Jorge Hernández-Díaz
Decir que las elecciones que se aproximan son las más importantes de la historia del país ya parece una frase gastada, trillada, se ha repetido en otras ocasiones desde que en México dio inicio un proceso lento y gradual de democratización.
Algo tiene de cierto, ya que en esta ocasión habrá un número mayor de cargos de elección popular que serán disputados.
Los comicios concurrentes obligan a concretar en una sola fecha la selección de puestos tanto del poder Legislativo y Ejecutivo federal como las del Poder Legislativo de 31 entidades (todo el país, excepto Coahuila), nueve Ejecutivos estatales y también las presidencias municipales y sus respectivos cabildos, así que estamos hablando de más de 20 mil posiciones que serán disputadas por los distintas coaliciones y partidos políticos en un mismo día.
Es sin duda un proceso de grandes proporciones y complejidades que demanda un funcionamiento impecable de las instituciones electorales y la vigencia plena de los principios que las rigen, especialmente los de certeza, legalidad e imparcialidad.
Nada de eso debería llamar a la sorpresa si nuestro sistema político fuera plenamente democrático y el sistema electoral funcionara como se espera en una democracia consolidada; desafortunadamente no es así, pues lo que tenemos al momento son instituciones cuyo ejercicio es inestable.
Los problemas son múltiples, algunos de ellos son resultado tanto del diseño del sistema electoral como de las lagunas que tiene la reglamentación vigente del sistema electoral mexicano, además de las dificultades o problemas de la composición e integración de las autoridades electorales, especialmente me refiero a quienes arbitraran los comicios, tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como al Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF).
Como muestra tomemos solo el ejemplo de las candidaturas a la Presidencia de la República.
Acaba de terminar formalmente el periodo de las precampañas, lapso en el que se supone los partidos políticos o las coaliciones debieron de haber mantenido una contienda interna para seleccionar a sus candidatos, prácticamente lo que en otros países se conoce como las elecciones primarias.
Ahora sigue un periodo intercampañas para después, el 28 de febrero, puedan iniciar las campañas de los candidatos a la presidencia.
Al parecer lo que dice la reglamentación electoral es letra muerta, ya que en el periodo de precampañas no hubo ninguna competencia interna, las candidaturas ya estaban definidas aun antes de iniciar las precampañas, tan es así que los partidos y coaliciones tuvieron que recurrir a artificios en sus anuncios publicitarios que presentaban como mensajes dirigidos solo a los militantes de sus respectivos partidos, pero que todos tuvimos que escuchar.
No hubo en ese periodo ninguna contienda interna y por tanto no tendrían porque haberse utilizado esos espacios, si las candidaturas ya estaban definidas para qué simular una competencia interna, pero lo hicieron y justificaron aduciendo interpretaciones a modo de la ley electoral.
Como es ya conocido, los legisladores, más fieles a sus partidos que a la ciudadanía que los eligió, formulan las reglas a sabiendas de que pueden permitir lo que debieran estar prohibido.
Entramos a un periodo de intercampañas en el que se supone descansaremos de la parafernalia partidista, pero no será así, pues los partidos y sus candidatos -como lo veremos- estarán bastante activos, aunque sus actos sean considerados foros o reuniones privadas.
Como éstos, abundan los ejemplos en los que se aprovechan resquicios en la legislación electoral para hacer lo que no deberá permitirse, así los contendientes terminan por hacer de este un proceso más complicado y con mayores dificultades para vigilar de lo que debiera ser.
Para empeorar las cosas, el árbitro también aporta su granito de arena.
Llegamos al periodo de intercampañas con autoridades electorales federales divididas, fracturadas. Lo que no solo afecta las elecciones federales, también las estatales.
En un caso porque el INE es al final de cuentas la instancia reguladora y también porque se ocupa de varias tareas ejecutivas que antes de la reforma electoral de 2014 correspondían a los organismos electorales estatales.
En última instancia, por ejemplo, ante la incapacidad de un órgano electoral estatal (OPLE), el INE puede atraer la elección. Así que lo que suceda en la instancia federal puede estropear las elecciones locales.
Por el otro lado es la Sala Superior del TEPJF el último recurso al que se puede recurrir para denunciar posibles inconformidades o irregularidades durante cualquier proceso electoral.
Cuando los árbitros locales son incapaces o superados en sus atribuciones solo quedan esas dos instancias, de ahí la relevancia e importancia de su buen funcionamiento, que desafortunadamente está en duda en estos momentos.
Ya es del dominio público que el INE, después de la sustitución de cuatro consejeros y consejeras, el Consejo General ha sufrido una recomposición, abiertamente se han formado dos grandes bloques que impiden la creación de consensos en la toma de decisiones de la mayor importancia dentro del Instituto.
Después de varios meses no han sido capaces de llegar a un acuerdo mayoritario para nombrar al secretario ejecutivo, por ejemplo. El secretario ejecutivo es una pieza clave para el desarrollo del proceso electoral porque finalmente es en él en quien recaen las responsabilidades de coordinar las múltiples tareas concretas que se deben tener en cuenta y llevar a cabo para que el día dos de junio del 2024 todos los que tenemos derecho podamos ejercer nuestro voto de manera ordenada y pacífica.
Y ese nos es el único problema, los hay de variada índole, tanto por la impericia de la designación reciente, como por la falta de acuerdos.
En el TEPJF las cosas están más complicadas. En primer lugar, no están en ejercicio todos los magistrados que debieran ser, de siete solo hay cinco en funciones y faltan dos por ser designados por el Poder Legislativo.
Ese sin duda es un inconveniente, pero lo más grave es también la división al interior de los que están en funciones, en este caso dos bloques, uno de dos y otros de tres, el último consiguió la renuncia del presidente anterior para que en los primeros días de enero de este año ingresara una nueva presidenta afín al bloque mayoritario.
Este precario equilibrio no es nada saludable para una institución que podría resultar crucial en este proceso electoral.
Mucho se ha especulado en los medios de comunicación en torno a esta situación, difícil de saber a ciencia cierta si es consecuencia de circunstancias fortuitas o resultado de la acción de fuerzas interesadas.
Lo que es cierto es que, amén de las complejidades de la competencia partidista y de las peculiaridades de las contendientes en este proceso electoral, la situación del árbitro es preocupante y lo más deseable para que tengamos elecciones certeras, legales e imparciales es que ojalá encuentren pronto una salida decorosa para que este proceso sea menos incierto.
