Jorge Hernández-Díaz
Al pensar en lo que ocurre con el sistema político mexicano, llaman profundamente la atención dos acontecimientos que tuvieron lugar la semana pasada.
Uno fue la visita que hicieron al Vaticano, una tras otra, las dos principales candidatas a la presidencia de México para entrevistarse con el máximo pontífice de la Iglesia Católica (y tal vez recibir su bendición).
Y el otro, es el de la entrevista que tuvieron los obispos de Chilpancingo en el estado de Guerrero con dirigentes de grupos de la delincuencia organizada con la finalidad de pactar una tregua y frenar la violencia que se vive en esa entidad del país.
La idea clásica de lo que es el Estado moderno, el Estado liberal democrático, es que debería constituirse en un ente neutro en términos culturales y religiosos. Si bien ese es un modelo ideal, es una meta de la propuesta por la construcción de una entidad laica.
El Estado moderno no debería optar o manifestar preferencia por ningún culto religioso porque al ser ese un principio básico para constituirse como un ente donde pudieran caber y ser respetadas todas y cada una de las preferencias religiosas, y así también poder mantener y garantizar la libertad de conciencia y la libertad religiosa de los integrantes del Estado.
Si el Estado moderno opta por una preferencia se erosiona esa base fundamental en la que se cimientan sus ideales democrático-liberales.
En este país hemos transitado desde épocas de rechazo fanático a las manifestaciones religiosas, tanto así que ni siquiera se mantenían relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, hasta nuevas circunstancias que comenzaron a manifestarse en la administración del presidente López Portillo dando un vuelco tal que ahora, antes de empezar formalmente sus campañas, las candidatas primero fueron a la entrevista con el Papa, avistarlo no en su calidad de jefe de Estado si en su condición de máximo líder de la iglesia católica.
Las candidatas son personas con una propuesta pública, son ciudadanas que pretenden, si el voto las favorece, ser la cabeza principal del Estado mexicano, por lo que en una democracia liberal se esperaría que mantuvieran su neutralidad formal ante las preferencias religiosas.
No se pretende suprimir su derecho individual de observar una preferencia religiosa, ellas tienen todo el derecho de practicar en el ámbito privado cualquier preferencia, ya fuera católica, judía, musulmana, o ninguna de ellas.
Pero no debieran hacerlo en el ámbito público donde idealmente tendrían que mantenerse neutrales como lo demanda el puesto que pretenden conquistar en las urnas. Pueden ser formas, pero bien dicen que en la forma está el fondo.
Otro supuesto importante de la constitución del Estado contemporáneo es que se trata de un ente que debe mantener el monopolio del uso legítimo de la violencia. Esta idea, al igual que la anterior son claves en el modelo ideal que Max Weber ofrece para explicar cómo se constituyen los Estados post-feudales.
El Estado, gracias a ese monopolio, tiene entre sus condiciones ser garante de la seguridad de sus integrantes, a nadie más corresponde la obligación de garantizar la seguridad de quienes habitan en el territorio que lo constituye.
Por esa razón sorprende que el jefe del Ejecutivo mexicano en sus acostumbradas y prolongadas sesiones mañaneras haya dado una especie de visto bueno a la iniciativa de los obispos de estado de Guerrero para intermediar entre grupos de la delincuencia organizada para mantener alguna forma de convivencia en esa entidad.
Ese acontecimiento pone en jaque ese fundamento del Estado moderno.
En primer lugar, parece haber una aceptación tácita de que el monopolio del uso de la violencia no lo detenta el Estado, éste, el uso, es compartido y pareciera que hasta la legitimidad está a punto de ser aceptada al dejar en sus manos la posibilidad de controlar la situación para llegar a una forma de posible de normalidad.
Las circunstancias, eventos, antes mencionados llaman la atención sobre la naturaleza del Estado mexicano.
Por una parte, al parecer es un Estado que se está alejando cada vez más de lo que teóricamente debiera ser un Estado moderno.
Los dos eventos referidos revelan el desvanecimiento paulatino del carácter laico del Estado, pues de distintas maneras se reconoce la preferencia por una determinada fe religiosa y por otra otorga legitimidad negociadora a sus representantes jerárquicos.
Por otra parte, el jefe del Ejecutivo, cabeza del Estado, tácitamente está mostrando tolerancia hacia la presencia de grupos que ejercen la violencia fuera de ámbito de Estado y de manera ilegitima.
Frente a estas circunstancias, algunas y algunos estudiosos harían referencia a nociones como las de déficits de Estado, ausencia del Estado, de Estado fallido, entre otros que aluden a un fenómeno en el que hay indicios de que el sistema político mexicano está en un punto delicado y que es tiempo de pensar formas para evitar una crisis.
Como fuere, es necesario pensar hacia dónde lleva este proceso de desnaturalización del Estado mexicano, de su alejamiento del modelo ideal de un Estado moderno y democrático, y también de las tareas necesarias para frenarlo y revertirlo.
