Antonio MUNDACA / Corresponsal | elmuromx.org
Oaxaca, Oax.- Puntero en la encuesta presidencial desde hace varios meses, Andrés Manuel López Obrador inició desde noviembre de 2016 un pacto nacional denominado “Acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México”. Un compromiso que firmó en el zócalo de la ciudad de Oaxaca el 18 de marzo de este 2017 y que desde los comunicados oficiales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se tituló “AMLO concreta Acuerdo de Unidad con izquierdas de Oaxaca”.
La idea simple y sencilla, que a la vez revela un doble discurso, fue la de sumar a “la gente buena”, “la gente de abajo” de “la izquierda” y del resto de los partidos políticos, organizaciones sociales, culturales, artísticas, activistas y sociedad civil interesada en “el cambio verdadero”.
Consolidar su ventaja beneficiándose del hartazgo social, la poca aprobación de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y el descontento que generó el gasolinazo a inicios de este año, lo suyo es un llamado a los “vencidos del sistema”, o al menos esa era la idea.
A su discurso contra la corrupción, AMLO intenta sumar a su proyecto de “austeridad gubernamental” el sonido de protesta de la ciudadanía desfavorecida e iracunda, pero también expone una adhesión de diversos expertos vividores del presupuesto público.
En Oaxaca, donde su popularidad hace de Morena y el voto cautivo un bastión para sus aspiraciones presidenciales, llamó a firmar dicho acuerdo a representantes cuestionables que derivó en un abucheo capitalino.
Al menos en Oaxaca este acuerdo de unidad con la izquierda y el bloque de “representantes de la sociedad”, puso en entredicho el discurso anticorrupción que ha repetido obrador incansablemente: “la corrupción se elimina barriendo las escaleras de arriba para abajo”; sin embargo, en Oaxaca el polvo de funcionarios y políticos corruptos de trayectorias sociales repletas de malas prácticas es de los más cuestionables.
“Vencidos del sistema” de mala fama -salvo raras excepciones- en su gran mayoría tienen en Morena un trampolín que garantice la impunidad y no la “transformación de la Patria”, como arenga el discurso obradorista.
Se suman al proyecto en Oaxaca -al menos los que públicamente firmaron el acuerdo- bajo el manotazo vedado de que quien no se sume ahora, quedará lejos de posiciones de poder y la transformación necesaria de lo que AMLO llama desde el 2012, “la República amorosa”, y que a 15 meses de las elecciones presidenciales lo mantienen con una preferencia del 33%, por el 27% de Margarita Zavala, y el otro 27% de Miguel Ángel Osorio Chong, según la encuesta de El Universal publicada en marzo de este año.
El PRD de los enfrentados
El boletín oficial publicado en el medio de difusión de Morena, Regeneración, puntualizó la alianza con las izquierdas oaxaqueñas. A esta firma acudieron cuatro integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD): una diputada federal, Karina Barón Ortiz; un diputado local, Alejandro Aparicio Santiago; un ex presidente municipal, Antonino Morales Toledo, y el ex dirigente estatal de ese partido, Rey Morales Sánchez.
Los cuatro llevan meses en conflicto al interior de su partido y han tenido trayectorias disímbolas. La única que parece sumarle un capital político considerable es la actual diputada federal oriunda de la Cuenca del Papaloapan, Karina Barón Ortiz, que está a la cabeza de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP) y ha sido destapada como aspirante al Senado por al menos dos de los tres diputados locales del Partido del Trabajo (PT), y ha sido invitada al proyecto morenista por el ex abanderado al gobierno de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.
Barón Ortiz ha tomado distancia de Benjamín Robles Montoya que no acudió a la firma con López Obrador para darle su respaldo, después de que el ex candidato presidencial se negara a negociar una posible candidatura del senador por el partido Morena al gobierno oaxaqueño. Los personeros y organizaciones sociales que respaldaron en el pasado proceso electoral al abanderado petista hoy configuran su proyecto de la mano de Karina Barón, según han revelado diversas fuentes en los últimos meses, cuyo primer movimiento es hacerla abanderada de Morena.
Karina Barón también ha tenido un ascenso controvertido en la izquierda. Migró del Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de apoyar con su organización social el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, para luego ascender políticamente en la tribu perredista de Nueva Izquierda (NI) mejor conocida como “los Chuchos”, desde la cual emigraría a la iniciativa “Galileos” liderada por Guadalupe Acosta Naranjo, que promueve alianzas con el Partido Acción Nacional (PAN) y tuvo un éxito logrando la candidatura y ganar la elección a gobernador para Javier Corral en el estado de Chihuahua en 2016.
