Desde noviembre de 2018, Aída Mulato exige a las autoridades castigo para un médico hematólogo, a quien señala de aprovechar su cercanía, para atacarla sexualmente. Este camino legal ha sido revictimizante y criminalizante. Las fiscalías de delitos sexuales y de violencia familiar tienen más de 9 mil y 19 mil carpetas sin resolver
Texto: Vania: Pigeonutt | Fotos: Isabel Briseño
1. Vivir entre un proceso legal y la impunidad
Aída Mulato Salinas agradece. Retomar su vida después de una violación no le fue sencillo, pero hoy sonríe. Es la anfitriona de la primera actividad que la pandemia de covid–19 les permite a los Jóvenes artesanos, la organización que dirige desde hace 10 años. Es una exposición pequeña.
En el patio de una casa de la colonia Roma, tres mujeres tocan música mexicana con instrumentos de cuerda. Al fondo hay dos piñatas artesanales de burros de colores a la venta. En el pasillo se exponen huipiles, carteras, tapetes y otros textiles y artesanías de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El espacio se llena de risas, música y tradición.
Hoy es 5 de diciembre y Aída se siente feliz, los asistentes –no más de 10– abrazan la propuesta. Gran parte de lo recaudado será para las productoras de comunidades como la amuzga, Huehuetonoc, Guerrero.
La organización no frenó sus actividades durante la pandemia. En los meses más duros del confinamiento obligado, vendieron tlayudas a domicilio y productos locales como el quesillo y chocolate oaxaqueños.
Diciembre la recibe con mucho trabajo. Seguir a la par de su proceso legal contra quien acusa violación equiparada: el ataque ocurrió el 9 de noviembre del 2017, le implica dobles jornadas. Son procesos desgastantes, con servidores públicos que no investigan, la revictimizan. A dos años ha aprendido mucho de leyes, de derechos humanos, pero su caso es uno más de impunidad.
Violación equiparada, se establece la cópula con persona incapacitada para resistir física o psíquicamente el acto, por razones de padecimientos físicos o mentales, edad u otras condiciones o situaciones de indefensión.
“No puedes llevar una vida normal cuando sabes que tienes que ver a la MP, que tienes que enfrentarte al sistema de justicia una y otra vez, que tendrás que volver a contar tu historia porque la nueva MP no tiene tu información actualizada de tu proceso legal”. Van ocho Ministerios Públicos desde noviembre de 2018, cuando denunció, a la fecha.
El agresor señalado por Aída es un reconocido médico hematólogo que trabaja en el Hospital Centro Médico Siglo XXI y en el ABC Observatorio. Era una persona de su círculo de confianza, dio un patrocinio a la iniciativa de Jóvenes artesanos #VaPorLaRoma, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuya intención es realizar 68 murales en la Roma. Ahora costea una defensa cara.
Aída denunció en una conferencia de prensa el 17 de febrero del año pasado que el doctor colocó algo en su bebida y abusó sexualmente de ella mientras dormía.
Luego pasó de ser víctima a victimaria: después de que hiciera pública su agresión, el hematólogo la denunció por tres delitos distintos: por violencia intrafamiliar, falsedad en la declaración y discriminación, además de solicitar una orden de aprehensión en su contra.
Estas carpetas de investigación fueron archivadas por la misma Fiscalía de delitos sexuales por falta de pruebas para acreditar las acusaciones.
La tarde decembrina es de contrastes, por un lado ríe y platica con gente de su confianza, por otro, termina un año más y quien rompió su confianza sigue libre, viviendo en la Roma –como ella–, además de las acusaciones que le ha hecho, su defensa ha pedido que el delito de violación prescriba.
Han interpuesto un total de tres amparos. Para ella, dice, eso sería prueba suficiente de que quien teme, debe, más en un país donde asesinan a 10 mujeres al día y las violaciones sexuales, insiste, son la antesala del feminicidio.
Pruebas psicológicas sin utilidad
En septiembre del 2019 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México incluyó su caso en la recomendación 08/2019 por violencia institucional, que evidencia la revictimización de la Fiscalía General de Justicia (FJCDMX) contra 17 víctimas.
Aída espera la reparación del daño y una investigación real con perspectiva de género, castigo para los servidores públicos que la violentaron, una disculpa pública y la sanción al doctor.
