Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Al documentar 19 muertes en cárceles municipales de Oaxaca durante los últimos siete años, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Recomendación General dirigida a los 570 municipios de la entidad, así como a autoridades estatales de seguridad, procuración y administración de justicia.
La Defensoría también documentó que, entre enero de 2020 y noviembre de 2022 se han registrado 538 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas presuntamente por elementos de las policías municipales.
Antes, ya se habían emitido tres Recomendaciones relacionadas con decesos de personas al interior de los centros de detención municipal de San Antonino Castillo Velasco (06/2018); San Pedro Apóstol (02/2020) y Santa María Alotepec Mixe (05/2022).
Detalló que, de 2015 a la fecha ha documentado 19 expedientes relativos a decesos de personas en Santa María Camotlán, Santiago Juxtlahuaca, Tezoatlán de Segura y Luna (donde hubo dos casos, uno de ellos en la Agencia de Policía de San Martín del Río); La Ciénega Zimatlán; Huajuapan de León; Santa Lucía del Camino; Teotitlán de Flores Magón; San Juan Bautista Tuxtepec; Tataltepec de Valdés; Matías Romero Avendaño; El Espinal; San Juan Lajarcia; Salina Cruz; Santa María Huatulco; Santa Catarina Juquila; Tlalixtac de Cabrera; Juchitán de Zaragoza; y, San Andrés Chicahuaxtla.
Mencionó que en 14 casos identificaron que las autoridades señalaron que las muertes ocurrieron por suicidio, mientras que, en cinco, argumentaron la existencia de complicaciones por enfermedades o malestares de las personas detenidas, que derivaron en su muerte.
En tres de los casos aludidos en el documento, las personas privadas de la libertad, se señala que se quitaron la vida con el cinturón que portaban, lo cual forma parte del cuidado que deberían tener las autoridades ante quienes se encuentran a disposición, asegurarse que las personas detenidas no posean en ese momento prendas u objetos con los que pudieran hacer daño a otras personas o a ellas mismas, como las agujetas, y precisamente el cinturón.
En la investigación, la Defensoría advierte la gravedad del caso de Zeferino S.M., quien, al encontrarse detenido en la cárcel municipal de Santa Lucía del Camino, fue agredido físicamente por un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones y otras personas más que lo acompañaban, lo que ocasionó su posterior muerte.
Lo cual significa que no se tuvo control alguno sobre quién o quiénes podían acceder al espacio donde se encontraba a disposición de la autoridad, ni la vigilancia debida para asegurarse de que no sufriera daños en su integridad; o bien, que existió colusión entre diferentes autoridades para cometer actos contrarios a derecho en contra de la persona detenida, que tuvieron como consecuencia su muerte.
“En el caso concreto de quien en vida respondiera al nombre de Salvador L.V., se documentó que dicha persona fue víctima de homicidio mientras se encontraba en la cárcel municipal de El Espinal, lo que pretendió hacerse pasar por un suicidio, pues en el primero de los dictámenes médicos que precedió a la exhumación del cuerpo, la necropsia concluyó que se trató de asfixia por ahorcamiento (suicidio); mientras que dos dictámenes forenses emitidos con posterioridad, arrojaron que dicha persona perdió la vida por asfixia por estrangulación armada, esto es, que fue víctima de un homicidio mientras se encontraba bajo la custodia de una autoridad”, señala el documento.
La Defensoría advierte que, si bien en cada uno de los casos documentados en la Recomendación General se han iniciado averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, la mayoría no trascienden la responsabilidad en que, al menos por omisión, pudieran haber incurrido los servidores públicos encargados del resguardo de las personas.
Por tanto, resulta indispensable que se investiguen a fondo los hechos ocurridos, toda vez que ello resulta no solo de interés para la familia de las personas que perdieran la vida en esos espacios, sino que también es una cuestión de orden público al relacionarse con la seguridad pública y la procuración de justicia.
En la Recomendación General se solicita en colaboración a la Secretaría General de Gobierno que: en coordinación con los ayuntamientos de Santa María Camotlán; Santiago Juxtlahuaca; Tezoatlán de Segura y Luna; La Cienega, Zimatlán; Huajuapan de León; Santa Lucía del Camino; Teotitlán de Flores Magón; San Juan Bautista Tuxtepec; Tataltepec de Valdés, Juquila; Matías Romero Avendaño; El Espinal; San Juan Lajarcia, Yautepec; Salina Cruz; Santa María Huatulco; Santa Catarina Juquila; Tlalixtac de Cabrera; y en su caso, a Juchitán de Zaragoza; y, San Andrés Chicahuaxtla; generen las acciones que correspondan para que las víctimas indirectas de los hechos delictivos y de violaciones a derechos humanos, tengan acceso a una reparación integral del daño y se les brinden las medidas de restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica en términos de la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca.
Mientras que, a los concejales e integrantes de los ayuntamientos antes mencionados, coadyuven con las autoridades de procuración y administración de justicia en la integración de las diferentes averiguaciones previas y/o carpetas de investigación relacionadas con las muertes al interior de cárceles municipales, y en aquellos casos en los que proceda, se realice la reparación del daño correspondiente en términos de la Ley General de Víctimas y Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca.
En tanto que, pide en colaboración a la Fiscalía General del Estado, para que a la mayor brevedad posible realice las diligencias necesarias para integrar y determinar las averiguaciones previas y en su caso, judicializar las carpetas de investigación relacionadas con las muertes de personas en los separos o cárceles municipales.
Y al Congreso del Estado de Oaxaca le solicita se legisle para reforzar la normatividad existente a fin de garantizar los derechos humanos de las personas en detención en los ayuntamientos del estado.
A la Secretaría de Seguridad Pública, solicita que, en coordinación con las autoridades municipales se capacite al personal policial de los ayuntamientos en el estado y sus agencias, sobre derechos humanos, perspectiva de género, atribuciones y responsabilidades propias del personal en materia de seguridad pública, uso de la fuerza, y todas aquellas otras relacionadas con sus actividades, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las cárceles y/o separos municipales.
