- Piden a Fiscalía, Segob y Murat castigo a servidores públicos del Registro Civil por actos de corrupción
Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Desde el Congreso de Unión exhortaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción investigue y sancione a los servidores públicos involucrados en cambios y robos de identidad en el Registro Civil del estado de Oaxaca como ocurrió con los hermanos Caleb, Herbé y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez.
De igual forma, pidieron la intervención de la Secretaría de Gobernación para que implemente medidas de seguridad en el Registro Civil del Estado de Oaxaca, institución que tiene 105 quejas relacionadas con actos que podrían constituir violaciones a derechos humanos.
Ante la protección del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, quien no se ha pronunciado ni ha sancionado a servidores públicos involucrados en el robo de identidad de los hermanos Gómez Conzatti y la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos para despojarlos de sus tierras, pese a que se encuentran vivos, el caso llegó al Congreso de la Unión.
La diputada federal del Partido de Trabajo, Margarita García García, exigió al Gobierno de Oaxaca investigar y esclarecer a los servidores públicos que han manipulado las actas de nacimiento de los hermanos oaxaqueños Caleb, Herbé y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez, desde el Registro Civil en el año 2018, cuando lo encabezaba Christian Hernández Núñez.
Consideró que la Fiscalía General de Oaxaca debe investigar y castigar este delito de robo de identidad que se ha denunciado con el propósito de despojar inmuebles mediante cambios de identidad en el Registro Civil.
A los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez les fueron borradas sus identidades para adueñarse de inmuebles de los que ellos son propietarios, ya que sustituyeron sus nombres de los propietarios en el Registro Civil, lo anterior para apoderarse de dos inmuebles en el Centro Histórico de la capital del Estado, los cuales fueron donados en vida ante Notario Público por su padre, Víctor Manuel Gómez Conzatti.
Estos inmuebles con un valor superior a los 50 millones de pesos se encuentran inscritos en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO) quienes reconocieron que desde 2012 hay una escritura que consta en su sistema a favor de los hermanos Gómez Conzatti.
Pese a que existen denuncias ante la Fiscalía del Estado y la Fiscalía de la República, además han ganado dos juicios de amparo para que el Registro Civil les rescriba y les restituya su identidad, sin embargo, a pesar de que se les ha ordenado por medio de un Juez de Distrito restituir los derechos fundamentales, han desacatado esas disposiciones judiciles.
La legisladora Margarita García, dijo, que “este es un ejemplo de la gran corrupción que existe dentro de esta oficina del gobierno de Oaxaca, ya que no es la primera denuncia pública que hacen sobre el Registro Civil, tal es el caso que en agosto del año pasado se hizo público los cobros excesivos por actas de defunción, cuando el portal mencionaba que el costo es de 100 pesos y las llegaban a cobrar hasta en dos mil o tres mil pesos.
“El falsificar información en el Registro Civil trae una serie de consecuencias graves, ya que se da mal la información a la Secretaría de Gobernación, quienes son responsables de generar el Registro Nacional de Población, además de que obtienen los datos de los registros para el Sistema Nacional para Actas de Nacimiento”, sostuvo la diputada.
Agregó, que con el caso de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez está comprobado el fraude realizado por servidores públicos en el Registro Civil, ya que tuvieron acceso a la justicia al ser uno abogado, el fraude en este caso se pudo comprobar gracias a documentos que fueron solicitados al Instituto Federal Electoral (INE) en donde se resguarda un archivo con documentos personales de los ciudadanos cuando solicitan su credencial de elector.
Cabe mencionar que existen otros casos en los que las personas también han sido víctimas de estas mafias y que no han podido denunciar o simplemente las autoridades han hecho caso omiso, como el del pasado 2 de julio, en donde se dio a conocer que el Registro Civil dio muerte legal a 13 mil comuneros mixtecos para despojarlos de sus tierras confabulados con el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, entre ellos declararon fallecidos y sepultados a 22 beneficiarios de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), los cuales se encuentran con vida, estos hechos se dieron en la comunidad de Santo Domingo lxcatlán.
“Como legisladores y garantes del cumplimiento de la ley, no podemos seguir permitiendo que este tipo de injusticias y actos de corrupción se sigan presentado dentro de una oficina de gobierno, que refiere, a uno de los derechos fundamentales del ser humano, sobre todo por la afectación que se da al patrimonio familiar de las personas”, afirmó la diputada del PT.
Apenas el pasado 25 de mayo, los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca al enfrentarse a una red de “delincuencia organizada” orquestada desde el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para despojarlos de su identidad y de sus propiedades ubicadas en el Centro Histórico.
Y es que desde el Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca se maquinó el despojo y robo de identidad de dos propiedades ubicadas en el Centro Histórico de Oaxaca con un valor superior a los 50 millones de pesos por lo que queja incluye el delito por robo de identidad, despojo, amenazas, desprestigio e intimidaciones.
Denunciaron que desde el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca maquinaron el despojo, el robo de identidad (al desaparecer sus actas de nacimiento en el Registro Civil de Oaxaca) y la desaparición de expedientes de los dos inmuebles en el Instituto Catastral del Estado.
Y recientemente, la Defensoría inició el expediente DDHPO/1007/(25)/OAX/2021 por el caso de Santo Domingo Ixcatlán donde el Registro Civil, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria declararon muertos a mil 13 comuneros para despojarlos de sus tierras, pese a que se encuentran vivos.
Este hecho, advirtió la defensoría, vulnera entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la seguridad jurídica y particularmente, el derecho a la tierra y a poder disfrutar su territorio indígena.
