A la violación de derechos laborales que enfrentaban de forma previa, las mujeres periodistas mexicanas suman hoy otras formas de violencia en el marco de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus
Agosto 18, 2020. Martha Izquierdo es periodista, vive en Ixtepec y cubre 42 municipios, es decir, toda la zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Trabaja para cinco medios, incluida una radio comunitaria que ella encabeza. Hace unos días, desconocidos arrojaron ácido en la parte delantera de su camioneta. “(Fue) por estar diciendo que usaran cubrebocas –cuenta–. Recibía insultos, mensajes (en redes sociales) de que dejara de estar infundiendo miedo a la población. Lo único que buscaba era darles los pormenores de cómo cuidarse”, afirma.
De acuerdo con la organización internacional Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países sin guerra más peligrosos para hacer periodismo. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre el año 2000 y el 2019 en el país fueron asesinados 153 periodistas, incluidas 16 mujeres. A esos riesgos, además, ahora se suman los sanitarios: hasta el 27 de julio de 2020, la organización Artículo 19 ha registrado 26 casos de periodistas que han fallecido a causa del Covid-19.
Entre marzo y mayo de 2020, la organización Artículo 19 –especializada en libertad de expresión– documentó 120 agresiones contra periodistas mexicanos, la mitad en el contexto de sus coberturas sobre la pandemia, especialmente amenazas de muerte, como fotografías de sus nombres escritos con balas.
“De 60 agresiones que hemos documentado en el contexto del COVID –comenta Itzia Miravete, coordinadora de Documentación y Seguimiento de Casos de la agrupación civil– 10 fueron digitales. Las agresiones digitales son un medio muy efectivo para silenciar periodistas, sin que sea algo llamativo. Tiene un impacto fuerte psicosocialmente, porque es muy difícil dar con la identidad de las personas, sobre todo si las autoridades no se lo toman en serio.”
Martha es diabética, hipertensa y hace cinco años venció al cáncer. “Yo me arriesgo, salgo a la calle, compro mis cubrebocas, ¡un cubrebocas cuesta 95 pesos, el N-95!, ¿Cómo quieren que me proteja si me quieren pagar a 45 pesos la nota?”, exclama enojada.
Aunque trabaja para diversos medios, entre ellos Radio Centro y el noticiario 97.7, su ingreso mensual oscila entre cuatro mil y cinco mil pesos. “No tenemos seguridad social. Si nos enfermamos de COVID-19 nos puedan atender pero para ingresar a un hospital Covid-19 prácticamente tienes que llevar tu acta de defunción en la mano”, comenta con ironía.
Periodistas mexicanas: pandemia y discriminación
Olivia Ortiz llevaba 19 años trabajando en el periódico Pueblo, en Chilpancingo, Guerrero, que en marzo pasado anunció a sus colaboradores que, debido a problemas económicos derivados de la pandemia, cesarían labores de forma temporal. Olivia se quedó sin cobrar sus pagos pendientes.
El director del periódico, Gustavo Salazar Aldame, se negó a pagar, a pesar de que Ortiz hizo una denuncia ante autoridades laborales. Así que “hice una protesta afuera del periódico y logré que me pagaran lo que me debían, pero hasta la última quincena de abril”.
Triste, Olivia continuó haciendo periodismo de forma independiente, pero debido a la crisis sanitaria no sale a coberturas.
“Mi hija depende solamente de mí y tenemos colegiaturas (universitarias) pendientes”, narra.
En medios oficiales también se denuncian abusos laborales: la agencia de noticias del estado mexicano, Notimex, desde el 21 de febrero se encuentra en huelga.
“El 70 u 80% de las personas en huelga somos mujeres”, relata Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex).
El sindicato denunció que la nueva administración no respetó el contrato colectivo de trabajo, específicamente las cláusulas relacionadas con los salarios, además de que se registraron aproximadamente 245 despidos injustificados.
Tras seis meses de protesta y a pesar de la pandemia, las huelguistas siguen ocupando las instalaciones de la agencia. “Se ha visto disminuida la participación, se redujeron las guardias, en algunos casos porque pertenecían al grupo de riesgo”, relata Adriana Urrea.
“Nosotros vemos un doble ataque, no sólo como periodistas en el ejercicio de la profesión, sino también en nuestras condiciones de trabajo –remata Urrea–. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) había asegurado y comprometido que no se iba a afectar a la clase trabajadora. En este caso no se cumplió esa promesa.”