Durante los dos años que lleva exigiendo justicia, la Fiscalía de Delitos Sexuales le ha practicado dos peritajes psicológicos, pruebas antropológicas y estudios de riesgo, sin beneficios para ella.
Un peritaje externo
Una perita experta en casos de violencia sexual realizó un peritaje independiente en esa materia, cuyo resultado fue que Aída presentaba estrés postraumático y depresión, en este resultado la Fiscalía desestimó la relación de la sintomatología con la violación. –Por estrategia legal, el nombre de esta profesional será confidencial en este texto–.
Sobre la opinión del último peritaje, obligado a hacer por segunda ocasión a la Fiscalía –porque el primero además de revictimizante contenía información de otra víctima–, y que fue dado a conocer en noviembre de 2020, la especialista considera que las extensas pruebas no se centran en la violación sino en Aída.
“(Esto) deja de lado las formas en que ha afrontado la violencia sexual que vivió y los obstáculos durante su denuncia, lo que podría explicar a fondo la información que brindó durante las entrevistas, así como el contenido y evolución de los impactos a través de estos años, como las fuentes de estrés que han podido intensificar y cronificar esos impactos».
La experta criticó también el contenido del dictamen, porque en su opinión se centra en características de personalidad, relaciones familiares y supuestos valorativos sobre los mismos. La deja sin la posibilidad de tener un dictamen adecuado, con perspectiva de género, psicosocial, diferencial, que analice el contexto.
La nueva dictaminación otra vez es revictimizante y criminalizante.
“Se observa en la valoración el uso de pruebas proyectivas destinadas a la evaluación de personalidad, que apelan a la interpretación subjetiva de quien las aplica y analiza”, puntualiza sobre el tipo de pruebas.
Fueron nueve test en este segundo peritaje psicológico, la perita Haydee Hernández determinó: “si presenta alteraciones psicológicas compatibles con las que presentan personas que han sido víctimas de agresión sexual”, estas líneas valieron para que ese dictamen que expone y juzga la vida de Aída fuese prueba judicial.
“En los dictámenes en materia psicológica de la Fiscalía de la Ciudad de México vemos patrones de análisis en los aspectos psicoemocionales de las víctimas de violencia sexual, y a veces víctimas sobrevivientes de violencia feminicida, que acaban siendo una formalidad para determinar cuántas terapias necesitan”, explica su abogada, Ximena Ugarte, asesora Jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Como acompañante de otras víctimas de violencia sexual, Ugarte comparte vía telefónica, que ha visto cómo se vuelve “un machote” a seguir para esta área de periciales, hacer estos test que son cansados. En los dos peritajes psicológicos de Aída “han puesto información que no es de ella”.
Impunidad total
Desde hace más de dos años, la Fiscalía de delitos sexuales y de violencia familiar tienen más de 9 mil y 19 mil carpetas sin resolver. Lo que prevalece es la violencia institucional: «el ejercicio de las autoridades que no cumplen con sus obligaciones de debida diligencia, de aspectos formales del procedimiento ni perspectiva de género”.
Ugarte también asegura que la violencia sexual tiene un: “99.8 por ciento de cifra negra; es decir, las mujeres no denuncian, y las que sí denuncian tienen un 95 por ciento de impunidad, sólo uno de todos los casos denunciados llega a una sentencia condenatoria”.
Los principales agresores están en las familias y círculos de confianza, como en el caso de Aída.
Pie de Página ha acompañado en el proceso de exigencia de justicia a Aída, tuvo acceso a su expediente de más de mil páginas y a las múltiples pruebas que le han practicado durante estos dos años.
El 9 de diciembre fue la última diligencia a la que Aída asistió en 2020 a la Fiscalía de Delitos Sexuales llamada “búnker”.
Ese día, feministas que protestaban para exigir justicia por casos de violencia de género y feminicida fueron replegadas por mujeres policías del Agrupamiento de la Policía Metropolitana Atenea. Las mujeres hicieron pintas: “asesinos”, “ni una menos”. Las policías permanecieron frente a la puerta principal sobre la calle Gabriel Hernández, en la colonia Doctores.
Aída llegó a la mesa de la Fiscalía de Delitos Sexuales, para revisar su carpeta de investigación.
Una cara nueva la recibió con cubrebocas, en un escritorio acondicionado a los tiempos de pandemia, con una ventana de acrílico que separa a las víctimas de quien las atiende. La distancia no sólo es física. Esta servidora pública desconoce el expediente de Aída. Se disculpa. Le informa que por octava vez le cambiaron Ministerio Público y no sabe cuándo la podrán atender.
