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Los días de infierno pretenden ser enterrados con un silencio cómplice; Ulises Ruiz y camarilla gozan de impunidad

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Pedro Matías

Oaxaca, (pagina3.mx).- Con un silencio cómplice, la primavera de Oaxaca en el 2006 pretende ser enterrada. Y es que a ocho años del conflicto sociopolítico de 2006, los 25 muertos, alrededor de 500 detenidos, 380 torturados y cinco desaparecidos, siguen esperando justicia.

Ni las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estimó que “sí hubo violación grave generalizada y particularizada de garantías individuales y derechos fundamentales”, ni la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fueron suficientes para castigar a los responsables de la represión de 2006.

Al contrario, con el paso del tiempo, han sido silenciados algunos de los cómplices del “tirano” como ex coordinador de Seguridad Pública Municipal de Oaxaca, Aristeo López Martínez, quien fue ejecutado en enero de 2009.

Antes, el 30 de enero de 2008 fue asesinado el director de la Policía auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz.

Tanto Alejandro Barrita como Aristeo López Martínez fueron insistentemente vinculados con secuestros, torturas y asesinatos cometidos en el marco del conflicto sociopolítico de 2006 y 2007, principalmente, a los “levantones” que realizó la llamada “caravana de la muerte”, la cual utilizaba automóviles sin placas y ocupantes sin identificación oficial.

A esas muertes se suma el crimen del comandante Ricardo Rodríguez Silva, así como la desaparición del comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, o las ejecuciones de los porros Rubén Maldonado Marmolejo, El Dragón, y José María González Porras, El Chema o El Güero, quienes fueron identificados como integrantes de las caravanas de la muerte que en 2006.

También el ex Secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría, a quien le atribuyen haber conformado las “caravanas de la muerte”, murió la semana pasado a consecuencia de una enfermedad.

Cuatro años después, ya en el ocaso de su gobierno, Gabino Cué decide conformar la Comisión de la Verdad que entregará un Informe Final hasta el 15 de marzo de 2016, es decir, a unos meses de que se vaya.

Este compromiso de campaña lo cumple cuatro años después de tomar el poder como mero trámite, sobre todo para apaciguar los ánimos de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que exige castigo al “tirano” Ulises Ruiz Ortiz y sus compinches.

Mediante el Decreto 2056 aprobado por el Congreso de Oaxaca, el gobernador tomó protesta como presidente de la Comisión de la Verdad al sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde Guerra, a la investigadora y maestra en antropología social Marina Patricia Jiménez Ramírez, así como al periodista y escritor Diego Enrique Osorno.

A decir del gobernador la Comisión de la Verdad tiene como objetivo indagar a fondo los hechos que motivaron al gobernador Ulises Ruiz Ortiz a cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Explicaron –a través de un comunicado- que la Comisión de la Verdad es un organismo autónomo que contribuirá al esclarecimiento de los hechos ocurridos en los años 2006 y 2007, buscando garantizar el respeto a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca y propiciar la reconciliación social.

REVUELTA

Según el informe de la Suprema Corte, en poder de www.pagina3.mx, en el conflicto 2006-2007, “sí hubo violación grave generalizada y particularizada de garantías individuales y derechos fundamentales”.

También consideró que la causa generadora de ello, en parte es derivada de la tolerancia y permisión de la autoridad, que ha dado lugar a la omisión de las autoridades de crear todas aquellas condiciones necesarias para un desenvolvimiento armónico de la sociedad y que ésta no solo satisfaga sus necesidades más apremiantes, sino también encuentre los cauces legales para dar solución a todas y cada una de sus reivindicaciones, evitando así, que ello se realice al margen de la legalidad.

De igual forma, cuestionó las estrategias de movilización-negociación-movilización del magisterio y sus 100 organizaciones afines a través de marchas, mítines, plantones, bloqueos, tomas de oficinas e instalación de barricadas porque afectab a terceros y perturban el orden público, la paz social y la seguridad pública.

