Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Por andar en campaña para reelegirse, integrantes del 65 Legislatura de Oaxaca no han aprobado la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO).
Ello ha provocado que el gobierno federal haya suspendido la beca de 321 estudiantes indígenas y acceso a fondos para la infraestructura y equipamiento de la misma.
La iniciativa de ley fue turnada el 03 de abril a la Secretaría de Servicios Parlamentarios.
El Decreto de Ley fue remitido el 30 de mayo de este año a la Dirección de Apoyo Legislativo para trámite correspondiente.
Sin embargo, es la fecha que no es turnada al pleno para su lectura y aprobación correspondiente.
“Desde esas fechas lo que hemos recibido son excusas y pretextos que no nos dan certeza del por qué la Ley Orgánica, derivada de la consulta previa, libre e informada”.
Así denunciaron las autoridades de la UACO encabezada por el rector Rigoberto Vásquez García; el secretario general Sebastián Espina Martínez y el coordinador académico, Eufemio Felipe Jiménez.
Detallaron que desde septiembre pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió la beca de 321 estudiantes de la UACO.
El argumento fue que “dado la inseguridad de la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca se dan de baja a sus estudiantes del Programa de Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro de la Secretaria de Bienestar”.
Esta decisión federal es un “golpe bajo” porque pretende la desarticulación y desaparecer a esta universidad.
Esa inacción genera la deserción escolar y fortalece la emigración, así como la adicción a sustancias tóxicas.
En síntesis, “tenemos muchas afectaciones por defender nuestra ley y nuestra universidad, pero sobre todo están atentando contra los estudiantes”.
Dejaron de percibir 4 mil 800 pesos bimestrales.
Ahora los maestros van a las comunidades porque los alumnos no tienen 100 pesos para su transporte diario.
“Ante esta delicada situación en la que nos han colocado exigimos a las y los diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura respetuosamente:
“Legislar en los términos que establece la sentencia, lo cual se resume en el Dictamen ya elaborado por la Comisión Permanente de Educación Ciencia y Tecnología, que se encuentra listo desde el pasado 30 de mayo del presente y que está suspendido”.
Y “les demandamos que siga su proceso legislativo en los términos en los que se encuentra, el cual es resultado no solo del proceso de consulta, sino que también surgió desde las propuestas de los pueblos y comunidades indígenas y del pueblo afromexicano de Oaxaca”.
En una conferencia de prensa realizada frente al Palacio de Gobierno, consejeros y consejeras legales de la Asamblea Académica Comunal de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, nombrados por asambleas comunitarias explicaron que en el 2020 nació la UACO como resultado y respuesta a una histórica demanda desde los mismos pueblos para acceder a una educación superior culturalmente adecuada y pertinente para el contexto pluricultural y diverso que entreteje el territorio oaxaqueño.
Se logró que el Congreso respondiera y diera atención a esta demanda, que con mucho esfuerzo y trabajo pugnaron los pueblos y comunidades para ejercer el derecho a decidir y establecer sus propias instituciones educativas.
De conformidad con sus sistemas de conocimiento, cultura y organización, tal y como lo establece el artículo segundo constitucional, así como el derecho de las y los jóvenes indígenas y afromexicanos a acceder a la educación superior en igualdad de oportunidades y condiciones.
“¡Hoy la UACO existe! Actúa en más de 40 comunidades, tiene más de 1.200 estudiantes y una estructura de gobierno sustentada en las 16 Asambleas Universitarias Comunales de nuestros 16 Centros Universitarios Comunales y en la Asamblea Académica Universitaria”.
Sin embargo, el 31 de agosto de 2021, a poco más de un año de haberse publicado la Ley Orgánica de la UACO y ya iniciadas las actividades académicas en 16 Centros Universitarios Comunales, están sin haber recibido un solo peso de presupuesto público sino basados en el tequio y el aporte comunal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar el decreto, mandatando reponer el proceso legislativo, en un plazo de 18 meses, para realizar la consulta correspondiente y legislar en materia de educación como derivación de dichos foros de consulta. Cosa que no hace con escuelas privadas.
“Pese a lo absurdo de la situación, las comunidades UACO decidimos caminar junto con el Congreso del Estado y en particular con la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología, para la realización del proceso de consulta, el cual fue realizado con éxito en el periodo del 27 de enero al 04 de marzo de 2023 y los resultados fueron más que favorables porque la UACO salió más fortalecida pues se dio a conocer más ampliamente y desató una oleada de numerosas solicitudes de comunidades, que históricamente han sido marginadas en el acceso a una educación en sus propios territorios”.
Por su parte, vimos el compromiso del Congreso del Estado y de los y las integrantes de la Comisión de Presupuesto y Programación al elaborar el dictamen en tiempo y forma, atendiendo lo señalado en la sentencia, así mismo recogiendo las opiniones de los foros de consulta.
Consideran que fue el diputado de Morena, Luis Alfonso Silva Romo, quien ha trabado el dictamen cuando estuvo al frente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Oaxaca y ahora se encuentra en plena campaña política para ser candidato a la presidencia municipal de la capital de Oaxaca.
“Algo sucedió, se avanza, se realiza el dictamen, el dictamen está firmado, el dictamen ya está en la Junta de Coordinación Política que presidía el diputado Luis Alfonso y se van a receso y se estanca.
“Este contexto coloca al Congreso del Estado en incumplimiento de la sentencia de la SCJN puesto que desde febrero de 2023 se venció el término definido en dicha sentencia”, puntualizaron.
Esta situación no es ajena a la actual administración que encabeza el gobernador Salomón Jara, ya que han informado a la titular de la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo a quienes han solicitado su apoyo e intervención; ha habido respuestas institucionales y siguen una ruta de trabajo, sin embargo, en el Congreso no ha habido una respuesta legislativa, recalcaron.
Finalmente advirtieron: “Estamos de acuerdo con el dictamen ya elaborado, por lo tanto, respaldamos ese trabajo realizado. Si hay alguna pretensión de realizar modificaciones a ese dictamen o realizar una nueva iniciativa de ley, tengan la certeza que recurriremos a todas las instancias y mecanismos a nuestro alcance para seguir operando y defender nuestra autonomía y los derechos de las comunidades de aprendizaje, así como el derecho de los pueblos y comunidades de Oaxaca a su autonomía y libre determinación”.