Le lleva todo el día esperar a que le den información y revisar su carpeta, saber qué seguirá. Alrededor de las 19 horas trabajadores limpian las pintas dejadas en la tarde por las feministas. A Aída le impacta lo rápido que las quitan y lo lento que resuelven los casos.
Lleva consigo la recomendación de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía donde admiten el pésimo trabajo de sus servidores públicos durante su proceso. Parece que ninguna recomendación, peritaje externo, incluso propio, ayuda para demostrar su caso, con la dependencia encargada de procurar justicia.
La lista negra
Los servidores públicos que la han revictimizado y en algunos casos criminalizado son: la primera perita forense Gabriela Fuentes Zamacona, quien desacreditó la palabra de Aída, dijo que no tenía afectaciones de violencia sexual y utilizó información falsa, un machote, para la revisión del primer peritaje psicológico.
La agente del Ministerio Público, Erika Fabiola Vázquez, quien jamás la notificó de cómo iba su proceso y archivó su carpeta sin avisarle. Luego gracias a la recomendación 08/2019 pudo continuar con su proceso.
Diana Jessica Salas Leonardo, psicóloga del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), quien instruyó en una terapia grupal a mujeres víctimas de violencia sexual, ponerle condones a pepinos y plátanos
Susele Ortega, la fiscal de Delitos Sexuales que estuvo en un breve periodo a mediados del año pasado. “No escucha a las víctimas si no está tu representante enfrente”, comparte Aída.
Haydee Hernández, la última perito que realizó el segundo peritaje. Le preocupan sus 14 años de experiencia en la Fiscalía, porque “recurren a malas prácticas y no cuenta con perspectiva de género”.
Némesis Guadalupe Rodríguez Ortega, perito Médico Oficial quien le realizó estudios ginecológicos y proctológicos con un abatelenguas, argumentando que es el equipo con el cual cuentan en Delitos sexuales para saber si una víctima de violencia sexual, lo fue.
Una lista negra de 25 servidores públicos.
2. Radiografía de un proceso de violación
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de 2019 revela que el 99.7 por ciento de los delitos de hostigamiento, abuso sexual y violación en México no se denuncian; la versión hasta septiembre de 2020 visibiliza el aumento de la violencia de género durante la pandemia.
Sobre este documento, la organización México Evalúa realizó su informe Impunidad rampante: 99 por ciento de las violaciones no se atienden, en un contexto de protestas presenciales y virtuales por el aumento de violencias feminicidas. Por esos días las redes se inundaron con los Hashtags #NiUnaMás, #Metoo, #NoMeCuidanMeViolan y #VivasNosQueremos. Demandaban aborto libre y seguro, alto a los feminicidios, castigo a los violadores y a todos los perpetradores de delitos contra las mujeres.
“Tan sólo entre julio y diciembre de 2019, el 99.7 por ciento de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados. Los delitos sexuales que sufren las mujeres rara vez llegan al Ministerio Público, y aunque se denuncien, no necesariamente se inicia una carpeta de investigación”, señala México Evalúa.
La ENSU revela que cuatro de cada diez mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre de 2019. Para la organización urge atender esta violencia específica.
La psicóloga Valeria Moscoso, coautora de “Encubriendo la Tortura: Complicidad de los forenses de la Procuraduría General de la República“, donde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos examinó 54 dictámenes médico-psicológicos en posibles casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes realizados por el personal de la actual Fiscalía General de República, considera sistemática la actuación de las Fiscalías.
“Sí hay una narrativa criminalizante, estigmatizante, desde arriba, que permea en todos los funcionarios y funcionarias, sobre todo los peritos y peritas, hay también una falta de voluntad de observar las malas prácticas de corregirlas, y de crear buenas”, señala.
“De quien venga la agresión de particulares, o agentes estatales, no puede ser que en ningún caso las víctimas puedan obtener justicia pronta, expedita, adecuada en nuestro país. No puede ser que sean ellas las que tengan que estar buscando a sus abogados, los peritajes, las pruebas, yendo y viniendo una y otra vez, y que les cambien cada 5 minutos al personal”, reprueba.
Dice: “Es un tormento, hay una presión, es violencia que viene de las instituciones y del Estado”. Deben respetarse los protocolos de actuación y las recomendaciones sobre la mala praxis.
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