Elementos de la policía antidisturbios de Nicaragua reprimieron violentamente ayer a mineros y habitantes del yacimiento El Limón, que tenían tomado el poblado desde hace 15 días, en reclamo de respeto a sus derechos laborales y en demanda de la reinserción de tres sindicalistas despedidos; exigencias desatendidas por la empresa de origen canadiense B2Gold, que explota el yacimiento.
La recurrente conflictividad que se registra en los socavones –a consecuencia de la inconformidad de los mineros– constituye, sin embargo, un mentís al argumento tecnocrático de que la conversión de nuestros países en destinos atractivos para los capitales foráneos –mediante acciones como la privatización de la propiedad nacional, la apertura indiscriminada de mercados, la desregulación económica y el aniquilamiento de derechos sociales y laborales– derivaría en captación de divisas e inversiones que permitirían financiar el desarrollo.
Dicho acto represivo ha sido interpretado por los mineros y por buena parte de la opinión pública internacional como un alineamiento del gobierno sandinista de Daniel Ortega a los intereses corporativos de las mineras canadiense, las cuales, al igual que como ocurre en otras naciones de Centro y Sudamérica, tienen en los socavones un negocio formidable, que les permite obtener ganancias millonarias a cambio de inversiones ínfimas que se traducen sistemáticamente en bajos salarios, nulas prestaciones y condiciones de seguridad deplorables en las minas.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/18/opinion/002a1edi