Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- “No sé si sea político, pero sí fue mediático, como que querían sangre en el circo y agarraron al primero que pasó”, afirmó Carlos Moreno Alcántara, ex titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) -hoy Secretaría de la Movilidad (Semovi)-, durante el sexenio del gobernador Gabino Cué Monteagudo, quien, después de ocho meses en prisión el juez concluyó que no es imputado en el delito de tráfico de concesiones.
Ahora, el ex líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN) valora denunciar al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa de daño moral, pero en tanto lo que sí exigirá es una denuncia pública, “no como un capricho de mi parte, solamente quiero que se limpie mi nombre antes de pensar en compensaciones”.
Moreno Alcántara fue detenido el 21 de noviembre de 2017 acusado del delito de tráfico de concesiones cuyo daño patrimonial asciende a 5.8 millones de pesos, al otorgar 502 concesiones sin el pago correspondiente, y el martes 24 de julio de 2018 fue puesto en libertad mediante un amparo con una garantía de 15 mil pesos.
Sin embargo, el pasado 30 de enero de 2019, el juez federal consideró que “no hay elementos suficientes para procesarme y, dos, que este es un asunto de orden administrativo”, explicó el ex diputado.
Al preguntarle ¿Dónde están esos 5.8 millones de pesos?, su respuesta fue directa:
“Pregúntenle a la Secretaría de Finanzas. Es más ya le preguntaron a los bancos y no han dado respuesta”.
Y aclaró: “A mí no me están imputando que yo me quedé con ese dinero, están diciendo que entregaste (concesiones) sin pago y yo dije ahí está el recibo de pago, pero dicen, no aparece el dinero, señores eso ya no es mi problema, ya no es mi responsabilidad y así lo consideró el juez”.
Y “otra cosa muy importante y fundamental es que se habla de 5.8 millones de pesos pero nunca se dice, porque no sucedió, que haya ingresado a una cuenta que yo manejé o manejó la Sevitra, nunca se dice que yo haya desviado recursos y nunca se dice, mucho menos, que yo me haya quedado con ese dinero y que ni siquiera lo toqué”.
“Lo que está en controversia es que a decir del Ministerio Público primero debí haber esperado a que validarían, a que me cerciorara a que el dinero haya caído en Finanzas porque en Finanzas no está y no pudiste haber firmado algún título hasta que no esté seguro del pago”.
“Nosotros lo que decimos, en los términos del 73 de la Ley de Transporte, y 97 de su reglamento, nos dice que solicitud, estudios de factibilidad, convocatoria, recepción de documentos, acta de cierre, elaboración del titulo, ello implica la firma, y después el pago del título y después entrega del título”.
Lo que significa que “nosotros nunca trabajamos con dinero, trabajamos con recibo de pagos y, ojo, el Ministerio Público acepta que todos los recibos existen, que los recibos de pago están, lo que no le aparece a Finanzas es el dinero, la pregunta es ¿Y yo qué tengo que ver con Finanzas? y yo que tengo qué ver con el dinero si al final de cuentas yo lo que necesita para entregar un título era un comprobante o recibo de pago sellado.
Por consiguiente, considera que fueron violadas sus garantías individuales desde el momento que solicitaron una prisión preventiva en su contra y haberlo encarcelado durante 8 meses en el penal de Ixcotel.
Explicó que este “no es un asunto personal sino institucional. El MP solicitó indebidamente una prisión preventiva y se la otorgó un juez de la causa, esa es una violación de Derecho y eso lo dijo el Juez de Distrito por conducto del amparo y que fue ratificado por el Tribunal Colegiado de Circuito”.
Entonces, “la violación a mi derecho fue la prisión preventiva que no era necesaria, que no debió haber sido oficiosa, que se dio en términos irregulares, como lo dijo el amparo. El que me llamen a juicio o a cuentas en la Contraloría e, incluso en la Fiscalía, no lo considero como violación sino como una responsabilidad de mi parte acudir a rendir cuentas, lo que sí es una violación fue la prisión preventiva a petición de parte que no era necesaria y que el juez de amparo la declaró inconstitucional”.
Se le insistió en que si considera que su caso fue político a lo que respondió que “si así fuera, si fue una situación de orden político, sería muy grave para las instituciones, pero sí está muy raro, te agarran antes del proceso electoral y te sueltan ya que pasó. Y si por ahí le sueltas que no andabas tan mal en una encuesta, ya me hace pensar mal”.
“Objetivamente ahí están las pruebas, procedimientos y resultados. Y, subjetivamente, sí lo creo (que hubo un asunto político en su detención)”, puntualizó.
En cuanto al nuevo sistema penal dijo que “no falla el sistema, lo que fallan son los operadores, se exceden. Ahí está que cuando aplican el sistema de manera incorrecta me manda a prisión preventiva, me la paso 8 meses y hay una imputación indebida. Pero cuando por virtud de una sentencia de amparo confirmada por un tribunal resalta que no me vinculan a proceso”.
Considera que “con los elementos que presentó el MP no hay una posibilidad de someterme a un procedimiento, esa es la realidad que plantea el juez”.
“Lo que sí puede hacer el MP es apelar o que se le regrese la carpeta de investigación para que perfeccione y siga viendo la investigación y si tiene más elementos podría hacer otra imputación, pero lo que no puede hacer -bajo ninguna circunstancia- es decir no hay estudios de factibilidad cuando ya se acreditaron que están, que no hay convocatorias cuando ya se acreditaron que ahí están, o sea de todos los faltantes ya están absolutamente acreditados, en la audiencia constitucional para resolver la situación jurídica y en la controlaría por eso el juez considera como que ya está solventado esto y la valoración se tiene que hacer en el ámbito administrativo no es del ámbito penal”, finalizó.
