Diana MANZO / Corresponsal violencia política contra las mujeres
Juchitán, Oax., (pagina3.mx).- Ocupar un cargo público, ser alcaldesa, regidora o funcionaria de gobierno estatal y federal significa un reto para toda mujer. violencia política contra las mujeres
Pero permanecer y cumplir esa función en el tiempo establecido es un desafío para todas ellas.
La violencia política contra las mujeres en razón de género es la otra pandemia que crece en Oaxaca.
María Cruz Vásquez, Nallely Ortiz Jiménez y Magali Martínez han vivido violencia política por ser mujeres. También han sido discriminadas y criminalizadas.
Ellas no buscan superioridad, el sueño es conformar “una sociedad en igualdad de derechos y oportunidades”.
Romper con el patriarcado, la misoginia y el machismo es la constante para las oaxaqueñas.
Que además se suma la violencia extrema, los feminicidios, los homicidios dolosos que cuentan las estadísticas policiales y que se incrementan todos los días.
La propia Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) reafirma que la violencia política contra las mujeres en razón de género va en aumento.
Y seguramente con el aislamiento social por la pandemia de la Covid-19 es posible que exista un subregistro de casos de mujeres víctimas.
Las reformas
En mayo de este año, las y los diputados locales oaxaqueños avalaron las reformas y adiciones al artículo 114 Bis de la Constitución Política del Estado de Oaxaca.
Y al artículo 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con lo que quedó establecida como causal para decretar la nulidad de una elección, cuando se acredite violencia política en razón de género y el candidato que cometió el acto resulta ganador.
Uno de los casos
Hablar y contar su experiencia llevó a María Cruz Vásquez a recordar lo que vivió en el 2017 cuando ocupó el cargo político de Síndica Municipal en Juchitán Oaxaca.
Exigir transparencia y rendición de cuentas fue motivo para que ejercieran violencia política en su contra.
Maestra de profesión, con una vocación de servicio y con trayectoria en la justicia social, María Cruz tiene 58 años de edad.
Sólo pedía “los informes de Hacienda”, solo eso.
No quería saber más, sino conocer qué pasaba al interior de un ayuntamiento que gobernó también una mujer, la coceísta Gloria Sánchez.
Saber sobre los estados financieros de un ayuntamiento, que le corresponden al cargo de Síndica Municipal, le costó a María Cruz vivir 18 meses violencia política.
No la invitaban a las sesiones de cabildo, no le entregaron los reportes financieros y encima de todo esto, vivió criminalización y discriminación.
Denunció ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) y lo único que logró fue una “recomendación” de esa institución.
Finalmente no sirvió de nada, pues la violencia siguió hasta que concluyó el periodo de gobierno en 2018.
Esas historias de violencia política están registradas en estadísticas.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca revelan que desde el 2018 este fenómeno social es alto.
Las activistas y defensoras auguran que crecerá para el próximo proceso electoral que se avecina.
Del 2018 a noviembre del 2020, la DDHPO tiene registradas 75 indagatorias respecto a los casos de violencia política las cuales reflejan un crecimiento:
- El 2018 fueron 17 quejas y 9 cuadernos de investigación,
- 2019 registra 24 quejas y 2 cuadernos de investigación
- En lo que va del 2020 suman 9 quejas y 14 cuadernos de investigación.
Este órgano señala que las autoridades más señaladas son las municipales.
- Los principales motivos de quejas son:
- La obstaculización para ejercer el cargo,
- El derecho de participación política,
- Discriminación y omisión de las autoridades para prestar auxilio en casos de violencia contra las mujeres.
Al respecto, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca reveló que:
- En el 2018, 38 mujeres fueron víctimas de violencia política
- El año pasado con 40 casos y
- En 2020 abarca 61 denuncias de mujeres que han sido violentadas políticamente.
Otro caso de violencia política
Nallely Ortiz Jiménez de 38 años de edad es regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables en el municipio de Santa Lucía del Camino.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó al edil Dante Montaño Montero y lo inhabilitó para el próximo proceso electoral.
Sin embargo, esa sanción no impide la mala vivencia que Nallely ha tenido.
La joven mujer contendió con una planilla que no ganó y fue elegida para ser regidora.
Cargo que inició con muchas ganas, pero se fue desmoronando tras vivir una serie de acciones misóginas y discriminatorias.
Hoy en día ella sigue en su cargo.
Desde ese espacio pide a las mujeres no dejarse vencer y defenderlo porque lo lograron de manera honesta.
Más actores políticos con mala actuación
Con Dante Montaño, en Oaxaca ya son cinco los presidentes municipales que perdieron la presunción de mantener un modo honesto de vivir.
Pero también una mujer presidenta, lo que les volvió inelegibles para un cargo de elección popular.
Magali Martínez recientemente ocupó el cargo de Presidenta del Consejo Municipal de San Dionisio del Mar.
Es la primera vez que un partido de izquierda ocupa una alcaldía en este municipio, que en este caso es Movimiento Regeneración Nacional.
Llegar a este cargo es para ella un logro personal como mujer, pues no ha sido nada sencillo.
Como esposa y madre de dos hijas lucha todos los días contra el machismo que todavía se vive en su comunidad.
Pero reconoce que por fortuna hay hombres aliados a sus proyectos de trabajo.
“Dejen pasar, dejen ganar y dejen trabajar”: Activistas y defensoras
La violencia política es otro gran fenómeno que se ha dejado a un lado coinciden activistas y defensoras oaxaqueñas.
Aseguran que cuando una mujer llega a ocupar un cargo “se le mide con la vara más alta, como si fuera un objeto que no pudiera tener un error”.
Que de cometerlo es juzgada como un pecado y es justo con ese precepto donde se inicia la violencia política por razón de género.
“Dejen pasar, dejen ganar y dejen trabajar” coinciden Diana Luz Vásquez (consultora y activista), Yésica Sánchez (Consorcio Oaxaca) y Rita Bell López Vences (Centro Oaxaqueño para la igualdad”.
Tres oaxaqueñas que son activistas y defensoras de los derechos de las mujeres y quienes estudian este fenómeno que -aseguran- crece.
Las activistas coinciden en que las mujeres, como los hombres, tienen todo el derecho de ocupar cargos públicos.
Y también coinciden en que desafortunadamente se vuelve una violencia recurrente verlas triunfar, cuando no debería ocurrir así.
Esa lógica misógina y patriarcal es la que está presente en todo momento, sostuvieron.
Las mujeres que quieren ocupar un cargo se enfrentan además de la violencia política, al desprestigio y criminalización, por lo que ellas sugieren castigos severos.
Inhabilitarlos y tal vez destituirles son sanciones ejemplares, pero “hace falta más”, porque desafortunadamente con el poder que tienen es que las violentan.
Reconocieron que las redes de apoyo y acompañamiento son un gran aliciente para la mujer que vive violencia política, pero no es suficiente.
Se vislumbra un escenario violento en Oaxaca para las próximas elecciones, por lo que esperan se cumpla con la iniciativa de 3 de 3.
Esa iniciativa busca que no haya ningún agresor, acosador ni deudor de pensión alimenticia entre quienes aspiren a un cargo de elección popular.
El Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca informa que de enero de 2019 al 17 septiembre 2020 integraron 61 medios de impugnación por violencia política en razón de género:
- 41 corresponden a Juicios de Protección de Derechos Político Electorales de la ciudadanía,
- 17 a Juicios de Protección de Derechos Político Electorales de la ciudadanía en el régimen de Sistemas Normativos Indígenas y
- 3 procedimientos sancionadores.
