KAREN ROJAS KAUFFMANN /elmuromx.org
TUXTEPEC, Oax.- Los ataques contra las mujeres dejan huellas profundas. Cuando una mujer es violentada, varias generaciones de mujeres -entre hijas, nietas y bisnietas- trabajan sin descanso durante varios años para curarse las heridas. Algunas no llegan a contarlo.
El asesinato masivo de mujeres en México comenzó a visibilizarse en 1993 en Ciudad Juárez, pero pasaron más de 20 años para que se tipificara como feminicidio el asesinato de mujeres y niñas por razón de género.
Con un panorama de 7 estados con Alerta de Violencia de Género (AVG) y 14 más con solicitudes en proceso, México es un terreno sitiado, un campo minado para las mujeres que a diario cobra la vida de 7 y otras tantas que, “con mejor suerte”, son reportadas como desaparecidas.
En este fuego cruzado, el combate cara a cara contra los cárteles de la droga emprendido por el ex presidente Felipe Calderón a finales de 2006 incrementó los índices de violencia a niveles inhumanos, casi salvajes, y transformó a las mujeres mexicanas en el botín de guerra.
Según un artículo publicado por la Revista Forbes, los crímenes de mujeres en México aumentaron entre 2007 y 2012 a medida que los grandes grupos delictivos fueron expandiendo sus operaciones. Al respecto, la representante legal de ONU Mujeres, la entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la igualdad de Género y Empoderamiento de la mujer en México, Ana Güezmez, dijo que “en situaciones de crimen organizado como es el caso de México y Centroamérica, se intensifican las formas de violencia pública contra las mujeres aun cuando la “guerra” baja de intensidad o termina”.
Las cifras coinciden con el informe de Asesinatos de Mujeres en México(1) realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el cual sostiene que entre 2007 y 2012 la violencia homicida contra niñas y mujeres repuntó alrededor de 155% pues de 1,083 víctimas en 2007 pasamos a 2,764 en 2012, casi 1,681 asesinatos más.
La investigación señala que este aumento drástico se produce “en el periodo de mayor violencia e inseguridad en el país, producto de los enfrentamientos entre las organizaciones criminales y entre estas y las fuerzas de seguridad.
Es posible suponer que en un contexto de enfrentamientos constantes, los riesgos de las mujeres a ser víctimas de violencia tanto en el hogar como en el espacio público se incrementen, aunque no pueda precisarse si los principales móviles de estos homicidios estén relacionados con el género”; sin embargo, es evidente que en los años de mayor violencia social los crímenes contra las mujeres se incrementaron dramáticamente y hoy nadie puede negar que la guerra contra el narco ha impactado profundamente y de maneras nunca antes vistas en la vida de las mujeres.(2)
La estadística: Oaxaca, un estado sitiado
Para las mujeres del estado de Oaxaca el gobierno de Gabino Cué fue especialmente cruento. Desde 2004 distintas organizaciones civiles han documentado y sistematizado la violencia contra las mujeres y todas concluyen que la violencia machista es un “fenómeno que trastoca y afecta todos los grupos y sectores de la sociedad, y que se expresa en múltiples formas, algunas tajantes y visibles y muchas otras sutiles y silenciadas”.
El reporte ciudadano ¿Dónde está la esperanza? Miradas sobre la violencia feminicida y los feminicidios en Oaxaca durante el gobierno de Gabino Cué (2010-2016) del Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, en coordinación con 42 asociaciones feministas, reveló que en los seis años que duró la administración fatídica 2 mil 532 mujeres sufrieron algún tipo de agresión feminicida(3).
Según el informe –donde los datos fueron recabados hemerográficamente, lo que implicaría que son casos que no necesariamente fueron denunciados y atendidos por las autoridades competentes-, las tendencias regionales de violencia en el estado arrojaron los siguientes datos:
- 35 agresiones ocurrieron en Cañada;
- 263 en la Cuenca del Papaloapan;
- 179 en Costa;
- 269 en Mixteca,
- 96 en Sierra Sur;
- 1,197 en Valles Centrales,
- 144 en Istmo;
- 29 en Sierra Norte
- y en 320 casos no se pudo determinar la procedencia.
El estudio contempló como categorías el feminicidio, violencia intrafamiliar, violencia sexual, desapariciones forzadas y suicidios.
En Tuxtepec, a 218 km de la ciudad de Oaxaca, y a poco menos de 60 kilómetros de las ciudades de Tierra Blanca y Cosamaloapan, Veracruz, sobre la Cuenca del Papaloapan, las cosas no son muy diferentes. En los últimos seis años las dos ciudades veracruzanas y Loma Bonita, en Oaxaca, han sido azotadas por el crimen organizado, de hecho, en el último año han cobrado notoriedad internacional por los hallazgos de fosas clandestinas. El contexto cobra relevancia pues la cercanía geográfica de Tuxtepec con estas tres ciudades es aprovechada por los perpetradores para desaparecer las evidencias –en territorio oaxaqueño- de los crímenes consumados en Veracruz.
La Agente del Ministerio Público, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género en Tuxtepec, Sandra Nereida Fernández Alviter, aseguró que han recibido alrededor de 140 denuncias solo de delitos sexuales y violencia familiar de enero a la fecha, 60% de las cuales, dijo, ya lograron judicializarse, aunque no reveló cuántos de esos casos ya fueron resueltos.
En marzo de 2016, Graciela Zavaleta Sánchez, responsable de la Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, en colaboración con estudiantes del Centro Universitario de Estudios Tuxtepec (UNI), presentaron una investigación que da cuenta sobre la realidad de la violencia contra las mujeres en la Cuenca del Papaloapan especialmente en la región de Tuxtepec.
