triunfo, prometió pagar la “deuda” que tiene la sociedad con los pueblos originarios. “Porque es mucha la pobreza en Chiapas, en Oaxaca y, sobre todo, en las comunidades indígenas”, declaró. Este jueves, el Congreso mexicano ha dado un primer paso en esa dirección. La Cámara de Diputados, controlada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha aprobado por 430 votos a favor y una abstención, la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así se materializa una de las principales apuestas del futuro mandatario en la materia, aunque su agenda indígena permanece sembrada de interrogantes.
La nueva institución, un organismo descentralizado con autonomía financiera y administrativa, es vista como un avance respecto a su antecesora, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). “Significa pasar de un centro de trámites a uno de gestión”, dice la Dra. Martha Singer, profesora en ciencias políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Frente a la percepción de lejanía de la CDI, el nuevo ente contará con un centenar de coordinaciones regionales sobre el terreno para atender al 10% de mexicanos con orígenes indígenas.
El abogado Adelfo Regino, el elegido para llevar este nuevo organismo a buen puerto, apunta alto. Su prioridad es que una reforma constitucional retome reivindicaciones históricas como la sexta circunscripción electoral para los pueblos originarios. La propuesta también incluirá el derecho a la consulta previa y la consideración de los pueblos indígenas como sujetos de “derecho público” y no de “interés público”. Saltar del texto constitucional a la calle supone un desafío. “Tendrán que reformarse algunas leyes secundarias para que esto tenga aplicabilidad en la vida cotidiana”, reconoce.
Regino habla de un “sentido de urgencia”, pero el calendario de la futura reforma aún es difuso. Primero se quiere abrir un proceso de consulta, todavía sin fecha de cierre. “Tenemos que ser respetuosos con los tiempos de nuestros pueblos”, argumenta.
Morena, el partido del presidente electo, no alcanza los dos tercios requeridos para una reforma constitucional. Aún así, la diputada de Morena Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión parlamentaria de pueblos indígenas, se muestra confiada de que otros partidos se sumarán para sacar la reforma adelante. Puede no ser tan fácil aprobarla en la mayoría de los congresos estatales, donde la correlación de fuerzas no siempre es favorable al presidente electo.
Las buenas intenciones también pueden descarrilar si los recursos no acompañan. En 2017 el presupuesto de la CDI fue recortado a la mitad respecto al año anterior y en 2018 solo hubo un aumento marginal. Irma Juan Carlos también subraya la importancia de que se dote al nuevo organismo de financiación adecuada: “Si los legisladores no dan suficientes recursos, se quedará en buenas intenciones”. Adelfo Regino pidió, en una entrevista con el diario Reforma este jueves, 12 mil millones de pesos (más de medio millón de dólares), el doble del presupuesto de la CDI en 2018, pero hace mes y medio había pedido 20 mil millones. Habrá que esperar a la presentación del proyecto de presupuestos para 2019, previsto para los próximos días, para calibrar la fuerza del nuevo organismo, y la firmeza del compromiso.
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