El caso de Quintana Roo es sólo una muestra de cómo se defraudó todo el sector salud nacional por más de 4 mil millones de pesos los últimos cinco años. Estos recursos pudieron haber hecho la diferencia durante la crisis actual
Texto: Ricardo Hernández
CANCÚN, QUINTANA R00.-Entre 2014 y 2019, cuarenta y cuatro personas físicas y empresas fantasmas expidieron 423 facturas apócrifas a los Servicios Estatales de Salud y al IMSS de Quintana Roo. En conjunto, estos fraudes «hormiga» suman 67 millones 253 mil 663 pesos, según documentaron recientemente las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero. La mayoría de las personas físicas sufrieron probablemente robo de identidad. Sin embargo, al lado de éstas también hay nombres que se repiten en empresas.
Es sólo un botón de muestra. En marzo pasado, Impunidad Cero y Justicia Justa publicaron los resultados de una investigación que demostró que 30 estados de la República han utilizado facturas falsas para desviar recursos públicos; lo mismo que instituciones federales como el IMSS y el ISSSTE.
Identificaron desvíos por más de 4 mil 100 millones de pesos en el sector salud de todo el país. Y que este esquema de desvíos de recursos ha permanecido pese a diversos cambios de gobierno, incluido el federal.
“Si hiciéramos una analogía con el sector Salud, esto es como si tuvieras un enfermo, lo sometes a una cirugía, lo abres y ¿qué te encuentras? Corrupción. Encuentras el dinero que se usó en cosas diferentes a las que se tenían que usar”, dice Denise Tron. Las consecuencias de todo ello, lamenta la investigadora, se manifestaron tras la irrupción del coronavirus a México, que develó un sistema de Salud público desmantelado por desfalcado.
Estas organizaciones identificaron un total de 22 mil 933 facturas falsas emitidas en favor del sistema de salud pública entre 2014 y principios de 2019.
El caso Quintana Roo
Las organizaciones publicaron un listado de los personajes y empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) boletinó por encontrarse en el supuesto del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; es decir, contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Este medio se dio a la tarea de indagar sobre estas empresas, y se constató que estaban vinculadas a nombres de funcionarios públicos y prósperos empresarios; pero también, a personas de bajos recursos. Estos últimos podrían haber sido utilizados para cometer fraude fiscal.
Roger Javier Palacios Valdez, traficante y fantasma
En 2010, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) acusó a Roger Javier Palacios Valdez de participar en una red criminal que traficó con al menos 40 personas de nacionalidad china en 2001. Esto lo habría hecho su cargo como agente del Instituto Nacional de Migración (INM) adscrito al Aeropuerto Internacional de Cancún, en aquellas fechas.
El juez Primero de Distrito en Quintana Roo libró la orden de aprehensión que la PGE ejecutó en marzo de ese año. De inmediato, Palacios Valdez fue detenido, Pero tiempo después recuperó su libertad. Después, entre 2015 y 2016 cobró al sector Salud de Quintana Roo 1.9 millones de pesos por 10 facturas falsas, como documentaron las organizaciones mencionadas.
Más adelante, en 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a Palacios Valdez como “persona física fantasma”. Ese mismo año, el Partido Verde Ecologista de México de Quintana Roo lo nombró Vocal del Comité de Transparencia; sin importar el señalamiento de ser una “persona física fantasma”.
Presunto culpable
En 2014, Roberto de Jesús Bacelis Lara tuvo un altercado en la isla de Cozumel que desembocó en pequeña tragedia: un viaje del contrincante al hospital, y una detención de un par de horas para Roberto. “Capturan a rijoso”, encabezaron la breve nota que dio cuenta del hecho, donde se mencionaba su aprehensión por haber infringido lesiones dolosas.
“La verdad, sí fue algo feo”, reconoce Jesús, de oficio electricista, seis años después. Aquello era lo más grave por lo que había pasado en su vida, dice, pero luego se retracta: No. Lo más grave vino después. Su robo de identidad para cometer fraude contra la Secretaría de Salud estatal.
