Pedro MATÍAS
OAXACA, (pagina3.mx).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 02/2023 al Gobierno del Estado por Cártel del Despojo.
Debe ofrecer una disculpa pública a los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez.
Y es que en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa sus colaboradores actuaron como “delincuencia organizada” para robarles identidad y despojarlos de sus propiedades.
La Defensoría precisó que examinaron los hechos y evidencias en el expediente DDHPO/0835/(01)/OAX/2021.
Fue derivada de la queja presentada por los hermanos Gómez Conzatti y Martínez y por la señora Martínez Ramírez.
Tras una investigación exhaustiva, acreditaron violaciones a sus derechos humanos, relativos al derecho a la identidad, la propiedad y al derecho a la buena administración.
El organismo señaló que es indispensable que se restablezcan las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse las violaciones a derechos humanos.
Debe ser a través de los procedimientos legales conducentes.
Y la Dirección del Registro Civil, el Instituto Catastral y el Instituto de la Función Registra.
Esas instituciones deben implementar los mecanismos necesarios para restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse las violaciones.
La recomendación va dirigida a la Consejería Jurídica del gobierno de Oaxaca.
A esta instancia le corresponde conocer de la actuación de las Direcciones Generales del Registro Civil y de la del Instituto de la Función Registral.
Así como a la Secretaría de Finanzas, la cual coordina la función de la Dirección General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca.
Cabe mencionar que el 25 de mayo del 2021, los hermanos Conzatti presentaron su queja ante la Defensoría, por lo que después sería llamado «Cártel del Despojo».
En septiembre del 2020 consultaron la página web de la Dirección del Registro Civil y notaron que sus registros de nacimiento habían desaparecido.
En su lugar se encontraban tres registros a nombre de personas distintas.
Además, al revisar la información de sus propiedades, se percataron que el Instituto de la Función Registral ocultó los registros.
Al realizar una consulta en el sistema del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, advirtieron también irregularidades.
Los registros catastrales de inmuebles de su propiedad ubicados en el centro de esta ciudad mostraban un movimiento descrito como compraventa en el año 2021.
Los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez denunciaron que desde el gobierno del priista Alejandro Murat se enfrentaron a una red de “delincuencia organizada”.
Denunciaron que desde el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca maquinaron el despojo.
Así como el robo de identidad, al desaparecer sus actas de nacimiento en el Registro Civil de Oaxaca.
Además de la desaparición de expedientes de los dos inmuebles en el Instituto Catastral del Estado.
Entre los ex colaboradores de Murat involucrados en lo que se ha llamado el “cártel del despojo” se encuentran:
- Christian Hernández Fuentes, titular del Registro Civil del Estado de Oaxaca durante el periodo de materialización del robo de identidad (2018-2020)
- Carlos Cruz Benítez y Omar Hernández Medecigo, encargados del despacho del Departamento del Archivo Central del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2020).
- Juan Gabriel Rodríguez Matus, Jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil.
- Primer Oficial del Centro del Registro Civil del Distrito del Centro (2017-2019).
- Segundo Oficial del Centro Registro Civil (2017-2019).
- Oficial de Tlacolula del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2019).
- Jorge A. Zárate Medina, director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca.
- José Antonio Lara Rodríguez, Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral.
- Gilberto Gamboa Escobar, director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca.
- José Octavio Tinajero Zenil, entonces Consejero Jurídico del Estado de Oaxaca.
La Recomendación pide investigar la probable responsabilidad de servidores públicos involucrados en los hechos, para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.
Y solicita se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y una disculpa pública a quienes sufrieron menoscabo en sus derechos fundamentales.
Finalmente, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca indica que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación deberá ser informada a este Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación.
