La periodista Lydia Cacho Ribeiro acerca su Ipad al micrófono. Una voz aguardentosa se escucha. “¡Mi Gober Precioso!” Y enseguida la respuesta: “¡Mi héroe, chingao!”.
Son el empresario Kamel Nacif y el entonces gobernador de Puebla Mario Marín. La conversación ocurrió en diciembre de 2005, horas después que un juez ordenó la prisión preventiva contra la periodista.
En la Secretaría de Gobernación, donde se realizó la ceremonia donde el Estado mexicano ofreció disculpas a la periodista, Lydia Cacho recordó el polémico diálogo antes de empezar su intervención ante el público.
Sigue la plática. “Ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona”, dice el Gober Precioso. “Que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta”.
El mensaje fue una detención arbitraria en la casa de Cacho Ribeiro en Cancún, y su traslado por tierra hasta Puebla. En el camino sufrió tortura psicológica.
Fue el inicio de uno de los casos más polémicos contra la libertad de expresión en México, que este jueves 10 de enero cerró un capítulo.
La disculpa es la respuesta del gobierno ante un dictamen emitido el pasado 17 de julio por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el cual se reconocieron que estas violaciones estaban encaminadas a silenciar el trabajo periodístico de Lydia.
De acuerdo con Leopoldo Maldonado, subdirector de la organización Artículo 19 y uno de los responsables de llevar el caso de la periodista, aseguró que esta disculpa no debe ser tomada como el fin del caso, sino como un punto de partida para la defensa de la libertad de expresión en México.
“Para Lydia es un primer paso para la reparación y un acto simbólico que ayuda a resarcir. Es empezar a trabajar para que efectivamente todos los responsables estén sujetos a proceso y sean sancionados; para que se despenalicen los delitos contra el honor y para que se adopten medidas puntuales que protejan la libertad de expresión. Este es un banderazo de salida, no un banderazo de llegada.”
Entre aplausos calurosos y caras amigas Lydia habló de la batalla más grande que ha enfrentado: mantenerse viva a contracorriente de las acciones de altos mandos de gobierno y exigió que el Estado cumpla con todas las víctimas en su búsqueda por la justicia, no sólo con ella:
“Queremos a todos y cada uno de los autores intelectuales bajo juicio; queremos que nos demuestren que las valientes mujeres de Atenco recibirán justicia; que las madres y padres de las víctimas, de los niños, de la guardería ABC que han vivido bajo tratos inhumanos por parte del Estado reciban justicia. No, no lo pedimos, lo exigimos. Porque así lo hemos hecho desde hace décadas.
Durante el evento, el subsecretario de derechos humanos, población y migración Alejandro Encinas fue el encargado de leer el discurso de disculpa del Estado:
“Le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia, por parte de la autoridad. Por la utilización de tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes”.
El subsecretario de Derechos Humanos también dijo que investigar los delitos en contra de la libertad de prensa es un compromiso que adquiere el Estado, al igual que el de la reparación integral de los daños que causan esos delitos y el de implementar medidas de no repetición para que ningún periodista pasé por lo mismo.
Sin embargo ninguna autoridad mencionó qué medidas tomarán o qué harán para lograrlo.
Ésta es la primera vez en la historia del país en la que el gobierno emite una disculpa pública a algún periodista por actos en su contra. México es uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión donde, según datos de la organización Artículo 19, del año 2000 a la fecha han asesinado 130 periodistas.
En 2004 Lydia Cacho publicó “Los demonios del Edén”, investigación que destapó una red prostitución y explotación infantil en la que funcionarios públicos estaban involucrados. Un año después fue detenida arbitrariamente y torturada por el gobierno del entonces gobernador de Puebla: Mario Marín, por “el delito de difamación y calumnia”, a partir de una denuncia del empresario Kamel Nacif.
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