Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- En Oaxaca se han profundizado las violaciones a los derechos humanos, aunado a que persisten retrocesos:
- Simulación
- Omisión
- Negligencia
- Corrupción
- Falta de autonomía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Así lo reveló el Informe Ciudadano “Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación”.
El documento fue entregado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca concluyeron que persiste la “continuidad entre las administraciones priistas y morenistas”.
Pese a que existió una alternancia política tanto a nivel federal como estatal entre el PRI y Morena, persiste “la falta de voluntad política”.
“Ello ha sido el principal obstáculo para enfrentar la grave situación por la que atraviesa el estado. La ‘paz’ es solo una narrativa gubernamental y parte de la simulación”.
El Informe Ciudadano 2018-2023 tiene como objetivo reflejar la situación de los derechos humanos en Oaxaca.
Se hace en el marco de la cuarta evaluación del Estado Mexicano por el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU).
Organizaciones como:
- Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca,
- Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto,
- Centro de Apoyo para la Educación (EDUCA),
- Creatividad Calpulli,
- Servicios para una Educación Alternativa y
- Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI Capítulo-Oaxaca).
Reiteraron que nada cambió entre el PRI de Alejandro Murat Hinojosa y el morenista Salomón Jara Cruz, todo empeoró.
Marcos Leyva Madrid, director de EDUCA, leyó el pronunciamiento.
Denunciaron que “la violencia machista permea todos los niveles de gobierno.
“Diversos personajes señalados y denunciados por violencia de género fungen como funcionarios de alto nivel en el Gobierno del Estado.
“Donato Vargas Jiménez fue denunciado por violencia familiar y señalado por participar en redes sociales con mensajes de carácter pornográfico en perjuicio de mujeres indígenas”.
También se profundiza la militarización, en particular en zonas donde pueblos indígenas luchan contra la imposición de megaproyectos.
Además de dotar de presupuestos históricos para la militarización de la seguridad pública.
Este despliegue de las fuerzas armadas en Oaxaca está acompañado por un creciente número de quejas en su contra, en particular contra la Guardia Nacional.
Muestra de ello, dijo, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició 77 quejas contra la Guardia Nacional:
- 19 quejas en 2020
- 25 en 2021
- 33 en 2022
De igual forma, la violencia feminicida sigue en aumento.
De 2018 a 2022 se incrementó 126% en feminicidios y de 131.7% en desapariciones de niñas y mujeres, tan solo en el 2021.
El marco jurídico federal y estatal agudiza la imposición de proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura, y la consecuente violación del derecho a la libre determinación.
Tan solo en el caso de proyectos extractivos, hasta 2020 se otorgaron 294 concesiones mineras en el estado de Oaxaca: 45 proyectos mineros.
En este contexto, se agravaron de manera alarmante las agresiones contra personas defensoras, documentándose 47 asesinatos (2018-2023).
Esa cifra ubica a Oaxaca como el estado más letal para la defensa de derechos humanos.
Destacó que la mayoría de personas defensoras asesinadas pertenecía a un pueblo indígena y defendía la tierra y el territorio.
Además, la privación ilegal de la libertad como práctica para disuadir procesos de defensa, como el de Pablo López Alavez, defensor zapoteco encarcelado injustamente.
La misma situación acontece con periodistas.
Oaxaca es la quinta entidad con más asesinatos de periodistas (2018-2022).
Entre los casos emblemáticos se encuentran los asesinatos de los periodistas Heber López Osorio y Agustín Silva Vásquez.
Y de los defensores del Río Verde:
- Fidel Heras Cruz,
- Jaime Jiménez Ruiz,
- Raymundo Robles Riaño,
- Noé Robles Cruz,
- Gerardo Mendoza Reyes y
- Filogonio Martínez Merino.
La impunidad es el mayor agravio del Estado.
El sistema de justicia se caracteriza en este periodo, por falta de independencia, dilación, corrupción, negligencia y falta de personal especializado.
En el evento, Yésica Sánchez Maya, de Consorcio-Oaxaca, remarcó que los partidos van y vienen y las fuerzas políticas se acomodan.
Sin embargo, agregó, se mantiene un continuo debilitamiento de instituciones.
Respecto a la ley 3 de 3, cuestionó la complicidad que persiste porque “hay políticos que tienen resoluciones en su contra y no se les destituye.
Ejemplificó el caso de la subsecretaria de Prevención y Violencia de Género de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, Yolanda Adelaida Santos Montaño.
El caso de Donato Vargas o el hermano de Adelfo Regino, que tienen señalamientos en contra, pero no pasa nada.
“Esta ley quedó grande o como letra muerta”, fustigó.
En cuanto a la violencia feminicida, detalló que en este tiempo hay sentencias en solo el 5% de los feminicidios registrados por la sociedad civil.
Es decir, se han dictado 29 sentencias de 2018 a marzo de 2023 de 602 feminicidios registrados.
Otro tema que preocupa es la imparable desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en Oaxaca.
Mil 943 desaparecidas de 2018 al 2022, en el periodo del priista Alejandro Murat, y 254 en el primer semestre del morenista Salomón Jara.
Diana Leticia Pérez López, del Centro Calpulli, cuestionó a la 65 Legislatura local por el retroceso que marcó en materia de derechos de niñeces y adolescencias.
Violó el principio de progresividad a los derechos que ya había ganado, como lo era el derecho a una alimentación sana y nutritiva.
Flora Gutiérrez, de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, cuestionó la militarización.
Aseveró que está solo para cuidar intereses del gobierno y de empresas transnacionales.
Y atenta contra el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos, mientras que la inseguridad va en aumento.
En tanto, la periodista feminista Soledad Jarquín Edgar enfatizó que desde el sexenio de José Murat Casab pensó que no habría peores gobernadores.
Pero vino Ulises Ruiz, Gabino Cué, Alejandro Murat y ahora Salomón Jara y cada vez son peores, asentó.
Mientras que Mario Hurtado, de EPUmx, reconoció que más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil presentaron 18 informes temáticos.
Derivados de la grave crisis que vive México en materia de derechos humanos como desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, migración, feminicidios, entre otros.
Hizo hincapié en la militarización que se agudiza, pero preocupa que no hay un plan gradual de retiro; es decir, que llegaron casi para quedarse.
Otra cosa que preocupa, abundó, es el debilitamiento del estado de Derecho.
“Nos preocupa la falta de aplicación de leyes, incapacidades institucionales; el debilitamiento del espacio cívico y el tema de la impunidad.
“Preocupa que 11 estados continúan sin una armonización de la Ley General de Desaparición Forzada, es un pendiente de este sexenio.
“Aunado que las Comisiones de Búsqueda no cuentan con el personal suficiente.
“En este sexenio hay alrededor de 40 mil personas han sido desaparecidas, para un cúmulo total de 110 mil desaparecidas.
Finalmente, Ximena Ramos, de ONU-DH, reconoció que México recibió 264 recomendaciones, de las cuales aceptó 262 en el último periodo del EPU.
Durante la presentación dieron a conocer también el mensaje emitido por la Relatora sobre la Situación de Personas Defensoras.
Mary Lawlor expresa su preocupación por el alto riesgo en que están las personas defensoras en Oaxaca.
E instó a la liberación inmediata del defensor detenido arbitrariamente desde 2010, Pablo López Alavez.
