Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx).- La presidenta de la Comisión Instructora, María de Jesús Melgar Vásquez, confirmó que el Congreso del Estado recibió una solicitud de juicio político en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Bolaños Cacho Guzmán.
Y es que el abogado Rafael García Zavaleta hoy busca actuación contra el titular del Poder Judicial del Estado, porque presuntamente un juez de distrito le sobreseyó un juicio del litigante.
García Zavaleta ha sido despedido de dependencias y órganos autónomos, presuntamente por conflictos de intereses.
En el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), ha entablado litigios en los que ha logrado arrebatarles cantidades que van desde los 2 a los 4 millones de pesos.
Por lo pronto, el litigante ha acusado a Bolaños Cacho Guzmán de incurrir en usurpación de funciones al haber aceptado el cargo que ostenta siete años después de haberse jubilado.
Por ello, pide que sea separado de su función e inhabilitado “de manera permanente para no desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.
En tanto, Melgar Vázquez confirmó que García Zavaleta ratificó este martes su demanda de Juicio Político.
No obstante, aclaró que no puede afirmar si procede o no, porque tiene que analizarse y dar el cauce legal.
“Se le dio entrada, pero no podemos decir si procede o no”, atajó, cautelosa, pero aseguró que se dará el debido proceso a la demanda de juicio político contra Bolaños Cacho Guzmán.
En tanto, García Zavaleta afirma que Bolaños Cacho “se autonombró” magistrado del TSJE y simuló ser magistrado para que se le nombrara Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, con lo que incurrió “en violaciones graves” a las disposiciones de la Constitución de México, de la Constitución Política de Oaxaca y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Y es que el 1 de enero de 2010 comenzó a gozar de su jubilación como magistrado, por lo que a partir de ese momento, según lo dispuesto por el artículo tercero fracción tercera de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, se convirtió en “una simple persona particular”.
Sostuvo que Bolaños Cacho debió esperar una convocatoria de selección de aspirantes emitida por el Tribunal Superior, posteriormente, cumplir con una serie de requisitos y exámenes ante el Consejo de la Judicatura, además de integrar una sala durante un periodo mínimo de tres años.
En la actualidad, existen otros dos procedimientos que caminan de manera paralela con la petición de juicio político: un amparo promovido ante la justicia federal que se encuentra en etapa de revisión, tras un sobreseimiento decretado por un Juez de Distrito.
Así como un proceso de recusación para que la Fiscalía General del Estado investigue de manera directa las presuntas irregularidades en las que habría incurrido Bolaños tras asumir su cargo.
