OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo (UCIZONI), Dagoberto Toribio, presentó hoy una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las “consultas” amañadas para “la aceptación del megaproyecto corredor transistmico a cambio de recibir programas sociales”.
En la queja señaló que las consultas realizadas en marzo y agosto del 2019 se llevaron a cabo sin cumplir los mínimos estándares establecidos, es decir, “no fue previa y no fue libre”.
Los inconformes consideran que la Secretaría de Hacienda (SHyCP), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ( INPI) y la Procuraduría Agraria violaron los derechos a la consulta y a la información de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec.
Mencionaron que la información fue insuficiente y sesgada, no fue previa y no fue libre pues se indujo la aceptación del megaproyecto corredor transistmico a cambio de recibir programas sociales.
Razón por la que la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI decidió presentar la queja ante la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra y al Cuarto Visitador, Joaquín Aguilar.
Ahora, los inconformes esperan que la actuación de ambos funcionarios de la CNDH sea independiente e imparcial.
A su vez, la dirigente de Ucizoni, Juana Ramírez Villegas, resaltó que los pueblos indígenas hayan sido informados de las afectaciones que traerá el megaproyecto en el Istmo de Tehuantepec.
Cabe recordar que en julio de 2019, los indígenas mixes Juana Inés Ramírez Villegas, Dagoberto Toribio Severo, Raúl Martínez de Jesús y Rubicela Toribio Zacarías presentaron una demanda de amparo indirecto contra el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
La demanda, presentada ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, es contra la “ilegal” convocatoria a las Asambleas Regionales Consultivas y el protocolo para el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades del Istmo de Tehuantepec.
Los indígenas señalaron como autoridades responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber ordenado el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, acusado de “omisión”, porque no veló por los intereses y derechos de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directa o indirectamente.
También cuestionaron al ahora exsecretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa, y a los secretarios de Economía y de Comunicaciones y Transportes, Graciela Márquez Colín y Javier Jiménez Espriú, respectivamente, así como al director general del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo, y a los oaxaqueños Adelfo Regino Montes (director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y Ceyla Cruz Gutiérrez, responsable del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas.
Ante la autoridad federal reclamaron la “expedición irregular e inconstitucional del decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, publicado en el Diario de la Federación el 14 de junio de 2019, sin que se hayan respetado, observado y cumplimentado los procedimientos que se establecen en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos sobre pueblos indígenas”.
Como descendientes del pueblo Ayuuk jaay o mixe, denunciaron que a lo largo de décadas “se ha empeñado en ejecutar megaproyectos en nuestros territorios sin que se nos informe en absoluto sobre las repercusiones sociales y de impacto medio ambientales que se producirían con su implementación, y mucho menos se nos consulte nuestra opinión al respecto”.
