Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) investiga la actuación de autoridades municipales de Santo Domingo Teojomulco y dicta medidas cautelares a favor de 16 personas que mantienen encarceladas desde hace cinco meses.
Considera que estos casos podrían calificarse de “grave violación” a derechos humanos por la privación de la libertad de 14 personas por el tema de las adicciones y dos por situaciones administrativas.
Luego de que se diera a conocer la privación de la libertad de Érika D.M y Rubén G.S. por más de cinco meses en los separos municipales de Santo Domingo Teojomulco, la Defensoría advirtió que este hecho representa una grave violación a los derechos humanos y llamó a las autoridades estatales a intervenir de manera inmediata.
Al mismo tiempo, dictó medidas cautelares mediante las cuales pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciar una carpeta de investigación por privación de la libertad.
Además de que personal de dicha institución se constituya en la cárcel municipal para constar que las personas se encuentran en el lugar y, en caso de que hayan incurrido en un delito, las pongan a disposición, o bien, les garanticen la libertad.
A través del expediente DDHPO/1609/(20)/OAX/2022, solicitó a la Secretaría General de Gobierno (Segego), llevar a cabo las mesas de negociación, así como mediación para lograr la liberación de ambas personas.
La Defensoría también requirió al municipio que rinda un informe sobre los hechos que se les atribuyen, además de abstenerse de causar actos violatorios a los derechos humanos de Érika y Rubén, así como a sus familiares.
La DDHPO también tiene conocimiento de la detención de otras 14 personas en ese mismo centro municipal, entre los que se encuentran:
- Ahidan B.,
- Félix A.,
- Julián R.,
- Ezequiel M.,
- Crisóstomo M.,
- Avelino L.,
- Benancio R.,
- Benito C. y
- Lorenzo S,
hecho por lo que también se tiene otro expediente abierto.
De acuerdo con las leyes vigentes en el país, el arresto por faltas administrativas en centros municipales no debe superar las 36 horas, y si bien se reconoce la jurisdicción normativa de las comunidades indígenas para establecer sanciones, estas también tienen límites.
El organismo autónomo reiteró que las cárceles municipales son sitios de riesgo por la ocurrencia de violaciones a derechos humanos, de tal forma que tan solo de 2015 a octubre de 2022, se han presentado 17 muertes, de las cuales cuatro han ocurrido en este 2022 en los ayuntamientos de Salina Cruz, Huatulco, Juquila y Tlalixtac de Cabrera.
El caso de Érika, Rubén y otras 14 personas, quienes durante meses han sido privados de su libertad en Teojomulco, pone un nuevo precedente de actos graves de violaciones a derechos humanos que pueden registrarse en los centros de detención municipal.
Detalló que el pasado fin de semana, a través de las redes sociales, se dio a conocer el caso de Érika y Rubén, administradora y auxiliar de la gasolinera comunitaria de Teojomulco.
Ambas personas son acusadas por la autoridad municipal de un supuesto faltante de 10 millones de pesos.
Las personas detenidas niegan esa acusación y piden hablar con la asamblea comunitaria para explicar que esos ingresos no se recaudan en todo un año y que, por el contrario, desde que los nombraron aumentaron los ingresos.
Sin embargo, no les han dado la oportunidad de defenderse ni explicar.
Por el contrario, los han encarcelado desde hace cinco meses, pese a que Érika dejó a un bebé de nueve meses y que ya presenta índices de desnutrición, mientras que Rubén se encuentra enfermo de cáncer.
La advertencia es que “hasta que no pagues, te quedas detenido” y la amenaza es que si denuncias “tu familia que va a pagar las consecuencias”.
La Defensoría mencionó que hace un mes iniciaron otro expediente porque se sabe que 14 personas con problema de adicciones se encuentran privados de su libertad.
Aunque se le pidió un informe a la autoridad, ésta lo negó alegando que no es la cárcel municipal, sino una construcción donde se va a crear un centro de rehabilitación y que no están internados de manera permanente.