Barón Ortiz es mediáticamente la alfil aventajada de la ola de liderazgos que se le sumaron a AMLO, sobre todo porque el resto cuenta mayoritariamente con perfiles adustos.
Alejandro Aparicio Santiago es diputado local por Tlaxiaco y fue presidente del mismo municipio de 2013 a 2016, es personero del diputado perredista Sergio López Sánchez, ambos simpatizantes de Nueva Izquierda pero con ligas al mismo tiempo en Izquierda Democrática Nacional (IDN) que encabeza a nivel nacional René Bejarano.
En abril de 2014, con apenas cien días de gobierno, Aparicio Santiago ratificó como tesorera a Ubidxaa Xadanii de la Fuente, quien era esposa de uno de sus hijos, además de acusaciones documentadas en medios locales de nepotismo en primer grado, citando de principal ejemplo a Cirilo Gómez Santiago, quien se desempeñó en su gobierno como Director de Seguridad Pública.
Antonino Morales Toledo tomó protesta ante el Pleno como diputado federal, en sustitución de José Antonio Estefan Garfias, el 10 de diciembre de 2015, también fue presidente municipal de San Blas Atempa de 2014 a 2015. Desde ese año, Morales Toledo también participó con varias propuestas en la selección de candidatos por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante su asamblea distrital antes de asumir la suplencia del PRD a la diputación federal.
El ex munícipe istmeño sufrió un intento de secuestro por hombres armados a finales de 2014, y como dirigente del Frente Único de Comunidades de Oaxaca fue vinculado a agresiones contra indígenas zapotecos defensores del territorio del que se extraía material para la construcción del aeropuerto de Ixtepec, documentó la Agencia Periodística de Información Alternativa el 27 de marzo de este año.
Rey Morales Sánchez se convirtió en dirigente del PRD oaxaqueño el 27 de octubre de 2011, impulsado por el líder de la Unión Campesina Democrática (UCD), Amador Jara Cruz. Ambos, en complicidad, “regentearon” candidaturas hasta la ruptura que tuvieron culminado el proceso electoral 2016, donde Alternativa Democrática Nacional (ADN) quedó fragmentada a los intereses de ambos.
Tras la separación violenta de Rey Morales y Amador Jara, el nuevo obradorista anunció el 26 de agosto de 2016 el nacimiento de un nuevo frente al interior del PRD, avalado por su condición de Secretario de Políticas de Alternativas de Seguridad Pública del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido, cargo que poco le ha valido para el descrédito después de 17 años de operar, y constantes acusaciones de militantes perredistas de venta de candidaturas.
La izquierda como moneda de cambio
Un viejo conocido de la izquierda y los negocios que firmó también el acuerdo de unidad con el proyecto obradorista sin dejar su partido fue el ex senador por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y dueño del periódico Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, Ericel Gómez Nucamendi.
Es uno de los “gabinistas” que se integran al proyecto obradorista con la finalidad vedada de competir por Morena en las próximas elecciones de 2018 en Oaxaca. Fuentes del partido Morena lo colocan como una opción al Senado por la vía electoral y también como aspirante al gobierno municipal oaxaqueño. Nucamendi -cercano a la franquicia de MC que lidera Dante Delgado-, ha sido al mismo tiempo portavoz de la izquierda y un empresario ligado al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, de extracción priista.
El 25 de enero de 2016 Oaxaca Político público que desde el congreso local utilizó al Poder Legislativo para imponer a su sobrino Noé Lagunas Rivera como administrador municipal en San Antonio de la Cal.
El Partido del Trabajo (PT) llevó a la firma del acuerdo con Obrador a otras dos figuras también con pasado perredista o “coalicionista” y que han sabido sortear las vicisitudes de una izquierda acostumbrada a las ramificaciones y las tribus según los liderazgos en turno.
El coordinador de diputados en el Congreso oaxaqueño de ese partido, y dirigente desde 2012 del Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas, Urbanas, Pesqueras y del Transporte (FOSCUP), Jesús Romero López, hasta hace unos meses mano derecha de Benjamín Robles Montoya y anteriormente también diputado local por las siglas perredistas.
Dirige Romero López a una FOSCUP que en enero de este año sufrió la salida de 25 organizaciones enfrentadas con el senador petista. En febrero declaró: “En este momento ya no es tema de partidos políticos o de intereses mezquinos, quien crea que es cuestión de colores o cuotas está equivocado”. También anunció que no se iría del PT.
