El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, adimitió ayer que también hay corrupción en la iniciativa privada y dijo que cuando un acto de ese tipo involucra a un funcionario y un particular, deben ser sancionadas ambas partes .
En ese sentido, lo relevante no es que el CCE admita ahora que también existe corrupción entre los empresarios, sino que lo haga hasta ahora y que no acompañe esa formulación de un compromiso por denunciar y ayudar a combatir ese flagelo.
Tal relación entre corruptores y corrompidos, basada en la violación sistemática de las fronteras de lo público y lo privado, se ha convertido en estructural en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión, y para erradicarla es preciso, antes que nada, combatir la simulación y la impunidad.
Significativamente, las declaraciones del dirigente empresarial coincidieron en la fecha con la detención, en España, del empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, en el contexto de la investigación abierta por la fiscalía de ese país contra el ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira, por presunto blanqueo de capitales, asociación delictiva, malversación de fondos públicos y prevaricación.
Ciertamente, sería improcedente que la cúpula del sector empresarial se resistiera a admitir que la corrupción no es una lacra unidimensional circunscrita a las oficinas gubernamentales, sino una relación ilegal e inescrupulosa entre servidores públicos y actores privados, y que el propio sector empresarial es corresponsable del fenómeno, por cuanto de él emana la mayor parte de los sobornos, comisiones y pagos ilegítimos por favores , privilegios y tratos preferenciales, que conllevan, invariablemente, graves pérdidas al erario: entre 400 y 740 mil millones de pesos anuales –según diversos estudios–, equivalentes a 4 por ciento del producto interno bruto.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/19/opinion/002a1edi
