Tras el acompañamiento político y jurídico que recibió de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos en Guerrero, recuperó su libertad en diciembre de 2022. Un caso que destapó el racismo y la misoginia de la justicia, en plena discusión sobre la despenalización del aborto en este estado, al suroeste de México. Detalles desconocidos de su vida y proceso.
El dolor es intenso y va del abdomen bajo a la zona lumbar. La tumba a la cama. Un torrente precipitado baja por su útero, con la fuerza de un alud. Con el sangrado, expulsa una masa corporal que desconocía. Está asustada y débil. Nadie más está en casa. Ni sus primos, ni su tía. Camina hasta la cocina y con un cuchillo común corta el cordón umbilical como puede. Deja el pequeño cuerpo sin vida en una caja de zapatos. Se desvanece. Es 1 de octubre de 2019.
Aurelia García Cruceño llegó a la casa de su tía Lucía Palazin, en Iguala, hace cuatro meses. Ella aceptó recibirla a cambio de que le ayudara en las tareas domésticas: limpiar la casa y preparar las comidas. Aurelia no hablaba español, pero deseaba por encima de todo salir de su pueblo, Xochicalco, una comunidad nahua de Chilapa, de 360 habitantes, en el estado Guerrero, al sureste de México. Tiene 19 años, nunca había estado embarazada. Mide menos de metro y medio. Su lengua materna es el náhuatl. Estudió hasta la Secundaria. Su intención era escapar del último hombre que la agredió sexualmente, una autoridad comunitaria de su pueblo.
De niña fue violentada sexualmente por un hombre de su círculo familiar. Siempre escuchó que a las mujeres que quedaban embarazadas antes del matrimonio las quemaban vivas. Cuando sospechó que ese era su caso, pidió orientación en la Casa de Salud, pero se la negaron. Entonces, tomó todos los tés y brebajes que le dijeron para estos posibles casos; olvidó lo sucedido, recogió sus cosas y salió de su pueblo.
Esa noche del 1 de octubre de 2019, en Iguala, Aurelia se desangraba cuando llegaron sus familiares a casa. Sus signos vitales eran muy débiles, según el paramédico Jason Muñoz, que la vio a media noche. Por eso pidieron una ambulancia y la llevaron al Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo. Sus familiares no salían de su sorpresa. Días atrás, Aurelia solo tenía cólicos menstruales y la tía le dio unas pastillas antiinflamatorias para aliviar el dolor. Le dijo que si seguía con el dolor irían a un hospital. ¿De dónde pudo salir ese pequeño cuerpo si Aurelia era tan delgada?, se preguntaron.
En la madrugada del 2 de octubre de 2019, cuando Aurelia retomó la conciencia, se vio esposada a la cama hospitalaria. No entendía nada. Seguía un poco anestesiada del legrado que le hicieron para retirar los residuos de la placenta en el útero. El personal del hospital llamó a los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y trasladaron a una cárcel mixta a los dos días (4 de octubre) sin que le dieran el alta del hospital. La acusaron, supuestamente, de matar a su hijo, de cerca de ocho meses de gestación, y la condenaron, el 8 de julio de 2021, a trece años y cuatro meses de reclusión.
Aurelia narró a la abogada Verónica Garzón Bonetti, con mucha dificultad, los hechos que recordó de esa noche y madrugada que le cambiaron la vida, durante un acompañamiento psicológico y jurídico de preparación para enfrentar el delito que le endilgaban: homicidio en razón de parentesco.
El encierro
El cuarto es pequeño. La voz de Aurelia es casi inaudible. Se le ve triste. Se encorva y baja la mirada para musitar alguna palabra. Es 4 de marzo de 2022. Las activistas de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, una colectiva integrada por diversas organizaciones de mujeres de Guerrero, visitan a Aurelia por primera vez en el Centro de Readaptación Social de Iguala. Desde ese día, no la dejaron sola. La acompañaron en la intimidad del penal y dieron a conocer su caso en la opinión pública.
A la par, las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democráticos (IMDHD), Ximena Ugarte y Verónica Garzón Bonetti, decidieron llevar su defensa en el terreno legal. Lucía, la tía de Aurelia, buscó a Garzón Bonetti por su reconocida lucha por los derechos humanos de las mujeres.
En esos encuentros, que se extendieron durante todo el 2022, Aurelia les contó de a poco, como las pausadas gotas de un proceso de destilación, que extrañaba mucho a su mamá y a su papá, Agustina Cruceño y Alberto García. Les dijo que anhelaba, algún día, poder construirles una casa. Con el poco español que había aprendido, narró que adentro de la cárcel solía escuchar la radio, que veía algunas series de televisión, y que compartía celda con una mujer que tenía un niño pequeño con el que jugaba a menudo y con otra, que era mayor que ella. Explicó que trabajaba en un puesto de aguas frescas dentro del penal, pero que su deseo era estudiar y convertirse en maestra. También, que adentro estaba Mayra Onofre, recluida por el mismo delito, homicidio en razón de parentesco.
Los primeros abogados que tuvo Aurelia la llevaron a aceptar un proceso penal abreviado. Es decir, un proceso que termina de manera anticipada con una sentencia condenatoria. Por eso, cuando las abogadas Ximena Ugarte y Verónica Garzón tomaron el caso, apelaron la sentencia y pidieron a la justicia que le permitiera a Aurelia defender su inocencia en un juicio oral. El 17 de enero de 2022, la magistrada Indalecia Pacheco León les dio la razón, revirtió la sentencia condenatoria y repuso el procedimiento judicial, por las graves violaciones a los derechos humanos que identificó en el procedimiento.
Para el IMDHD, la magistrada reconoció que Aurelia “fue juzgada por un sistema jurídico al que ella no pertenece y cuyas reglas no comprende. Y en el camino, además, sufrió discriminación por ser mujer, por ser indígena, por ser migrante y por encontrarse en situación de pobreza”. Para ese momento, además, Aurelia ya había pasado presa dos años y dos meses. Por eso, las abogadas pidieron al juzgado que le permitiera enfrentar el proceso en libertad, ya que había superado el tiempo máximo de reclusión preventiva (dos años) que establece la Constitución Política Mexicana, no tenía antecedentes penales y no representaba ningún riesgo para la sociedad.
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