El informe apuntó que sólo en los meses de enero y febrero de aquel año se habían registrado 18 asesinatos, de los cuales, 12 estaban reconocidos como feminicidios por parte de la Fiscalía General del Estado, cifras que según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se consideran suficientes para la exigencia de una declaratoria de alerta de género(4) en el estado.
Sin embargo, y a decir de la entonces responsable de la Fiscalía Estatal de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Iliana Araceli Hernández Gómez, -según documentó el periodista Pedro Matías en la Revista Proceso– “en la entidad no puede declararse la Alerta de Género porque no hay asesinos seriales, ni desapariciones por la presencia de la delincuencia organizada”, a pesar de los 477 feminicidios y 174 desapariciones forzadas que el Consorcio Oaxaca reportó solo durante el sexenio de Gabino Cué.
Lo que puso en evidencia que, mientras durara su administración, Hernández Gómez no estaría dispuesta a hacer del conocimiento público ni los motivos de violencia de género contra las mujeres en Oaxaca, ni los detalles sobre las zonas territoriales donde son más urgente las medidas a implementar.
Mientras tanto, en Tuxtepec, la Fiscalía trabaja a marchas forzadas, con 4 agentes del Ministerio Público, 2 jefas del departamento de apoyo y 1 psicóloga, para cubrir las denuncias de los municipios de Ayotzintepec, Cosoapa, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San José Chiltepec, San José Independencia, San Lucas Ojitlán, San Pedro Ixcatlán, Santa María Jacatepec, San Juan Bautista Valle Nacional, Loma Bonita, María Lombardo, San Juan Comaltepec, San Juan Lalana, San Juan Petlapa, Santiago Choapam, Santiago Jocotepec y Santiago Yaveo, entre los más recurrentes.
La deuda
El Artículo 26 de la Constitución política garantiza que ante la violencia feminicida el Estado deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El artículo es categórico también cuando asegura el derecho a la justicia pronta, imparcial y expedita, lo que implica que ante alguna presunción de violencia machista, el Estado está obligado a investigar -de forma rápida y efectiva- las violaciones a los derechos de las mujeres, y sancionar a los responsables.
El artículo se compromete además a la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron a la violación de los derechos humanos de las víctimas; sin embargo, cualquiera de las garantías anteriores en Oaxaca es objetable.
De hecho, para las organizaciones firmantes del reporte ciudadano ¿Dónde está la esperanza?, la afirmación de que Gabino Cué llegó al poder después de 80 años de dictadura priista con el respaldo de una ciudadanía que apostó por la alternancia y que movida por la promesa de iniciar la transición a una sociedad más justa –y con compromisos de campaña que incluían la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres-, es cierta. La pretensión de erradicar cualquier manifestación machista en agravio de las mujeres oaxaqueñas, fue en realidad un blof mediático, una fanfarronada política que derivó en el colapso de acciones públicas contundentes, que aunadas a la insensibilidad de género en la planeación presupuestal –con recortes graves a las pocas iniciativas aplicadas en seis años-, paralizó cualquier intención de contención de la violencia feminicida en Oaxaca.
Dos mujeres cada quince días
A 100 días de que Alejandro Murat Hinojosa asumió la gubernatura del estado de Oaxaca, la promesa de erradicar la violencia contra las mujeres parece lejana. Según la nueva titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, RosarioVillalobos Rueda, en el primer trimestre de gobierno, 21 mujeres fueron asesinadas, 752 más sufrieron violencia intrafamiliar y 145 reportaron algún abuso de tipo sexual.
Reveló Villalobos Rueda que el índice de agresiones cometidas contra las mujeres en comparación con los últimos tres meses de Gabino Cué registraron una disminución del 26.7 %. Sin embargo, lo que no dijo la nueva fiscal fue que en comparación con el 2011 –todo el primer año del gobierno Gabinista– se cometieron 501 abusos más de violencia intrafamiliar y 38 de tipo sexual sólo en los tres primeros meses de la administración de Murat.
En Tuxtepec, el gobierno Davilista, “ha dejado claro que asume plenamente su obligación de instrumentar y articular políticas públicas orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres”, según puede leerse en un boletín oficial donde se anunciaron una serie de conferencias organizadas por el área de Seguridad Pública denominadas Mujer, canto y amor con estudiantes de bachillerato. Entre las acciones emprendidas por el gobierno de Fernando Bautista Dávila en los primeros 100 días de su administración están la inauguración del Instituto Municipal de la Mujer, que hasta ahora, y bajo la dirección de Concepción San Juan, sólo ha realizado 54 pruebas de Papanicolau entre sus actividades más sobresalientes.
Recientemente además, el DIF llevó a cabo una mesa de trabajo con áreas e instituciones involucradas en la atención y prevención de la violencia machista.
Ante las prácticas limitadas y desarticuladas de las administraciones involucradas, el panorama para las mujeres en Oaxaca no es muy halagüeño. Primero porque la posibilidad de que en el estado se declare la alerta de género es casi inexistente, pese a la gravedad de los hechos. Después, porque las políticas públicas con perspectiva de género son pobres y poco operativas –con nulos mecanismos de evaluación, seguimiento e impacto-.
Desde este lado, lo importante es la memoria. No bajar la guardia. Insistir en las demandas. Acompañarnos. Unidas siempre seremos más fuertes que estando solas.
PARA SABER MÁS / LINKOGRAFÍA
(*)
(2) Para abundar en el tema puede leer: Mujeres, narco y violencia: resultados de una guerra fallida. http://www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v26nespecial4/v26nespecial4a5.pdf
(3) Según el Artículo 21 de la Constitución Mexicana la Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
(4) Según el Artículo 23 de la Constitución Mexicana, la Alerta de Violencia de Género tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, cesar la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos por lo que deberá implementar acciones preventivas de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida, elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres.
