OAXACA, Oax. (#pagina3.mx).- El Congreso de Oaxaca aprobó un exhorto a instituciones de los gobiernos federal y estatal para que analicen las afectaciones realizadas al suelo, agua superficial y manto friático de al menos 12 comunidades de los distritos de Ocotlán y Zimatlán con motivo de las actividades de la compañía Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense “Fortuna Silver Mines (FSM)”.
Luego que el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” denunció, el pasado 27 de julio, que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales, el Congreso reconoce que los trabajos de explotación minera están generando impactos en el ambiente.
Mientras, la Compañía Minera Cuzcatlán presume que en ella laboran más de mil empleados, de los cuales el 70% son de Oaxaca.
El dictamen aprobado exhorta a los delegados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional del Agua (Conagua)
Así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a atender esta problemática.
De igual forma, incluye a la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) y a los Servicios de Salud del estado de Oaxaca (SSO), para que dentro del ámbito de sus facultades y competencias analicen las afectaciones realizadas al municipio de San José del Progreso y municipios aledaños, con motivo de las actividades mineras de la empresa Cuzcatlán.
Apenas, el pasado 14 de junio, el frente ¡No a la minería!, integrado por 12 comunidades de la región y el Colectivo en Defensa del Territorio, insistieron en rechazar la extracción de minerales en su territorio.
Y es que por segunda ocasión, la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines (FSM) fue denunciada por contaminar el agua en Valles Centrales y esperan que esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su palabra de atender esta problemática y evitar que estos daños al medio ambiente no queden impunes.
Se quejaron que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales.
El presidente municipal de Magdalena Ocotlán, Pedro Máximo Aquino, fue mas contundente al pedir a los gobiernos federal y estatal que no autoricen más permisos ambientales para evitar que la empresa minera siga operaciones en Valles Centrales porque “nos están sentenciado a una muerte segura con tantos metales pesados en la sangre, un cáncer”.
Precisaron que las autoridades de Magdalena Ocotlán denunciaron que el pasado 14 de julio atestiguaron la contaminación de sus cuerpos de agua al constatar que un pozo de captación de agua pluvial, construido para recargar los mantos acuíferos presentó una coloración rojiza.
Sin embargo, la empresa minera destacó que la Profepa confirmó que no existió incidente ambiental en unidad minera San José.
“En atención a las preocupaciones de la comunidad de Magdalena Ocotlán, referentes a las presuntas afectaciones de dos pozas de agua pluvial ubicadas a 400 metros de la unidad minera San José, la Compañía Minera Cuzcatlán recibió una inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) el pasado 30 de julio.
“Como se indica en el acta de inspección No. PFPA/26.2/2C.27.1/0011-20, la autoridad verificó que la empresa no presentó ningún incidente ambiental.
Indicó que “en el presente año 2020, no se ha suscitado en la empresa de manera fortuita derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de materiales peligrosos o residuos peligrosos que pudieran impactar al exterior de la empresa minera.
“Observando durante el recorrido de inspección que la planta de beneficio se encuentra en operación, no se aprecia liberación o derrame de jales sobre suelo natural”.
Pese a ello, el “Frente No a la Minería” exigió a la SEMARNAT no autorizar la MIA Regional “San José II”, ya que el proyecto minero ha violentado sus derechos colectivos, consagrados en la Constitución, diversos tratados y convenios internacionales ratificados por México.
Y a la Profepa, realizar una investigación exhaustiva por la contaminación de los cuerpos de agua en Magdalena Ocotlán, transparentar los estudios realizados, establecer sanciones y reparar el daño a comunidades afectadas.
A la Conagua le pidieron proporcionar certeza a las comunidades y garantizar que el agua de la región se encuentra apta para el consumo humano y la producción agrícola, además de poner a disposición de las comunidades información culturalmente adecuada respecto al monitoreo ambiental y sus respectivos estudios.
Y a la Secretaría de Economía, respetar nuestra determinación: sí a la vida, no a la minería y cancelar las concesiones mineras otorgadas en nuestros territorios sin nuestro consentimiento.
