Jenaro Villamil/Homozapping / – Primera Parte
CDMÉX.- El mismo día de la última de sus 4 mil 200 emisiones de El Noticiero de Televisa, el pasado viernes 19, Joaquín López Dóriga recibió un regalo especial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF): el Ministerio Público capitalino consideró procedente el no ejercicio de la acción penal por el delito de “tentativa de extorsión” en contra de su esposa, Teresa Adriana Pérez Romo, y otros involucrados en la denuncia interpuesta por la inmobiliaria Abilia, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala.
La resolución de la PGJDF, cuya copia obtuvo Proceso, consideró que no hubo delito de tentativa de extorsión, porque los representantes de Abilia “aceptaron tener pláticas con los vecinos del condominio residencial ubicado en la calle Rubén Darío, número 223, de la Colonia Polanco (a pesar de que dicha inmobiliaria contaba con los permisos para continuar con la construcción) por lo que se puede apreciar que por voluntad propia consintieron acudir a dichas pláticas sin ser coaccionados, amenazados u obligados a ello”.
La PGJDF también desestimó la prueba de la videograbación en la que se escucha al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba pedirle a los funcionarios de Abilia 5 millones de dólares a cambio de frenar otros litigios, porque “la inmobiliaria, siempre participó por su voluntad y, si bien, como lo manifiesta el denunciante que fueron amedrentados con realizar el juicio de lesividad, es decir, en ningún momento la supuesta repercusión desembocaría en un acto ilícito, sino que se realizaría conforme a un acto formalmente regulado”.
La procuraduría consideró “infundados e inoperantes” los agravios argumentados por el despacho de abogados de Javier Coello Zuarth, contratado por Aramburuzabala, afirmando que “son evidentemente ambiguos y superficiales”, que ya fueron estudiados y resueltos por la vía del amparo y “no controvierte eficaz y suficientemente los argumentos vertidos en el acuerdo ministerial por el que se inconforma, únicamente pretendió rebatir en forma aislada y genérica algunas de las consideraciones señaladas”. La resolución de la procuraduría se produjo un año después de iniciado el litigio, en medio de diversas irregularidades, que incluyó el no desahogo de las pruebas presentadas por Aramburuzabala, como la solicitud de obtener la declaración de todos los vecinos, la ausencia de interrogatorios o diligencias con el administrador del predio Rubén Darío 223 y desechar las preguntas presentadas por el abogado de Abilia, entre otras.
Para el abogado Javier Coello Zuarth la procuraduría capitalina actuó más como “abogado defensor” de la esposa de Joaquín López Dóriga y de otros implicados que como instancia investigadora. “No hubo un contrapeso jurídico por parte de los abogados de Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López Dóriga, y de otros involucrados. El contrapeso lo hizo la procuraduría capitalina”, afirmó Coello.
–¿Es común que suceda esto en la justicia de la Ciudad de México?
–No, no es común. Lo normal es que en este tipo de asuntos haya un conflicto entre abogados de una y otra parte.
En resumen, consideró Coello Zuarth, el Ministerio Público capitalino “sólo se dedicó a obstaculizar la investigación respecto a los hechos narrados en la denuncia inicial”; el subprocurador de Averiguaciones Previas, Óscar Montes de Oca Rosales, “ordenó el cambio del nuevo sistema penal de justicia en México al sistema tradicional, con el objeto de que la procuraduría capitalina tuviera el control de las actuaciones, sin darle participación a un juez de control para realizar una investigación judicializada donde se observaran la legalidad y los derechos humanos de las partes”.
Después de 11 meses la procuraduría capitalina “se ha negado y se resiste a desahogar las testimoniales de los vecinos de Rubén Darío 223 para que sean cuestionados si éstos dieron la instrucción al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba de solicitar la cantidad de 5 millones de dólares para que diversas autoridades del gobierno del Distrito Federal dejaran sin efectos los procedimientos que se habían instaurado previamente”.
Además, el Gobierno de la Ciudad de México no presentará el juicio de lesividad, procedimiento que se inició contra Abilia, derivado de su negativa a entregar los 5 millones de dólares, precisó el abogado Coello Zuarth.
Se dice “víctima de una canallada”
Con la notificación favorable de la procuraduría capitalina, López Dóriga se sintió más confiado para hablar de este caso, que nunca mencionó en la pantalla televisiva. El mismo día de su despedida, López Dóriga afirmó –entrevistado por Adela Micha– que él fue víctima de “una canallada”, de “la injuria, la infamación, la mentira y la ofensa”.
Sin especificar que hablaba de la denuncia por tentativa de extorsión en contra de su esposa, López Dóriga advirtió que “no tienen derecho a meterse con mi familia” y se jactó así con Micha: “¡Mira! Que iban a acabar conmigo y ¡mira!”
Tres días después, con el conductor Carlos Marín, de Milenio TV, López Dóriga volvió a hacer alusión al caso sin entrar en detalles ni contar la historia que publicaron el periódico Reforma y Proceso y que se evitó mencionar en Televisa.
“Ni me retiré ni me retiraron”, sentenció López Dóriga. “Fue una decisión que veníamos hablando en los últimos cuatro años y me voy en el momento justo para iniciar otra época”, argumentó.
