Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitió una Alerta Temprana por la situación de alto riesgo que enfrentan indígenas zapotecas de Unión Hidalgo que se oponen a megaproyectos de energía eólica.
Y es que defensoras y defensores de derechos humanos de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, han sido expuestos a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas en el ejercicio de la defensa de la tierra, el territorio y bienes naturales.
La alerta temprana, mecanismo previsto en la Ley de la Defensoría, está dirigida a las principales autoridades del Estado, para que cumplan con promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de defensores comunitarios y de toda la comunidad de Unión Hidalgo.
La Defensoría solicitó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a la Secretaría General de Gobierno (Segego); a la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semadeso); a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y a la de Asuntos Indígenas (SAI), así como a la autoridad municipal de Unión Hidalgo, que se implementen acciones eficaces para la atención integral y la salvaguarda de los derechos humanos de las personas y pueblos indígenas.
La Defensoría consideró que en el contexto de la violencia e inseguridad en el que realizan su labor las personas defensoras de derechos humanos de Unión Hidalgo, es necesario prevenir, a través de recomendaciones, las posibles violaciones masivas de derechos humanos en los contextos de conflicto y amenazas de impacto social.
Y es que con la promoción del corredor eolo-eléctrico del Istmo de Tehuantepec -como principal generador de energía eólica en las últimas dos décadas-, se han implementado diversos proyectos en la región, incluyendo el de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), filial de la empresa Renovalia Energy, que se instaló en la comunidad de Unión Hidalgo sin el consentimiento, libre, previo e informado de la comunidad indígena zapoteca.
Este hecho generó que se emprendieran acciones legales en defensa de sus derechos a la tierra, territorio y bienes naturales en contra de los megaproyectos eólicos que han violado diversos derechos sociales, económicos y culturales reconocidos constitucional y convencionalmente.
A raíz de la instalación de la empresa DEMEX, la comunidad de Unión Hidalgo se erigió como defensora de derechos humanos al interponer un recurso legal para salvaguardar su territorio.
La situación de inseguridad para el ejercicio de la defensa de derechos humanos no ha variado en la comunidad, pues a partir de los diversos medios jurisdiccionales promovidos la comunidad tuvo conocimiento de la implementación de un nuevo proyecto a instalarse en la comunidad.
Se trata de la central eolo-eléctrica denominada “Gunaa Sicarú”, propiedad de la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional francesa EDF.
Esta situación, desencadenó una serie de acciones judiciales y extrajudiciales por parte de los defensores comunitarios de Unión Hidalgo, por considerar que el Estado ha cometido violaciones a derechos humanos por la omisión de garantizar el respeto a los principios que debe satisfacer un proceso de consulta indígena, de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y en condiciones apropiadas.
La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares a fin de que la Secretaría de Energía -a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial- suspenda el procedimiento de consulta convocada para el pasado 11 de abril, así como el otorgamiento de las suspensiones provisionales y definitivas por parte del Juzgado Primero de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de la consulta y sobre la suspensión de la construcción de la central Gunaa Sicarú.
Ante la determinación de dichas autoridades de suspender la consulta, la Defensoría documentó el incremento de inseguridad que han sufrido los defensores de derechos humanos por los resultados obtenidos durante el movimiento de defensa, particularmente las suspensiones del procedimiento de consulta indígena, otorgadas por la Jueza Elizabeth Franco Cervantes.
A esto hay que agregarle que los plebiscitos electorales y la reconstrucción de la comunidad después de los sismos de septiembre del 2017 (y posteriores) que han ocasionado que la comunidad se encuentre vulnerable, lo cual ha llevado a que la propia Defensoría haya otorgado medidas cautelares a efecto de que la Policía Estatal realizara recorridos de seguridad en Unión Hidalgo, con la finalidad de evitar agresiones hacia defensores comunitarios y hacia la propia comunidad.
