Organizaciones y Partidos entrometidos en conflictos Agrarios: Segego

Jaime GUERRERO
OAXACA, (#página3.mx),- La enésima disputa armada dejó 1 indígena muerto, 6 heridos y un desaparecido en San Sebastián Nopalera. En estos hechos están involucrados Organizaciones NO Gubernamentales (ONG´S), un ex diputado y representantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Para la Secretaría General de Gobierno, aunque jurídicamente la mayoría de los conflictos agrarios están resueltos, éstos persisten por la intromisión de grupos u organizaciones sociales con vínculos políticos.
La agresión en Nopalera, se perpetró el pasado 10 de septiembre por la noche en ese municipio, reportaron el agente municipal de San Sebastián Nopalera, Raúl Bautista Hernández; el presidente del comisariado ejidal, Maximino Ramírez Bautista; el secretario ejidal Benito Bautista y el presidente del comisariado Comunal, Hilario Caballero Caballero.
En sus versiones, refirieron que un grupo paramilitar agredió e hirió a indígenas mixtecos, provocándoles serias heridas a Carlos Bautista Mejía y Lucio Hernández de 39 y 45 años de edad, el primero resultó herido de bala en la cabeza y espalda.
Al segundo casi le destrozan el pie derecho y se reporta como desaparecido a Benito Hernández Jiménez, de 23 años, por lo que se teme por su vida. Todos ellos habitantes de la comunidad de San Sebastián Nopalera.
Las autoridades, aseguraron que esos hechos forman parte de una serie de ataques armados que han dejado ya diversas personas heridas e incendios de sembradíos, cafetales y bosques.
Por ello, demandaron la inmediata intervención de la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto y del gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo.
Asimismo piden la intervención de los organismos defensores de Derechos Humanos, entre estos de Jan Jarab representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y James l. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además del presidente Luis Raúl González Pérez, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Arturo Peimbert calvo.
Acusaron que el presidente de Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), Maurilio Santiago Reyes, en vez de promover la paz social, alienta la violencia armada en la región.
Y es que aseguran que hace mal uso de las medidas cautelares que le ha otorgado a su favor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que debe revisar la actuación de Santiago Reyes.
Las autoridades narraron que el ataque se registró el pasado sábado al filo de las siete de la noche, en el poblado Torralba de Juárez, de la comunidad de San Sebastián Nopalera, Santa Lucia Monteverde Oaxaca.
Los lesionados fueron trasladados al hospital de la ciudad de Tlaxiaco, de donde serán enviados a la ciudad de Oaxaca, por la gravedad de sus heridas.
Como antecedentes de la agresión armada del sábado, refirieron, que en el mes de diciembre del 2015, “paramilitares asesorados por el CEDHAPI abrieron una gran zanja sobre el camino que comunica no solo a Nopalera, sino a otras poblaciones con el municipio de Putla Villa de Guerrero; afectando, además el derecho al libre tránsito, la educación, la salud, el abasto y la paz de cientos de niños, mujeres, ancianos y en general a la población”.
De acuerdo a las autoridades de Nopalera, la asamblea en distintos momentos ha acordado, para construir la paz, ceder a Zimatlán de Lázaro Cárdenas una fracción de terrenos su territorio. La voluntad de la asamblea ha quedado reiterada en la minuta firmada el 21 de mayo del año 2012 y ratificada entre ambas comunidades con la presencia de autoridades federales y estatales.
Recordaron que en el 2011 y 2013 elementos de la policía estatal y de la Procuraduría General de la República (PGR), decomisaron un arsenal de armas largas de alto poder en la agencia municipal de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, a Rubén Jiménez Jiménez, Alberto Jiménez Jiménez, Rufino Cruz Hernández y Rafael Hernández Cruz; todos ellos pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas.
Por la agresión armada las autoridades municipales y agrarias de San Sebastián Nopalera demandan una mesa de dialogo de alto nivel; la inspección ocular y las investigaciones pertinentes para dar con los responsables actos de ecocidio.
Zimatlán acusa a Nopalera
En contra parte, el agente municipal de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Hugolino Samuel Jiménez Hernández, denunció que fue comando armado de San Sebastián Nopalera, quien atacó a su comunidad, dejando un muerto y dos heridos que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El atentado ocurrió el domingo 11 cuando el comando armado de San Sebastián Nopalera invadió la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas; sin embargo, Rubén Jiménez García, de 26 años de edad, falleció el pasado lunes en el Hospital “Aurelio Valdivieso” debido a que recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza.
Antes, el sábado 10 de septiembre, el ataque de este grupo armado tuvo como consecuencia que resultaran heridos Ana Magdalena Sánchez Medina, de 43 años de edad, y Alberto Bautista Sánchez, de 35 años de edad, quienes actualmente se encuentran hospitalizados en un hospital de Putla de Guerrero.
La autoridad municipal acusó al ex diputado local y representante de Morena ante el IEEPCO, Flavio Sosa Villavicencio, así como a Efraín Solano Alinares, integrante de Comuna -uno de los actores que ha politizado los hechos violentos del municipio de Asunción Nochixtlán- de ser los autores intelectuales de este ataque armado porque son asesores de la comunidad de San Sebastián Nopalera.
Las autoridades municipales y representante de los ejidatarios de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, exigieron que la Fiscalía General de Justicia investigue el atentado y sancione a los autores materiales e intelectuales de este nuevo crimen.
De igual forma, pidieron que la Procuraduría General de la Republica (PGR) mande a citar a Flavio Sosa Villavicencio y Efraín Solano Alinares por la desaparición forzada de Eleazar Asunción Sánchez Hernández, de 18 años de edad; Marcelino Pedro Hernández Jiménez, de 39; Francisco Jiménez García, de 37 y Eufrosino Macario Hernández García, de 45 años de edad.
Acusó que se han incumplido las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al no garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios, razón por la que solicitaron la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que les otorgue medidas provisionales.
Persiste intromisión de organizaciones
Para la Secretaría General de Gobierno, el problema entre San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, es uno de los seis conflictos agrarios más álgidos dentro de los 38 que se encuentran activos en el estado de Oaxaca.
Aunque jurídicamente la mayoría están resueltos, éstos persisten por la intromisión de grupos u organizaciones sociales con vínculos políticos, afirmó el secretario general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco.
En el caso específico del conflicto entre Nopalera y Zimatlán, en donde como resultado de un enfrentamiento ocurrido el pasado 10 de septiembre hubo dos comuneros muertos y cuatro heridos, señaló que el tema ha sido llevado incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En total -reiteró- son 32 conflictos álgidos y seis mucho más álgidos, entre ellos el de Nopalera, el de Amoltepec con Yucutindoo, Amoltepec con otros dos municipios colindantes, así como Quiahije con Ixtapam. Todos se están atendiendo en mesas especiales y permanentes.
A pesar de ello -agregó- se mantienen activos porque bajo el asesoramiento de organizaciones con el FPR, en el caso del conflicto en Quiahije, no reconocen las resoluciones presidenciales y mantienen así el conflicto social.
«Creemos que si hay voluntad por parte de las organizaciones como las ha habido en otras ocasiones, nos ayuda para la estabilidad del gobierno del estado», declaró.
Incluso -agregó- han rechazado indemnizaciones económicas que brinda el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) para finiquitar conflictos. Para este año -dijo- fueron destinados más de mil millones de pesos; pero no en todas las comunidades aceptaron los recursos. Sólo se utilizaron 300 millones de pesos.