Diana Manzo
Oaxaca, Oax.- Madres víctimas de la violencia económica en Oaxaca demandaron al gobierno estatal atender el despido masivo de abogadas del Centro de Atención Integral a Mujeres en situación de Violencia de Género (CEATI) en el que incurrió la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, debido a que las deja a la deriva y pone en riesgo su situación legal en los juzgados.
“¿Y ahora quién nos acompañará para exigir pensión alimenticia?”, dijeron las mujeres al recalcar que muchas de ellas están en juicios legales y próximo a tener audiencias, pero las han abandonado.
Especialmente en el cumplimiento de pensiones alimenticias y patrias potestad, y que con esta situación queda a la deriva todo.
En un comunicado a través de su página de Facebook: “Deudores Alimentarios Oaxaca”, señalaron que las abogadas les informaron que ya no podrán acompañarlas en su situación legal, porque desde marzo no les pagan sus quincenas.
Dijeron que aunque el CEATI opera con recursos federales, diversos estados están resolviendo los pagos y no renunciando al personal, como ocurre en Oaxaca.
Exigieron al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, que las reintegre a sus servicios, porque pone a la deriva el apoyo legal para las madres víctimas de violencia.
“Ellas no solo dan acompañamiento a mujeres víctimas de la violencia de género, sino también para la violencia económica.
“Varias de ellas están en juicios legales para que los padres de sus hijos cumplan con su responsabilidad de pagar pensión alimenticia.
“Señor gobernador, ayúdenos, pague a las abogadas”, dijeron.
Diana Luz Vásquez, activista y promotora de la Ley Sabina que exige el cumplimiento legal de la pensión alimenticia, calificó como un despropósito abandonar a las infancias y a sus madres.
Por lo que la activista exigió a las autoridades reintegrarlas a sus funciones para que brinden la ayuda legal.
Dijo que una de las madres, próximas a tener audiencia legal, está preocupada pues no tendrá acompañamiento durante su audiencia en la exigencia del reconocimiento de paternidad.
Eso favorece al deudor alimentario de nombre Emmanuel Tomás S.M, trabajador del sindicato de la UABJO.
“El Estado debe asumir su responsabilidad y brindar a las mujeres su acompañamiento, pero no lo hace.
“Al contrario, deja a la deriva a cientos de mujeres que son asesoradas por las abogadas, a quienes se les adeuda un mes de salario, eso es lamentable”, señaló.
Por último, las madres víctimas de violencia reconocieron que es urgente y vital reintegrar a las abogadas, pues la violencia económica, como el resto de las violencias, debe parar.
Y también obligar, en este caso a los deudores alimentarios, a asumir su responsabilidad paternal, no solo monetariamente sino emocionalmente.
