Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Jorge Franco Vargas y Jorge Castillo Díaz, personajes que llevaron a los gobernadores Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué al descrédito y hasta los tribunales por violación a los derechos humanos y corrupción, ahora apoyan al candidato del PAN-PRD a la gubernatura, José Antonio Estefan Garfias.
Y el “candidato del gobernador” lejos de deslindarse justificó la presencia de ambos personajes en el inicio de su campaña rumbo a la gubernatura al reafirmar que “Jorge Castillo y Jorge Franco son amigos, pero no forman parte de la campaña. He platicado con ellos, desde el luego que sí, como he platicado con todos mis amigos y lo seguiré haciendo”, advirtió.
Lo que es peor, salió en su defensa de los cuestionamientos y denuncias que existen en contra de sus “amigos” Franco Vargas y Castillo Díaz al manifestar que quien tenga pruebas y no las presenta, quiere decir que lo hace para llamar un capital político que no tiene, por lo que serán los tribunales quienes definan, si son culpables o inocentes.
Lo cierto es que Jorge Franco Vargas fue el brazo ejecutor del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz para reprimir y desalojar a los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el 14 de junio de 2016.
Fueron 886 elementos de la policía preventiva, organizados en siete grupos, los que irrumpieron a las 04:30 horas del 14 de junio de 2006, con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras el zócalo de Oaxaca para desalojar a los maestros de la Sección 22 del SNTE.
El saldo de ese fallido operativo fueron 143 personas lesionadas, de los cuales 102 eran policías, 30 maestros, un estudiante y 10 civiles, así como 8 rehenes, revela el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este hecho ordenado por Ulises Ruiz Ortiz, ejecutado por su entonces secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas y el secretario de seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, dio origen a la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
El conflicto sociopolítico se prolongó hasta el 29 de octubre con el ingreso de la Policía Federal Preventiva, que tuvo que sortear siete bloqueos y 13 barricadas.
La SCJN documentó al menos 33 operativos en los que hubo enfrentamientos con motivo de la resistencia civil que culminó el 25 de noviembre con el desalojo violento de los manifestantes donde fueron detenidas 139 personas.
En todo ese periodo se detuvo a 383 personas, de las cuales 221 les decretaron auto de libertad por falta de elementos. También documentaron 11 asesinatos directamente relacionados con el evento y 9 indirectos, además, de 87 lesionados entre ellos, 15 civiles, 8 periodistas, 62 elementos de la PFP y 2 municipales.
Según las conclusiones, la SCJN determinó que “con motivo de los eventos existía la presunción de que las autoridades federales, estatales y municipales, incurrieron en violaciones graves de garantías individuales y derechos fundamentales, que tuvieron un impacto trascendente en la forma de vida del estado de Oaxaca”.
Por su parte, Jorge Castillo Díaz, ex secretario particular y operador político de Gabino Cué, fue denunciado en agosto de 2015 ante la Procuraduría General de la República (PGR) por enriquecimiento ilícito al amasar una fortuna superior a los dos mil millones de pesos y adquirir propiedades en Estados Unidos y la capital del país.
El senador del PRD, Benjamín Robles Montoya manifestó, en esa ocasión, que ante el silencio omiso o cómplice del gobernador Gabino Cué decidió “dar un salto a la PGR” para denunciar a quien dice ser el “mandamás” del gobierno aliancista.
La denuncia de hechos en contra del “intocable Jorge ‘Coco’ Castillo” la presentó el 25 de agosto y la recibió de procuradora Arely Gómez, donde lo acusa de enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, trafico de influencias y demás que se configuren en contra de la Hacienda federal y estatal.
Pidió “a la PGR que investigue a Jorge Castillo por qué una persona que dice ser columnista en la revista Forbes de México y consultor político y de desarrollo sustentable ha amasado, desde 2010, una fortuna de mas de dos mil millones de pesos”.
Además, agregó, “alguien que compra propiedades en Malibu California en Estados Unidos y en las Lomas de Chapultepec, en la capital del país, a costa de la pobreza existente en el estado y lucrando con la obra pública, no tiene escrúpulos y merece ser castigado con todo el peso de la ley”.
Castillo Díaz también ha sido acusado de filtrar grabaciones de sus contrincantes y de operar para imponer candidatos en todos los partidos políticos.
Sin embargo, al ex priista Estefan Garfias eso no le interesa y hasta deja abierta la posibilidad de incluirlos en su gobierno en caso de ganar la elección del próximo 5 de junio al manifestar que por el momento su prioridad está centrada en ganar:
“Aún no he pensado en el gobierno y en el gabinete, lo que pensamos quienes integramos éste equipo de campaña, es en ganar y luego la conformación del gabinete”, respondió a la pregunta de que si los incluiría en su administración en caso de ganar.
