Pedro Matías
*Las personas inconformes exigen destitución de directivos de la Defensoría, reinstalación o liquidación de acuerdo con la ley por despidos injustificados.
*La Defensoría fue clausurada simbólicamente.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Defensores clausuran “simbólicamente” la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca al ser despedidos injustificadamente por la ombudsperson Elizabeth Lara Rodríguez como una “forma de realizar una limpia del personal para pagar favores políticos” que la llevaron a ese cargo.
Los inconformes que se instalaron desde este lunes en plantón frente a las oficinas de la Defensoría exigen la reinstalación inmediata de cada una de las personas trabajadoras despedidas o una liquidación conforme a derecho, así como la destitución inmediata de los violadores de derechos humanos que llegaron a realizar la limpia, José Antonio Álvarez, Rosa Catalina del Castillo Rosas y René Hernández Reyes.
En un comunicado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Salomón Jara Cruz y al Congreso de Oaxaca, los 20 defensores de derechos humanos y trabajadores de la Defensoría que fueron despedidos calificaron de “arbitrario e injustificado” el despido por personas con un pasado cuestionado y actitud déspota.
Detallaron que el 14 y 15 de junio pasados fueron convocados y convocadas por la directora administrativa Rosa Catalina del Castillo Rosas y José Antonio Álvarez Hernández, quien se dice ser el coordinador o Secretario Ejecutivo; y René Hernández Reyes, quien se ostenta como director Jurídico de la Defensoría para informarles que por falta de recursos presupuestales era necesario prescindir de sus servicios con el argumento que la administración anterior dejó deudas en hacienda”.
Esto, dijeron, “es totalmente falso pues la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, para este ejercicio 2023 el presupuesto es de 41 millones 600 mil pesos, mientras tanto están contratando personal de nuevo ingreso en nuestro lugar”.
Por tanto, “es arbitrario el despido injustificado al que fuimos sometidos, dado que existen mezclas de recursos económicos para el funcionamiento de este Organismo”.
Lo cuestionable es que en forma déspota, los personajes señalados “hacen actos de presión, incluso con burla de que “una puerta se cierra, pero se abre una ventana”, “firmen, para que más adelante los reconsideremos”.
Además, “nos entregaron un cheque correspondiente a la segunda quincena de junio, el se podrá cobrar únicamente el 30 del presente, pues antes de esa fecha es un cheque sin fondos.
Luego de advertir que presentaron sus demandas, le recordaron que “nunca tuvimos condiciones laborales dignas, ni derecho como trabajador, ni mucho menos un seguro médico o prestaciones sociales a pesar de que en diversos acontecimientos arriesgamos no solamente la seguridad sino también la vida”.
Y citaron varios caso donde fueron retenidos o a fuego cruzado como fue la represión en Nochixtlán el 19 de junio 2016; el Sismo 2017; las Caravanas de personas migrantes 2018 y 2021; el Covid-2019; conflicto interno en Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco.
O los desplazamientos forzados de San Juan Copala; San Miguel Copala; Tierra Blanca Copala; Rio Santiago, Santiago Textitlán; Tierra Negra San Juan Mazatlán, Mixe; Guadalupe Victoria-San Juan Juquila Mixes; conflicto entre Zimatlán de Lázaro Cárdenas; Putla Villa de Guerrero por límites territoriales; Santiago Atitlán, Mixe, así como diversos acompañamientos en el interior del estado de Oaxaca.
Ahora bien, en cuanto a la carga laboral cotidiana, ningún equipo de trabajo o mesa de tramite contó con personal suficiente, por el contrario, muchos de los aquí presentes tuvieron a su cargo mesas como “encargados”, “técnicos especializados”, y al haber poco personal la carga de trabajo siempre fue mayor, no obstante, los medios o las condiciones nunca fueron las dignas.
A esta fecha no solamente despidieron a más de quince personas trabajadoras, sino que se quedaron sin sustento económico quince familias, las cuales son víctimas indirectas de estos atropellos.
Lamentaron que José Antonio Álvarez Hernández fue secretario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante la administración de Evencio Nicolás Martínez, actualmente prófugo de la justicia por la desaparición de dos activistas, además de delitos de lesa humanidad y señalado por la Comisión de la Verdad del 2006 por omitir actuar durante el conflicto social. Además de que personal de la Defensoría tiene conocimiento que su hermano es aviador dentro de la institución.
Mientras que René Hernández Reyes, director Jurídico de la DDHPO, además de realizar actos de presión, coacción y coerción, es “mercenario de la educación en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Y Rosa Catalina del Castillo Rosas, además de no contar con la mínima perspectiva en derechos humanos, ni tratos dignos o humanitarios hacia el personal, y ser proveniente del estado de Guanajuato, sin tener el mínimo conocimiento de nuestro estado.
