Jaime GUERRERO
Para defender la reforma constitucional que dio paso a la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIPO) y creación del Órgano Garante de Transparencia, la LXIV Legislatura habría presentado ante el Juez Noveno de Distrito del Poder Judicial de la Federación actas hechizas que no existían de sesiones de la Comisión de Estudios Constitucionales.
Cabe recordar que desde el pasado 10 de junio, los trabajadores de confianza del IAIPO, presentaron un paquete de amparos ante el Poder Judicial de la Federación, alegando indefensión en sus derechos laborales, pese a que, en la nueva ley de transparencia, las y los diputados de la LXIV Legislatura, dejan a salvo los derechos laborales de los actuales empleados de confianza.
Con fecha 1 de junio de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el decreto número 2473 de la reforma al artículo 114 de la Constitución Política mediante la cual, se estableció que el congreso del Estado emitirá la nueva ley de acceso a la información pública transparencia y buen gobierno del estado de Oaxaca dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a la publicación de este decreto.
Para el pasado 28 de julio, la LXIV aprobó la nueva Ley de Acceso a la Información Pública Transparencia y Buen Gobierno de Oaxaca que, una vez publicada en el diario oficial, el Legislativo, tendría 30 días naturales, para iniciar con el proceso de selección de los nuevos comisionados y comisionadas del nuevo Órgano de Transparencia y Buen Gobierno de Oaxaca.
No obstante, desde el pasado 10 de junio un grupo de trabajadores y trabajadoras del IAIPO presentaron un amparo contra la reforma constitucional al artículo 114 de la Constitución Política de Oaxaca, que sentencia la desaparición de ese “órgano autónomo”.
En sustitución del IAIPO, los y las diputadas de la LXIV Legislatura, crearon el Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno.
De acuerdo con el representante legal de los trabajadores, Gerardo Francisco López Thomas, sus representados quedan en la indefensión y aseguró que halló diversas “convocatorias y sesiones “creadas que no se llevaron a cabo en la práctica”.
El litigante aseguró que se podría configurar el delito de la falsificación de documentos.
Mediante el despacho “López Thomas”, los trabajadores interpusieron amparos ante el Juzgado Noveno de Distrito bajo el expediente 623/20/21 contra el Congreso del Estado; la Comisión de Estudios Constitucionales; el Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa; y el Periódico Oficial del Estado.
López Thomas refirió que el Juez de Distrito, obligó a la LXIV Legislatura a responder y al verificar las actas presentadas por los congresistas se detectó la falsificación de documentos.
Y es que el acta de sesión extraordinaria de la Comisión de Estudios Constitucionales de fecha 22 de septiembre del 2020; la convocatoria a la sesión extraordinaria, correspondiente al Segundo Periodo del Segundo Año Legislativo, y orden del día de la sesión extraordinaria y la lista de asistencia de la sesión extraordinaria de ese órgano legislativo, NO EXISTÍAN a la fecha de certificación de dichos documentos, situación que evidenciaría.
Así mismo, en el escrito de ampliación de la demanda de amparo interpuesta por López Thomas, acusa la reciente creación de los mismos.
De la misma forma, el acta, convocatoria y lista de asistencia el número de oficio no corresponde a la numeración lógica de la Comisión, ya que se asigna un solo numero de oficio a los 5 oficios de convocatoria de la comisión, el 463-/LXIV/CPEC/2020) y para el día 09 de septiembre de 2020, el número 503/LXIV/CPEC/2020.
Las convocatorias son firmadas por la Presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, cuando todas las anteriores a esa fecha y posteriores, lo realizó el entonces secretario técnico, Enrique López San Germán, “situación que evidencia la reciente creación de los mismos ya que a la fecha no pudo haberlas firmado ya que el secretario técnico falleció”.
Aprobada la nueva Ley de Acceso a la Información Pública Transparencia y Buen Gobierno de Oaxaca, una vez publicada en el diario oficial, el Legislativo, tendrá 30 días naturales, para iniciar con el proceso de selección de los nuevos comisionados y comisionadas del nuevo Órgano de Transparencia y Buen Gobierno de Oaxaca.
Ese nuevo órgano de transparencia, sustituye al hoy, Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIPO) y aumentará de 3 a 5 los comisionados integrantes.
La previa reforma constitucional y nueva ley que da paso a la extinción y depuración del IAIPO, fue aprobada con el aval de los diputados de Morena, PRI, PVEM, PT e Independientes.
Para dar paso a la nueva ley, los diputados y diputadas de Oaxaca, abrogaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante el Decreto número 1690, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 11 de marzo de 2016.
En el SEXTO transitorio, se estableció que se dejan a salvo los derechos adquiridos de las y los trabajadores del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca basándose en la modalidad de su contratación.
