Un presupuesto mínimo para el sector ambiental, el ataque a defensores y organizaciones que se oponen a megaproyectos, así como la falta de atención a temas como deforestación y cambio climático mostraron que el tema ambiental no fue una prioridad, coinciden científicos y activistas.
La pandemia de COVID-19 no detuvo los asesinatos a defensores ambientales ni el avance de megaproyectos como la refinería Dos Bocas o el Tren Maya.La crisis ambiental que vive México desde hace años, y que se refleja en el avance de la deforestación o la pérdida de biodiversidad, no fue un tema que se atendiera en 2020. Científicos y activistas coinciden en que durante este año se confirmó que existe un desdén, desde el gobierno, hacia la agenda ambiental.
En diciembre de 2018, cuando comenzó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador —llamada por él mismo como la “Cuarta transformación”—, en el ámbito científico ya se planteaba que existía una crisis ambiental en México y que era necesario trazar una ruta para revertir esta situación.
Incluso, en octubre de 2019, un grupo interdisciplinario reunido en torno al Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) publicó un libro donde se planteaban caminos para atender asuntos como la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, la contaminación, la falta de inversión en energías renovables, el acceso al agua de calidad, la erosión de los suelos, el agotamiento de las pesquerías, la destrucción de manglares y la creciente ilegalidad en el aprovechamiento forestal.
En la presentación del libro, el entonces secretario de ambiente y recursos naturales, el biólogo Víctor Toledo reconoció que era necesario declarar una “emergencia ambiental” en el país.
El 2020 terminó y otra emergencia, la de la pandemia del COVID-19, fue la protagonista del año. Las políticas públicas no se encaminaron a la atención de la crisis ambiental. El mejor reflejo de ello fue que, incluso, antes de la pandemia se disminuyó el presupuesto destinado a todo el sector ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido la dependencia que más cambios ha experimentado: en dos años han tenido tres diferentes titulares.
Los pequeños avances que se dieron en la agenda ambiental durante 2020, como la ratificación del Acuerdo de Escazú, se desdibujan ante el avance de la deforestación, las agresiones contra los defensores ambientales o una política energética que apuesta por los combustibles fósiles e ignora las consecuencias ambientales.
Lo preocupante: un golpe al sector ambiental
En los últimos cinco años, México ha visto cómo el presupuesto destinado al medio ambiente ha ido en picada: si en 2015 todo el sector ambiental contó con 67 976 millones de pesos (3 mil millones de dólares), en 2020 esa cifra cayó a 29 869 millones de pesos (1500 millones de dólares).
Ese castigado presupuesto llevó a que la Semarnat, pero también la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) trabajaran con recursos mínimos.
Además, en abril de 2020 —cuando la pandemia por el COVID-19 ya estaba instalada en el país— se publicó un decreto para que todas las dependencias del gobierno federal realizaran aún más ajustes presupuestales, ya que no se destinarían recursos para renta de oficinas, papelería, gasolina o viáticos.
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