Eduardo Bautista
Lo más adecuado sería pensar que el sistema educativo mexicano funciona a partir del cumplimiento cabal del derecho a la educación en los distintos niveles, básica, media, superior, y que los actores involucrados, desde los funcionarios gubernamentales de alta responsabilidad hasta los directivos de escuelas y todos quienes conforman el magisterio trabajan para el mismo fin, la educación.
Mera ilusión; el asunto no ha funcionado ni funciona así en este país. Cuando el discurso del gobierno federal dice que la reforma educativa “tiene el objetivo de recuperar la rectoría de la educación por parte del estado mexicano”, asunto que es respaldado por diversos grupos de interés al más alto nivel, habría que mencionar que no se puede recuperar lo que nunca se ha tenido, la educación no ha sido la prioridad histórica de los gobiernos mexicanos.
El cumplimiento del derecho a la educación ha quedado de lado. Desde hace más de 70 años, el Estado a través de su partido, el PRI, en alianza con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el gremio más numeroso de América Latina, han convertido al sistema educativo en una gran organización corporativa, de control político y electoral.
El corporativismo es una forma de organización política en la cual el trabajador o el ciudadano en lo individual no valen nada; su poder político se encuentra cuando forman parte de una organización, particularmente un sindicato, el cual funciona bajo una estructura vertical y de jerarquías. En esa organización no todos los miembros son iguales y las reglas son de lealtades clientelares e intercambio de favores, pero también hay sanciones como una forma para regular el orden interno y el sometimiento de todos los afiliados.
El corporativismo ha sido una de las claves de dominio histórico del PRI; la relación corporativa de los gobiernos posrevolucionarios se dio con todos los sectores organizados de trabajadores, petroleros, electricistas, mineros, etcétera, y por supuesto, el magisterio no fue ni ha sido la excepción. En estas experiencias, los trabajadores no pueden contravenir los intereses de los dirigentes; estos a su vez, mantienen una relación simbiótica con los gobernantes en turno quienes van marcando la línea de todos los sectores organizados.
El corporativismo no es cosa del pasado. Es una estrategia presente en el actual funcionamiento del sistema político. Así, podemos saber de los excesos de corrupción de líderes, tráfico de plazas y demás vicios al interior de los sindicatos, pero no pasa nada cuando existe un alineamiento político de dirigentes y estructuras al partido político dominante en el gobierno. Así, la caída o defenestración de algún dirigente se explica por su mal comportamiento político, pero no por su corrupción.
En el régimen se han aceptado todos los vicios, menos la disidencia política. El caso de Elba Esther Gordillo, ex dirigente del SNTE durante 25 años (1988-2013), tres veces diputada federal, senadora y dirigente del PRI, es emblemático si consideramos que su encarcelamiento no fue por los delitos que cometió sino por su deslealtad política, por ponerse al servicio de los gobiernos panistas.
Con el regreso del PRI a la presidencia para el periodo 2012- 2018, la ex dirigente magisterial terminó en la cárcel, pero su gran estructura corporativa, el SNTE, no fue desmantelada; el sindicato quedó inalterado y se realineó al partido dominante para seguir haciendo lo que a los beneficiarios económicos y políticos del sistema les importa, que es el tráfico de votos y el control de sus bases.
Así, podemos observar que el pacto corporativo de 1992, entre el gobierno de Oaxaca y la sección 22, no respondió a una maquinación extraordinaria; simplemente se trató de un recurso de uso frecuente en el sistema político. La historia del corporativismo no es en blanco o negro, de sindicalistas “buenos” contra sindicalistas “malos”; la Sección 22 y la CNTE no se pueden explicar sin su interpelación al SNTE; a su vez, la historia del el SNTE no podría comprenderse sin el PRI y sin los otros gobiernos y partidos con quienes se ha relacionado.
El repaso a esta historia explica un poco más el anuncio del gobernador Gabino Cué sobre la modificación del decreto por el que se creó en 1992 el IEEPO, dependencia gubernamental instituida en el marco de un proceso de medidas de descentralización de la educación pública en el país, en tanto la medida implica la disolución de los acuerdos tomados hace 23 años entre el gobierno y los dirigentes de la Sección 22 para el funcionamiento de ese instituto.
La historia y el contexto resultan necesarios en momentos como el actual, cuando sobran muchos adjetivos y apasionamientos sobre lo que ocurre con la Sección 22 de la CNTE y el IEEPO, puesto que se corre el riesgo de olvidar que los actores e instancias locales son piezas de un sistema mayor.
Toca tratar de pensar y valorar el problema bajo una lógica de «después de la pasión política», como dice el filósofo Josep Ramoneda, y poner en cuestión si los disidentes son los principales responsables del desastre en el sistema educativo o únicamente constituyen una de las piezas del complejo aparato de engranajes del régimen político, de sus controles, de sus beneficios y de sus castigos que regulan no solamente la actividad sindical sino el funcionamiento mismo de las instituciones de gobierno.
Investigador del IISUABJO
sociologouam@yahoo.com.mx
