La víspera, la PGR y uno de los expertos del GIEI –que habló sin el consenso y respaldo del resto– dieron a conocer resultados preliminares del nuevo peritaje, que, sin arrojar datos concluyentes, sugieren que en el basurero de Cocula se pudo haber incinerado a 17 personas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó ayer a la Procuraduría General de la República de haber incumplido los acuerdos sobre la difusión de datos del nuevo peritaje realizado en el basurero de Cocula, donde, a decir del gobierno federal, fueron incinerados los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Según los expertos, la dependencia encabezada por Arely Gómez tomó una decisión unilateral que violentó la confidencialidad que los peritos debían guardar sobre el trabajo realizado y el requisito de que todo lo que se hiciera público sobre el mismo debía ser consensuado por los integrantes del grupo.
No parece casual que este episodio se produzca a unos días de que el encargo del GIEI en México termine, y en un momento en que el gobierno federal ha emprendido una campaña discursiva para sostener que la tarea de ese grupo en el país ha concluido ya, pese a que hasta la fecha se desconoce el paradero de los estudiantes desaparecidos.
Aunque esa información fue presentada como prueba de que se requiere realizar investigaciones y pruebas de mayor alcance, es claro que el manejo que se ha hecho sobre ésta genera u alienta confusión en la opinión pública, al presentar a una misma fuente –el GIEI– como emisaria de versiones encontradas: cabe recordar que, desde hace meses, los expertos internacionales habían determinado la improbabilidad de que en Cocula se haya incinerado a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/02/opinion/002a1edi
