Emite recomendación a la Secretaría General de Gobierno estatal para que establezca sanciones a servidores públicos estatales que atentaron contra Rocío Gallegos, se encargue de reparar el daño e inscriba a la informadora en el registro estatal de víctimas

Este texto fue publicado originalmente en La Verdad de Juárez, medio integrante de la alianza de medios Tejiendo Redes, de la Red de Periodistas de A Pie

Ciudad Juárez– La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua determinó que hay evidencias suficientes para acreditar la violación al derecho a la libertad de expresión de la periodista Rocío Gallegos, por parte de servidores público del Gobierno del Estado de Chihuahua, en hechos ocurridos en noviembre del 2017.

Así quedó asentado en la recomendación número 36/2019 emitida el pasado 17 de abril y firmada por el aún presidente del organismo José Luis Armendáriz González.

El documento, uno de los últimos firmados por Armendáriz –quien entregó la presidencia del organismo el 22 de abril– se dirigió al secretario General de Gobierno, Sergio César Alejandro Jáuregui a quien pide que instaure procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que hayan intervenido en los hechos denunciados por la periodista y en su caso impongan las sanciones que en derecho corresponden.

También pide reparar de manera integral el daño a la periodista, que la inscriba en el Registro Estatal de Víctimas y se someta ante el Comité del Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas del estado la propuesta de capacitar a los servidores públicos sobre el respeto al trabajo de los periodistas y la importancia de la libertad de expresión.

Tras conocer la resolución, la periodista Rocío Gallegos, directora del sitio La Verdad, Periodismo de Investigación, dijo que es un gran logro para el periodismo, con el que se sienta un precedente en un hecho en el que estuvieron involucrados funcionarios del estado de Chihuahua, quienes a través de sitios digitales y redes activaron una campaña en mi contra, me acusaron de generar un daño social a través del periodismo.

A través de eso sitios digitales, entre los que estuvieron las cuentas del propio gobernador Javier Corral, se atentó en contra de mi libertad de expresión y el derecho a saber de la ciudadanía, agregó Gallegos, quien en ese entonces se desempeñaba como directora editorial de El Diario de Juárez, empresa a la que renunció el 18 de febrero del 2018.

Gallegos dijo que lo único lamentable es que el propio estado es quien debe determinar sanciones contra sus propios funcionarios.

Los hechos que desataron la queja de la periodista ante el organismo derechohumanista se registraron el 9 de noviembre del 2017.

En ese entonces, tras la publicación de una nota sobre un video donde se le acusa de proteger a un presunto narcotraficante, el gobernador Javier Corral Jurado, publicó en su página personal un artículo de opinión con señalamientos en contra de la periodista Rocío Gallegos.

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