Jesús Romero López fue exhibido en enero de 2016, en un video subido a YouTube, sus vínculos políticos cercanos con el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, donde el diputado petista se presenta a sí mismo como “Charvelín”. En el video el ex gobernador priista le recuerda al ex diputado local del PRD y ahora coordinador de diputados locales del PT, las fuertes cantidades de dinero que supuestamente le dio cuando fue gobernador de la entidad, y acuerda enviarle el avión para que lo visite en Quintana Roo y negocien lo referente a alguna alianza política.
El otro petista es el actual presidente municipal de Pochutla, Víctor Cruz Vázquez, “Colirín” como es conocido en su región, y que llegó al gobierno del municipio costeño por el PT y fue diputado del Distrito Electoral VIII en 2013 por las siglas del PRD-PAN. Su capital político en la Costa ha sido la agrupación de Comunidades Unidas para el Progreso de Pochutla de la Costa y está identificado más con la derecha que con la izquierda.
Rufino Merino Zaragoza es otro de los firmantes de AMLO que fue acusado por la organización a la que perteneció de recibir 400 mil pesos mensuales en Juxtlahuaca, otro tanto en Constancia del Rosario, y de pedir en Putla una nómina para 40 personas.
Merino Zaragoza fue expulsado del Partido Unidad Popular (PUP) por incurrir en actos de corrupción y proteger a una mujer presunta participante en el crimen de su fundador y líder histórico del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, aseguró el presidente del Comité Ejecutivo de ese instituto político, Uriel Díaz Caballero.
El también secretario del Consejo Político Comunitario del MULT sostuvo que Merino Zaragoza fue echado en asamblea general por 241 de un total de 281 coordinadores y de representantes ante las denuncias de corrupción llegadas al Comité Ejecutivo de autoridades municipales de Santiago Juxtlahuaca, Constancia del Rosario y Putla de Guerrero.
La corte de Gabinistas, activistas y artistas
Luis Alfonso Silva es otro “Gabinista” que firmó el acuerdo. Fue candidato a diputado local por el distrito 14 Oaxaca Norte de la coalición conformada por PAN y PRD el año pasado. Fue coordinador del Servicio Nacional de Empleo de 2015 a 2016, y Director General de Notarías del Gobierno del estado de Oaxaca en los dos primeros años del sexenio de Gabino Cué.
El panista también se desempeñó como regidor del municipio capitalino de 2006 a 2008. Incrustado en la burocracia, Alfonso Silva fue Director de Atención Ciudadana del ayuntamiento oaxaqueño de enero de 2004 a enero de 2005.
El ex diputado panista Luis Enrique Ortega Zárate dio también su firma al proyecto obradorista. Enfrentado desde hace meses con la cúpula panista que mantiene el control en su partido, y con la actual dirigente Natividad Díaz Jiménez y el coordinador de la bancada en el Congreso local, Juan Iván Mendoza.
Ortega Zárate tomó protesta como diputado local por el distrito XIX con cabecera en Zimatlán-Ocotlán en relevo de Javier César Barroso Sánchez, quien pidió licencia para separarse del cargo el 5 de julio de 2016 al ganar la presidencia municipal de Zimatlán de Álvarez, postulado por la Coalición del PAN–PRD, por lo que Luis Ortega estuvo menos de medio año al frente del cargo.
Intentando darles presencia a representantes ciudadanos, activistas sociales y presidentas municipales indígenas, el acuerdo firmado el 18 de marzo de 2017 se extendió a liderazgos pocos conocidos y al mismo tiempo a varios que tienen bases sociales fundamentadas en los derechos humanos, la educación superior e incluso la guerrilla, con una representatividad que deberá soportar la prueba al paso del tiempo.
Adelfo Regino Montes, abogado y activista de origen mixe y ex asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es otro ex funcionario del sexenio de Gabino Cué que se sumó públicamente a López Obrador. Fue Secretario de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca y participó en los Diálogos de San Andrés Larráinzar sobre derechos y cultura indígenas, cofundó el Congreso Nacional Indígena y antes de enlistarse en la burocracia gubernamental promovió el Colegio Superior para la Educación Integral Cultural de Oaxaca.
Graciela Zavaleta Sánchez que es presidenta del Centro Regional de los Derechos Humanos Mahatma Gandhi, firmó el documento de apoyo a AMLO como activista desde el norte de Oaxaca desde hace 27 años. Su organización fue la primera en materia de defensa que existe en la entidad y es reconocida incluso desde antes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). La firma del acuerdo por la luchadora social viene precedida de una antesala familiar. Su hijo José Luis Chávez Zavaleta, dirigente de la organización Social Barzón y representante en Oaxaca de la expresión “Foro Nuevo Sol” que lidera a nivel nacional la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García, renunció oficialmente al PRD el 30 de agosto de 2016 y su nieta, Marie Claire Chávez, actual regidora del ayuntamiento de Tuxtepec, electa bajo las siglas del PT, apunta un viraje a Morena.