«Qué coincidencia que, después de eso, donde dejé mis datos, pasó lo otro», narra en entrevista.
Después de aquel incidente ocurrió todo: Quiso sacar dinero del banco y no pudo. Pidió explicaciones y supo que su cuenta fue congelada. Indagó más: el SAT lo identificó como empresa fantasma. Aquel año, consignó el SAT, Jesús emitió cuatro facturas por las que supuestamente cobró 44 mil 182 pesos; dinero que, asegura Bacelis Lara, nunca vio.
Usar los datos fiscales de personas en situación de pobreza es algo común entre los delincuentes que cometen fraudes fiscales. Así lo expresa en entrevista Denise Tron, de la organización Justicia Justa y coautora de “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”.
Utilizan sus datos como persona física para cobrar facturas falsas a su nombre o para inscribirlos como socios en empresas fantasmas, a veces a cambio de una paga mínima, explica la especialista.
Los verdaderos artífices, prosigue Tron, acuden ante notarios para constituir las empresas fantasmas y son ellos los únicos beneficiados.
Patrón de beneficiados
En esta red de desvío de dinero hay un patrón que se repite en tres ocasiones. Primero, personas de bajos recursos ingresan sus datos en alguna base pública con el fin de tener algún apoyo gubernamental. Posteriomente, aparecen después en el listado de personas físicas fantasma identificadas por el SAT.
En diciembre de 2012, Heidy Elizabeth Espinobarros Pat recibió un apoyo por parte del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea). Sus datos personales quedaron registrados en las oficinas de esa institución, en Quintana Roo. Tiempo después, su nombre apareció en 21 facturas falsas con las que supuestamente cobró 365 mil 644 pesos a los Servicios Estatales de Quintana Roo.
El caso de María Isabel Caballero Chuc es parecido. En 2010 fue beneficiada con un crédito de 5 mil pesos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Campeche. Cinco años después, apareció como comisaria de la empresa Imagen y Comunicación JRYG. Esa empresa emitió que entre 2016 y 2017 emitió dos facturas falsas por 34 mil 800 pesos.
En 2015, José Manuel Pimienta Arcos sometió a concurso su proyecto “Impulsa Quintana Roo” ante el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) de Quintana Roo. Pretendía obtener un apoyo para arrancar un negocio. Un año después, fue señalado por emitir una factura falsa por 2 mil pesos.
Por otra parte, Alicio Gener Chi Yam y Soledad de los Ángeles Chan Caamal son dos militantes del PAN que han tenido aspiraciones a pequeños puestos dentro del partido. En 2016, el primero emitió cuatro facturas por 199 mil 438 pesos; la segunda, entre 2014 y 2016, siete facturas falsas por 6 mil 302 pesos. Al ser cuestionada, Soledad de los Ángeles negó haber participado en la trama.
Oliver Azuara, tras candidatos
Las empresas yucatecas Constructora NKB, Publicidad e Imagen del Sureste y Gozio expidieron 21 facturas falsas. En total suman poco más de 4.1 millones de pesos que pagó el sector Salud estatal. Además de simular operaciones, las tres empresas tienen en común un miembro: Oliver Azuara Torres, un personaje que siempre aparece al margen. En las actas constitutivas, su nombre siempre aparece en las últimas hojas y no como socio sino como apoderado legal o gerente general.
Azuara no tiene aspiraciones políticas, aunque sí intereses, que manifiesta también de forma discreta. Tras la revisión de los informes sobre campañas políticas que entregaron al INE dos candidatos a elección popular en 2018, volvió a asomar su nombre. Resulta que Azuara Torres aportó 38 mil 500 pesos a la campaña del aspirante a gobernador, el priista Mauricio Sahuí Rivero. De manera paralela, en Quintana Roo, Azuara brindó servicios de publicidad para la campaña de Fernando Levín Zelaya Espinoza, candidato a presidente municipal de Othón P. Blanco. Lo hizo a través de su empresa, que recibió 314 mil 203 pesos mediante siete contratos. Ambos perdieron la elección.
