Pedro Matías

06/diciembre/2018

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- En medio de denuncias, incumplimiento de amparos y una solicitud de juicio político en su contra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, renunció al cargo y fue sustituido por la magistrada María Elena Villanueva Abraham.

Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia designó a la magistrada María Eugenia Villanueva Abraján, como Presidenta Interina de ese órgano colegiado y del Consejo de la Judicatura, que la convierte en la primera mujer en ocupar ese cargo desde 1824 en que se constituyó esta institución del Poder Judicial.

En la Sesión Ordinaria los magistrados conocieron el oficio de renuncia de Bolaños Cacho Guzmán a la presidencia interina del Poder Judicial del Estado, al cumplirse su mandato constitucional de 8 años, y su reincorporación como magistrado jubilado.

De igual forma, se dio a conocer la renuncia definitiva del magistrado Alfredo Lagunas Rivera a la presidencia del TSJE, y al pleno de la Judicatura, lo cual fue aprobado por los magistrados.

Al conocer de la renuncia, el doctor en derecho Rafael García Zavaleta, quien promovió un juicio político contra Bolaños Cacho Guzmán en la cámara de diputados y una demanda de amparo en el Poder Judicial de la Federación por el delito de “ejercicio indebido de funciones, dijo que continuará los trámites para que sea inhabilitado.

Hizo hincapié que también presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción, el 13 de septiembre de 2017, contra de Bolaños Cacho Guzmán, sin embargo, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, “paro el tema”.

Consideró que la renuncia “no es suficiente. No me apellido López Obrador, conmigo ni perdón ni olvido. Ya hizo lo que quiso con el viejo (José) Murat y continuaré con el juicio político que volví a presentar hace 10 días en la LXIV legislatura porque quedaré conforme hasta su inhabilitación”.

Insistió en que “la justicia en Oaxaca no solo esta vendada de los ojos sino amarrada de las manos porque con Bolaños Cacho Guzmán se permitió que se violaran las leyes y se rompió el equilibrio de poderes”.

Recalcó que en este caso hay responsabilidad del poder Legislativo por omisión de los diputados y del propio Ejecutivo porque el gobernador Alejandro Murat Hinojosa por no hacer no hacer valer las facultades que tiene al permitir que el 13 de marzo de 2017, Bolaños Cacho Guzmán haya sido impuesto como presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Recordó que el 4 agosto de 2017 dieron a conocer una carta abierta donde denuncia que “el nombramiento ilegal del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, es una barbaridad cometida por el pleno”.

Y “si bien su renuncia no resuelve la ilegalidad cometida con su designación, al menos sí se despeja el camino para que sea el imperio de la ley el que regrese al Tribunal y en general al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, retornando a su independencia, autonomía, libertad y restaurado el roto equilibrio de poderes que, de por sí delicado, fue humillado y roto por Raúl Bolaños Cacho Guzmán”.

Cacho Guzmán, quien el 11 de diciembre de 2009 se le autorizó su petición de jubilación de forma voluntaria como magistrado, regresó como presidente interino el 13 de marzo de 2017.

El polémico Bolaños Cacho Guzmán también enfrentó una acusación de los propios magistrados que le exigieron transparentar alrededor de 70 millones de pesos que retiró, sin su consentimiento, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenidos a los trabajadores correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014.

De igual forma entabló un litigio con el Consejo de la Judicatura que llegó a los tribunales y en agosto pasado el Juzgado Décimo Primero de Distrito concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto promovido por 12 magistrados contra actos del Poder Ejecutivo estatal y de la LXIII Legislatura local para desaparecer el Consejo de la Judicatura (CJ).

Y es que el pasado 31 de julio, el Congreso local aprobó el decreto 1539 (publicado el 1 de agosto en el Periódico Oficial) que desaparece el Consejo de la Judicatura y crea la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

Al final, el poder judicial federal precisó que el Consejo de la Judicatura no puede desaparecer y, además, la Junta de Administración no puede operar hasta que el juez analice la constitucionalidad y legalidad de la reforma. El pleito continúa.

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