Eduardo Martínez Helmes, ex rector de Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), fue otro de los firmantes. Representante de la educación superior, sobre él pesa la sombra de un grupo político que ha controlado desde hace varios años el destino de la comunidad universitaria y los recursos de la máxima casa de estudios de los oaxaqueños; un grupo que incluye a toda su familia ornamental y extendida.
La promesa para AMLO: que tendrá -aunque el ya no sea el Rector- un coto de poder en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO), y todo lo que representa para la maquinaria electoral de las próximas elecciones. Promesa al fin de cuentas.
Dos mujeres de origen indígena, representantes simbólicas del poder municipal son Elsa Pérez Zepeda, Presidenta de Eloxochitlán de Flores Magón, un municipio en la región Cañada que forma parte del distrito de Teotitlán, y Austreberta Ramírez López, que se convirtió en la primera mujer en ostentar el cargo de Presidenta Municipal -el 30 de diciembre de 2016- en esta zona mixe.
Silvia Martell, actriz, cantante y directora escénica con experiencia en cine, radio, tv, doblaje y teatro, hija del reconocido compositor del famoso bolero Amor Añejo, Héctor Martell; Baltazar Gonzalo López Santos, integrante de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca A.C (UESCO) y Miguel Tejero Villacaña, Gerente General de la Coordinadora Estatal de Productores de Café del Oaxaca (CEPCO), que desde el 2011 ha propuesto la creación de un Fondo Estatal de Garantías Líquidas para otorgar créditos agropecuarios a aquellos productores, comunidades, organizaciones campesinas y sistemas producto, que actualmente carecen de apoyos.
La CNTE y la sombra de la guerrilla
El 31 de marzo de 2017 AMLO firmó otro pacto. El Acuerdo por la Transformación de la Educación de Oaxaca (ATEO) con integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Bajo su punto de vista, dicho documento sería la base para que “Oaxaca dejara de ser escenario de represión y conflicto para convertirse en el laboratorio de la transformación educativa del país”.
De facto, durante el proceso electoral que derivó en el cambio a la gubernatura, dicho respaldo se tradujo en 311 mil 257 votos para el abanderado de Morena, Salomón Jara Cruz, según la base de datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Morena es la segunda fuerza partidista en la entidad y tres representantes de la Sección 22 firmaron el acuerdo obradorista que los pone en la lista de obtener posibles candidaturas.
Gustavo Manzano Sosa fue Secretario Técnico de la Sección 22 del SNTE, gremial adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y tomó el liderazgo momentáneo ante la ausencia de los secretarios General y de Organización en 2015. Es considerado un maestro disidente y estuvo hasta el año pasado en el número 26 de la lista de integrantes del magisterio con una orden de aprehensión.
Su hermana Gloria Manzano Sosa es viuda del extinto dirigente magisterial Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, asesinado a balazos en 2011; también es hermano de Leonel Manzano Sosa, quien fue detenido en 2013 acusado de haber participado en un secuestro, y de tener ligas con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), conocido como la guerrilla en los estados de Guerrero y Oaxaca.
Del Istmo de Tehuantepec se incorporó al evento público Héctor Pineda Santiago, quien es un activista magisterial, hijo del profesor Víctor Pineda Henestrosa, mejor conocido como “Víctor Yodo”, quien desapareció en Juchitán el 11 de julio de 1978, secuestrado por elementos de las fuerzas federales cuando regresaba de un partido de béisbol para encontrarse con campesinos a quienes asesoraba para no permitir más abusos de los terratenientes de la región.
Albino Pérez Juárez, coordinador de las bases del magisterio de la Sección 22, también firmó el acuerdo social. Desde su posición, por años ha defendido una concepción igualitarista que estatutariamente es la promoción de la expansión de un campo de derechos sobre una base igualitaria en lugar de la reforma educativa que tiene reglas de incentivos basados en el mérito.
La apuesta de AMLO en Oaxaca es darle voz a reciclados, no podría ser de otra manera en una izquierda dividida y una visión de proyecto amenazado.
El candidato “inevitable” -como lo llama Denisse Dresser en la columna que publicó el 10 de abril en el periódico Reforma- hoy parece no importarle el pasado de sus seguidores, porque es capaz de perdonar la corrupción de correligionarios siempre y cuando sumen los votos necesarios para acabar con “la mafia del poder”.
Alista desde el bastión histórico de la izquierda Oaxaqueña una República amorosa solo para sus incondicionales.
