Hace 13 años, los campesinos indígenas de 16 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca decidieron construir obras de captación de lluvia. La escasez de agua en la región, provocada por la agricultura de tipo industrial, los estaba dejando sin medios para sobrevivir. Hoy sus retenes, hoyas y pozos de absorción suman más de 300. Con esa infraestructura propia han logrado recuperar el acuífero. Pero el marco regulatorio vigente les impide usar el agua con libertad para su principal actividad: la agricultura de subsistencia.
Desde septiembre de 1967 existe un decreto de veda para los Valles Centrales de Oaxaca, que impide el libre aprovechamiento de los pozos de la región si no se cuenta con un título de concesión expedido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Cada concesión permite sólo un cierto volumen de metros cúbicos para uso agrícola. Si se excede ese consumo, hay que pagar multas por hasta 24 mil pesos.
Las 16 comunidades se agruparon en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA) e interpusieron un amparo para pedir la modificación del decreto. Para ellos contar con el líquido no es una cuestión de lucro sino de supervivencia. Un tribunal federal les concedió el derecho de que el Estado los consultara sobre el manejo y aprovechamiento del agua.
El proceso de consulta se prolongó. Llevaba más de cuatro años cuando se suspendió, en el último semestre de la administración anterior, “porque había discordancia entre la propuesta de la COPUDA y la respuesta del Gobierno”, explica en entrevista Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Ahora el gobierno actual se ha comprometido a reactivarlo. “Si la propuesta avanza, en cinco meses se podría concluir”, afirma Aguilar Ortiz.
El proceso de consulta tiene cinco fases, de las cuales tres se desahogaron en la anterior administración: acuerdos previos, informativa y deliberativa. Las que faltan por concluir son consulta, y de seguimiento y verificación.
“Las tres primeras etapas avanzaron porque fueron más acuerdos y reuniones entre las comunidades. Hubo apoyo de varias organizaciones para realizarlas y hasta del gobierno estatal. Cuando llegó la fase en la que la administración federal ya debía participar activamente, las reuniones fracasaron porque las autoridades llegaban con pilas de documentos que no tenían nada que ver con la propuesta de la COPUDA (elaborada en las fases anteriores)”, explica Rodrigo Galindo, gerente de Programas de Oxfam México, organización que acompaña a las comunidades de los Valles Centrales.
El investigador dice que ahora ven buena voluntad de las nuevas autoridades. “Se está retomando un modelo de gestión que podría establecer un precedente normativo”.
Veda de agua para los campesinos
En 2005 empezó en los Valles Centrales de Oaxaca una fuerte sequía que se prologó por tres años. La causa principal de eso, señala Galindo, fue la disecasión de las ciénagas por la ampliación de la frontera agrícola industrial.
Los campesinos hicieron entonces un arenero, un pozo de dos anillos de 90 centímetros hecho con concreto, arena y grava, que funciona a manera de filtro donde se quedan los residuos del agua de lluvia mientras que ésta pasa por un tubo conectado a un pozo de absorción. Luego planearon las hoyas y finalmente los retenes, con los que recolectan el agua para poder realizar su trabajo diario: el de la agricultura. Pero pronto descubrieron que no podrían usar su agua con libertad.
El entonces presidente Gustavo Diaz Ordaz emitió, en 1967, un decreto que afecta a los campesinos de Etla, Tlacolula, Zimatlán y Ocotlán. Las 16 comunidades, que se agruparon para iniciar la lucha por la defensa del líquido, se quejaron de que los metros cúbicos permitidos en cada concesión no alcanzaba para mantener las siembras, lo que estaba generando escasez de trabajo y migración en la zona.
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