Jaime GUERRERO
OAXACA, (#pagina3.mx).- La titular de la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales, Araceli Pinelo López, informó que en lo que va de este 2017 se han presentado 69 denuncias por diversos delitos electorales, entre ellas, por violencia política.
En el caso de los sismos, hay dos carpetas de investigación, por presunta promoción de actores políticos con fines electorales, una por denuncia anónima y otra por investigaciones de oficio. En ese caso, se integran las investigaciones.
Pinelo López aclaró que previo al inicio del proceso electoral, se tienen 69 carpetas de investigación.
Las carpetas de investigación por presuntos delitos electorales son por la entrega de apoyos y despensas con publicidad personalizada y partidaria, por parte de funcionarios públicos, legisladores federales y locales, a personas damnificadas de la región del Istmo de Tehuantepec.
Advirtió que la Ley establece una pena de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años, a quienes incurran en el condicionamiento de recursos públicos con fines electorales.
Aseguró que Agentes del Ministerio Público de la zona deberán tomar las denuncias en caso de condicionamiento de despensas o utilizándolas con fines electorales.
Y es que el diputado del PRI, Samuel Gurrión Matías, al entregar despensas y apoyos a personas damnificadas, lo hizo con logos de su nombre y de la campaña que ha utilIzado en pasados procesos electorales: “Una Mano Amiga”.
Lo mismo se han detectado actos de la diputada federal del PRI, Yarit Tanos; asimismo, del PRD, diputados federales, entre ellos José Antonio Estefan, y locales como Carol Antonio Altamirano y Silvia Flores Peña, quienes han acudido a entregar despensas.
El senador de la República del PT, Benjamín Robles Montoya, acudió a Matías Romero a cuestionar el papel de los gobiernos federal y estatal sin llevar apoyos, no obstante, en video promociona la imagen de su esposa, Maribel Martinez, quien aspira a un cargo de elección popular por Morena.
Por lo pronto, Pinelo López refirió que dentro de las carpetas de investigación iniciadas se están efectuando las actuaciones correspondientes.
Se analizará, agregó, si alguna de las conductas desplegadas se adecuan a las previstas por el artículo 11 fracciones III y IV de la Ley General en materia de Delitos Electorales, que ordena que los servidores públicos tienen prohibido desviar recursos públicos que estén bajo su responsabilidad para su promoción explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse frente a la ciudadanía con propósitos electorales.
LAS SANCIONES
El artículo 11 establece que se impondrán de 200 a 400 días multas y prisión de 2 a 9 años al servidor público que destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política, o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.
Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo, o a través de sus subordinados en sus horarios de labores.
Pinelo López confirmó que las carpetas de investigación se iniciaron por diversas imágenes contenidas en notas periodísticas y redes sociales donde se aprecia a personas utilizando logotipos de partidos políticos o promoción personal en los apoyos brindados a personas afectadas por el sismo en el Istmo de Tehuantepec.
Por lo pronto, llamó a actores políticos, dirigencias de partidos, a las y los servidores públicos y representantes de elección popular de los diferentes partidos políticos, a respetar y observar los principios previstos en los artículos 134 de la Constitución Federal y 137 de la Constitución Local, en el sentido de que los recursos públicos deben administrarse con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y sin afectar la equidad de la competencia en el proceso electoral.
Respecto a las denuncias de violencia política, existen 10 carpetas de investigación, de las cuales han derivado medidas de protección por determinación del Ministerio Público, debido a que han sido señalados presidentes municipales, síndicos y regidores como imputados.
Las medidas de protección son a las víctimas de violencia política y a quienes han señalado ese fenómeno. A éstos, se les dota de seguridad a través de la Policía Estatal o elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
Pinelo López destacó que las medidas de protección se dan por la serie de acoso y hostigamiento que han sufrido.
Entre las 69 denuncias también destacan de municipios de Sistemas Normativos Indígenas, en los cuales se han denunciado violencia en las asambleas electivas, documentación alterada, entre otros fenómenos electorales.
Aclaró que no todas las 69 denuncias son del inicio del proceso electoral, si no de enero del 2017 a la fecha.
La Fiscal Electoral estimó que aumenten el número de denuncias, una vez que avance el desarrollo de los trabajos y actividades del proceso electoral en el que se habrán de elegir, Presidente de la República, y para Oaxaca, 2 senadores de la república, 10 diputados federales, 42 diputados locales y concejales de 153 municipios que surgen por la vía de los partidos políticos.