Y si “esos eventos se llevan a cabo con el propósito de propiciar ingobernabilidad para que se decrete la desaparición de poderes de un Estado (…) en su conjunto constituyen una grave violación  generalizada de garantías individuales y de derechos fundamentales, por alterar en grado sumo la vida cotidiana de una colectividad, atribuible a esos grupos sociales, por vía de consecuencia”.

El documento detalla que durante el conflicto que estalló el 15 de mayo de 2006 y se agudizó con el desalojo violento del 14 de junio de ese mismo año, los maestros mantenían ocupada 100 calles del centro histórico donde mantenían 12 bloqueos y seis barricadas.

Esta situación motivo a que 28 de octubre, con motivo de la resistencia civil, fueran enviados cuatro mil 462 elementos de la Policía Federal Preventiva al mando del comisario general, Ardelio Vargas Fosado.

Aunque del 28 octubre de 2006 al 24 de enero de 2007 se realizaron 33 operativos policiales, fue el 25 de noviembre cuando se registró el principal choque entre las fuerzas federales y la resistencia civil que dejó 140 detenidos, 15 lesionados entre ellos, 4 de la PFP y 2 de Seguridad Pública.

Otro enfrentamiento ocurrió el 2  de diciembre dejó 16 policías federales lesionados y el 5 de diciembre se restableció la paz y el orden público, motivo por el que el 24 de enero de 2007 finalizan los operativos y la PFP regresa a sus cuarteles.

En ese periodo fueron detenidas 383 personas, de las cuales a 221 les decretaron auto de libertad por falta de elementos, 12 mediante incidente de libertad por desvanecimiento de datos, 15 menores fueron remitidos al Consejo Tutelar, dos al DIF, 3 fueron sujetas de proceso penal, 4 decretó libertad por el AMP, 5 fueron sentenciadas condenatoriamente, 6 obtuvieron sentencia absolutoria, a 4 se decretaron orden de aprehensión, 3 decretó sobreseimiento y 15 fueron retenidas.

Detallaron que de las 290 detenidas a 149 se les instruyeron dos causas penales por sedición, terrorismo, daños por incendio, robo, robo de vehículos porque ese 25 de noviembre fueron incendiados el Tribunal Superior de Justicia, los juzgados federales, el teatro Juárez, turismo, la agencia de viajes mecinas, el hotel camino real y las oficinas de la asociación de hoteles y moteles.

Mientras que a otros 72 integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca se les integraron cinco delitos.

Por instrucciones del entonces Secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría, dos detenidos fueron enviados al Penal de máxima seguridad de la Palma ahora altiplano, 1  al penal federal de Matamoros y 139 al reclusorio de Nayarit porque representaban alto grado de peligrosidad.

Con motivo de los operativos 87 personas resultaron heridas, de los cuales 15 eran civiles, 8 periodistas, 62 de la PFP y 2 municipales. Pero también los 108 detenidos presentaron lesiones que no ponían en riesgo su vida.

Otros refirieron torturas físicas, consistentes en toques eléctricos, quemaduras, colocarle bolsas de plástico en la cabeza, vendarles los ojos y amenazarlos con arrojarlos desde el helicóptero.

Otros sufrieron vejaciones y malos tratos y violencia psicológica, a las mujeres les cortaron el cabello y otras fueron objeto de abuso sexual al hacerles tocamientos en su cuerpo.

Mientras que la recomendación 15/2007 de la CNDH durante el tiempo que duró el conflicto 20 personas murieron, aunque 11 directamente relacionadas a los hechos y nueve de manera indirecta.

Se hace mención que únicamente el 29 de octubre murió Alberto Jorge López Bernal durante  uno de los operativos que realizó la PFP y todos los operativos se realizaron en uso legítimo de la fuerza pública. Además, la CNDH determinó que sí hubo tortura a los detenidos.

Aunque se presentaron mil 500 quejas en la CNDH, ésta se declaró incompetente en esos casos.

También se hizo hincapié que por el conflicto hubo pérdidas de 109.3 millones de dólares, además fueron destruidas 25 camiones de la línea sertexa y 17 vehículos oficiales quemados.

Estos hechos generaron que se integraran 560 averiguaciones previas a las que no se les dio trámite alguno.

 

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