ERNESTO REYES
La conclusión de la indagatoria sobre lo que realmente ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en la llamada “noche de Iguala”, resultó un mazazo para las mentes y corazones de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que todavía abrigaban alguna esperanza de hallarlos con vida: “La desaparición (forzada) constituyó un crimen de Estado en que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos”.
Con este acto de transparencia, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien encabeza la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, confirmó que el gobierno de López Obrador rompió el pacto criminal y de silencio que en el sexenio de Enrique Peña Nieto mantuvieron delincuentes, servidores públicos y mandos militares.
Es tan fuerte la declaración oficial, que asesores y familiares de los normalistas, aparte de agradecer la solidaridad nacional, se guardaron de fijar una postura de manera inmediata, pues han decidido analizar el informe con la opinión técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos que los ha venido acompañando.
No hay indicios como para hallarlos vivos, les dijo Encinas, porque autoridades federales y estatales, del más alto nivel, fueron omisas y negligentes, lo que permitió su desaparición. Corroborar, además, que oficiales del Ejército también estuvieron involucrados, en colusión con la banda Guerreros Unidos, viene a darle credibilidad a voces periodísticas que afirmaron que se había fraguado una operación criminal para castigar a los estudiantes quienes sin saberlo y por una ingrata coincidencia habían secuestrado, entre los vehículos, un autobús lleno de droga.
Se confirmó finalmente que el militar Julio César López Patolzin documentaba de manera encubierta los movimientos de los estudiantes en torno a los actos preparatorios del 2 de octubre, o sea, funcionaba como espía. Sin embargo, al soldado sus propios mandos también lo sacrificaron o no hicieron alguna acción para localizarlo, violando gravemente los protocolos de búsqueda que tienen todos los ejércitos.
Haber buscado al soldado, refirió Encinas, hubiese cambiado la historia que llevó a todos los jóvenes a la muerte, luego que se dio la orden de desaparecerlos en una acción combinada entre delincuentes, agentes oficiales, policiales, militares, así como funcionarios federales que, una vez que tuvieron en sus manos las investigaciones, inventaron la “verdad histórica” en la que tuvieron una destacada participación el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y Tomás Zerón, encargado de la Agencia de Investigación Criminal.
En las investigaciones en curso se podrá establecer si el titular de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos -el reciente invitado de Alejandro Murat a la Guelaguetza- había aprobado el operativo, y llegar hasta donde haya que hacerlo para que los crímenes de Estado jamás se repitan.
El amplio informe señala que en la desaparición y presunta muerte de los 43 jóvenes y seis personas más, se coludieron autoridades que ordenaron alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad. Por los testimonios y evidencias, se acredita, además, que los normalistas fueron arteramente ultimados y desaparecidos en diversos lugares, incluyendo el basurero de Cocula.
¿Y qué procede entonces? Pues las conclusiones contienen indicios suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades y se haga justicia, evitando la impunidad. El subsecretario advirtió que no se va a solapar ningún abuso y violación a derechos humanos por lo que “la investigación y búsqueda de los estudiantes continúa”, porque el delito de desaparición forzada no prescribe.
Dicho lo anterior, quedan algunas preguntas y dudas que se irán contestando en el futuro: ¿Se citará a declarar además de Murillo Karam, a Tomás Zerón (si se logra su extradición de Israel), a los mandos del batallón, al mismísimo general Cienfuegos y al presidente Enrique Peña Nieto?
La justicia en el caso Ayotzinapa llevará a establecer si todo el funcionariado civil y militar que tuvo conocimiento contribuyó a proteger los crímenes y ocultar la verdad y, además, mentirle a los familiares y a la nación entera para proteger intereses delincuenciales. Se ha roto el pacto de silencio y esto es mérito del presidente López Obrador. Así de claro. Un régimen democrático informa, aunque sea muy doloroso para las familias y además toca el mismísimo poder militar que antes se protegía.
@ernestoreyes14
