- El mandatario tamaulipeco acudió a la FGR a conocer el expediente en su contra
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer la carpeta de investigación en su contra y que es con la que se solicitó su desafuero ante la Cámara de Diputados, así lo informó su abogado, Alonso Aguilar Zinser.
A través de un comunicado, el litigante detalló que el mandatario estatal se presentó el lunes 22 de marzo tras recibir un citatorio de la FGR, sin embargo, precisó que acudió “personalmente a conocer la carpeta y todas las constancias que en ella obran”.
Por otra parte, un juzgado federal en la Ciudad de México le negó al gobernador tamaulipeco la suspensión de la acción penal en su contra por delitos federales.
El juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal negó la suspensión provisional solicitada por la defensa del mandatario el pasado 12 de marzo. En la demanda de amparo se argumenta la “negativa de dar acceso al quejoso y sus defensores a la carpeta de investigación. También, pidió “que el Ministerio Público se abstenga de ejercer acción penal en su contra hasta en tanto acontezca lo anterior”.
El panista es investigado por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Aunque García Cabeza de Vaca niega todas las acusaciones en su contra y asegura que se trata de una persecución política por parte del gobierno federal, durante la audiencia de la la Sección Instructora de la Cámara ocurrida de manera pública el pasado viernes , el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que el gobernador de Tamaulipas fue acusado por la adquisición de departamentos con recursos de procedencia ilícita.
Nieto Castillo explicó que Francisco García Cabeza de Vaca, utilizó un esquema de lavado de dinero en el que participaron dos empresas fantasma ligadas al Cártel de Sinaloa, con la finalidad de comprar un lujoso departamento ubicado en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, con valor de 42 millones de pesos.
El titular de la UIF señaló que, para comprar ese inmueble, García Cabeza de Vaca recibió financiamiento por 14.3 millones de pesos de una financiera particular en 2016, la cual recibió esos recursos mediante transferencias efectuadas en diciembre de 2013 por dos empresas incluidas en la lista de personas morales bloqueadas, y que forman parte de un consorcio de empresas utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
“La SOFOM (financiera) recibió recursos de dos empresas fachada identificadas como parte de un grupo de siete entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa. También forman parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas generadas con el objeto de lavar activos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Colombia”, reveló Santiago Nieto.
Sin embargo, el titular de la UIF aclaró que “eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con Francisco ‘N’, lo que quiere decir que las dos empresas que terminaron enviando dinero a la SOFOM fueron empresas que han sido parte del crimen organizado”, dijo.
Según Santiago Nieto, Francisco Javier García Cabeza de Vaca recibió 14.3 millones de pesos de la SOFOM para la compra del inmueble en Bosques de Santa Fe. Los recursos, detalló, fueron depositados en dos trasferencias un día antes de la adquisición del departamento que generó la investigación.
Sin embargo, este no fue el único inmueble en el que la UIF detectó irregularidades. De acuerdo con la investigación, García Cabeza de Vaca cuenta con un rancho en Soto la Marina, Tamaulipas, con valor de 63.4 millones de pesos, escriturado a nombre de una empresa familiar.
También se detectaron al menos 20 propiedades tanto en México como Texas, Estados Unidos, que no corresponden a los ingresos reportados por el político. Entre ellos tres casas en McAllen, dos de ellas valuadas en 8.5 y 10.7 mdp y un terreno en Hidalgo, relacionado con una empresa familiar.
Desde el pasado 23 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al gobernador de Tamaulipas de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, por lo que busca desaforarlo con la intención de que enfrente los señalamientos.
