Pagina3.mx / Pedro Matías
- La CIDH solicitó un informe al Estado Mexicano para que informe las razones en las que dieron por muertos y sepultados a 22 comuneros beneficiarios de Medidas Cautelares.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se comprometieron a resarcir los daños causados por la “muerte legal” de mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán pese a estar vivos.
Además, se comprometieron a investigar y sancionar a funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, del Registro Agrario Nacional, y de la Procuraduría Agraria que se encuentran involucrados en estos hechos.
Con el objetivo de privarlos de sus derechos a la tierra y al territorio indígena, funcionarios de esas instituciones declararon como fallecidos y sepultados a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos, 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, precisó que la denuncia sobre la “muerte legal” de los indígenas mixtecos llegó a CIDH.
Y solicitó un informe al Estado Mexicano para que informe ante este organismo internacional las razones en el cual habían dados por muertos y sepultados a 22 comuneros beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH.
Por esta razón, este miércoles 11 de agosto, el gobernador fue citado a una reunión en la Secretaría de Gobernación donde participó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, en la cual ambos se comprometieron a resarcir estos daños a comuneros mixtecos.
La reunión se realizó con los beneficiarios de la Medidas Cautelares MC-113-08 de familiares, amigos y testigos de los asesinatos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé, perpetrados el 30 de abril del 2008 por el ex expresidente municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Freddy Eucario Morales Arias.
El encuentro fue para buscar una forma de solución, ya que dentro de los mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán que fueron declarados como “fallecidos y sepultados” se encuentran 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Ahí, Encinas Rodríguez y Murat Hinojosa reconocieron que efectivamente se violentaron los derechos de mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, al darlos por fallecidos y sepultados, por funcionarios de los Gobiernos Estatal y Federal.
Tanto Alejandro Encinas Rodríguez como Alejandro Murat se comprometieron en “reparar el daño causado a los comuneros para recuperar sus derechos que le fueron violentados de manera arbitraria, para que puedan en su oportunidad elegir a sus representantes agrarios de Santo Domingo Ixcatlán”.
De igual forma, se comprometieron en sancionar a las personas y funcionarios públicos tanto federales, estatales y particulares que participaron en el hecho.
En esta reunión participaron una comisión de 8 personas de los beneficiarios de la MC-113-08 y dos representantes de CEDHAPI.
Santiago Reyes manifestó que “resulta alentador para CEDHAPI que el Estado Mexicano reconozca las violaciones y arbitrariedades que se han cometido en contra de los beneficiarios, que se comprometa a repararlos y se garantice el derecho de no repetición”.
