La periodista Soledad Jarquín Edgar pidió al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la destitución de Rubén Vasconcelos.
Pedro Matías y Paulina Ríos / Página 3 | Foto de portada: Paulina Ríos y Pedro Matías
Oaxaca, Oax. (página3.mx).- A casi tres años y medio de que fueron ejecutados una fotoperiodista, una candidata y un chofer, la Fiscalía General de Oaxaca solicitó el sobreseimiento parcial del expediente “para investigar el caso con perspectiva de género” por lo que fue liberado el único inculpado preso del triple asesinato de junio de 2018.
Por primera vez, la institución de procuración de justicia reconoció “las falencias en la integración de la investigación, así como omisiones y responsabilidad de servidores públicos en el caso que comprende el feminicidio de dos víctimas y el homicidio de un hombre ocurridos en Juchitán de Zaragoza el 2 de junio de 2018”.
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Por todas estas irregularidades, la periodista Soledad Jarquín Edgar pidió al gobernador Alejandro Murat Hinojosa la destitución de Rubén Vasconcelos, “que al menos por esta vez, valore la responsabilidad de Rubén Vasconcelos Méndez que ha dañado al sistema de justicia en Oaxaca y con ello a diversas familias, por lo que debe destituirlo del cargo actual (secretario de Bienestar) que le dio el 31 de mayo pasado”.
De lo contrario, le advirtió será cómplice en esta cadena de acciones y su gobierno “pasará a la historia manchado por la sangre de las víctimas y por el daño que causa la impunidad”.
La periodista Soledad Jarquín Edgar pide a Murat la destitución de Rubén Vasconcelos
Y es que “a mil 170 dolorosos días, la Fiscalía ha informado que la investigación será reiniciada, por lo que se abrió una nueva carpeta de investigación porque el entonces fiscal Rubén Vasconcelos Méndez evidentemente tejió todo un andamiaje de corrupción”, sin embargo, advirtió que seguirá buscando que la justicia llegue, porque hasta ahora la impunidad sigue.
Durante la audiencia de debate realizada hoy en los juzgados de Tanivet, Tlacolula que se realizó la tarde de este lunes, la Fiscalía detectó la falta de elementos probatorios para llevar a buen término un proceso penal contra los responsables del crimen:
“…los errores existentes en la investigación van desde falta de cuidado y conservación de las pruebas hasta fabricación de testigos, los cuales impactan a tal magnitud de que no se cuenta con pruebas suficientes para comprobar ante los jueces la responsabilidad del acusado de iniciales J.E.H.C., lo cual no significa que sea inocente, sino falta de prueba por parte de la institución ministerial”
Además, que, desde un primer momento se omitió investigar con perspectiva de género el caso en el que la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín y la candidata Pamela Itzamaray Terán Pineda, por lo que ahora se iniciaron carpetas de investigación por feminicidio más la que se integró por homicidio calificado contra Adelfo Jiménez Guerra.
Por lo que el caso se abordará con una visión de perspectiva de género, al ser mujeres dos de las víctimas, así también se busca reparar violaciones a los derechos humanos, así como conocer la forma en que sucedieron los lamentables acontecimientos e identificar a los culpables materiales e intelectuales para que reciban un castigo ejemplar.
Tras el análisis, la Fiscalía reconoce las deficiencias en la actuación de servidores públicos que han revictimizado, dilatado y obstaculizado el acceso a la justicia y la verdad, pues parte de la labor de investigación ministerial consiste reparar el daño para aminorar el dolor de los familiares de las víctimas.
A su vez, abogadas, organizaciones feministas y familiares de las victimas afirmaron: “El tiempo nos ha dado la razón. La corrupción, la actuación negligente y deficiente señaladas de forma reiterada y cometidas por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, durante la gestión de Rubén Vasconcelos Méndez, son el origen que llevaron hoy a esa institución a solicitar el desestimiento parcial sobre la causa penal por el delito de homicidio calificado cometido contra María del Sol Cruz Jarquín, Pamela Itzamaray Terán Pineda y Adelfo Jiménez Guerra y del que se acusa a J.E.H.C. en calidad de coparticipe«.
Durante los 42 meses que han transcurrido desde que el triple crimen “hemos señalado las inconsistencias, dilaciones, actos de corrupción, ocultamiento de información, acciones parte de una evidente cadena de hechos que obstaculizan la justicia para María del Sol y las otras dos víctimas”, así lo señaló, Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol.
Advirtió que las instituciones han violentado de forma sistemática el derecho humano a la justicia de las víctimas, el derecho a la verdad histórica de su familia y el derecho a no repetición de la sociedad oaxaqueña.
Por su parte, Yésica Sánchez Maya, miembro del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, señaló que en los últimos tres años y medio la Fiscalía de Rubén Vasconcelos Méndez obstaculizó el cotejo del expediente. “En preparación para la audiencia de debate realizada hoy, hasta ahora lo pudimos hacer”. Ello revela que la obstaculización tenía un trasfondo y que la Fiscalía General del estado construyó un andamiaje profundo de impunidad.
Agregó que la Fiscalía no se pronunció sobre la impunidad en un proceso en el que todo está mal hecho. En referencia al hoy liberado J.E.H.C, indicó que, de acuerdo a lo expuesto hoy por la Fiscalía en el Tribunal de Enjuiciamiento, no era sostenible tenerlo en la cárcel, “lo cual no significa que sea inocente”.
Tras responsabilizar a Rubén Vasconcelos sobre cualquier atentado contra Soledad Jarquín y su familia, la también abogada feminista y defensora de derechos humanos, señaló que la forma en que se conduce Rubén Vasconcelos es evidentemente corrupta porque tejió todo un andamiaje de funcionarios para permear de impunidad a todos los asesinos materiales e intelectuales del caso María del Sol.
Jarquín Edgar dijo que en repetidas ocasiones le solicitaron al exfiscal Rubén Vasconcelos Méndez, hoy Secretario de Bienestar del Gobierno que encabeza Alejandro Murat, le pidieron reclasificara la investigación pues se trataba de dos feminicidios y un homicidio calificado, por lo que debía aplicar el protocolo correspondiente y la investigación debía llevarse a cabo desde la perspectiva de género.
