Ocho años de impunidad por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín
La exigencia de justicia vuelve a la antimonumenta de Oaxaca: Soledad Cruz Jarquín acusa una cadena de omisiones, protección política y falta de perspectiva de género en el caso de su hija, asesinada en Juchitán en un contexto electoral.
A ocho años del feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, su madre, la periodista oaxaqueña Soledad Cruz Jarquín, volvió a nombrar lo que para ella define el caso: impunidad.
Ni el exfiscal Rubén Vasconcelos ni el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, han sido juzgados por las omisiones y responsabilidades institucionales señaladas por la familia. Por el contrario, denunció Soledad, el expediente permanece atrapado entre carpetas empolvadas, silencios oficiales y una justicia que nunca llegó.
La memoria volvió a reunirse en la antimonumenta, entre cruces púrpura colocadas para recordar el aumento de feminicidios en Oaxaca. Desde el 2 de junio de 2018, fecha en que María del Sol fue asesinada, organizaciones feministas contabilizan 867 casos en la entidad.
Soledad no llegó sola. La acompañaron madres de mujeres asesinadas, integrantes de Consorcio Oaxaca y activistas que han sostenido durante años la exigencia de justicia para María del Sol.
La periodista recordó que su hija fue obligada a cubrir la campaña a la presidencia municipal de Juchitán de Hageo Montero, hermano de Francisco Javier Montero, quien en ese momento era secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca y jefe directo de María del Sol.
Ese punto es central para la familia: María del Sol no estaba en Juchitán por decisión propia ni por una cobertura periodística ordinaria, sino como parte de una comisión vinculada a intereses político-electorales. Fue asesinada junto con Pamela Terán Pineda y Adelfo Guerra Jiménez en un ataque armado ocurrido la madrugada del 2 de junio de 2018.
“Lo único que hubo fue un delito electoral a través del IEEPCO, que sabemos lo pagó de a poquito, entonces, cuál justicia, acá nunca hubo”, reprochó Soledad.
La herida de la ausencia
Soledad relató que no hay un solo segundo en que no recuerde a su hija. A pesar de las más de 40 mil horas de ausencia, dijo agradecer los 27 años que compartieron juntas.
“El tiempo se vuelve implacable verdugo, y los recuerdos nos sostienen, se quedan en algún lugar de la memoria. Sobre el papeleo, sabemos que hay carpetas de investigación, hoy empolvadas y quemadas por el sol, o llenas de humedad en un edificio de la burocracia del estado, pero a pesar de que quieran borrar, jamás lo harán, porque seguimos exigiendo justicia, una justicia que nunca hubo”, agregó.
Para la madre de María del Sol, el caso muestra la manera en que la justicia se rompe cuando las fiscalías y tribunales no investigan con perspectiva de género ni asumen la dimensión política de un crimen.
Dijo que 95 de cada 100 feminicidios que ocurren en México no se castigan, aun cuando las leyes deberían ser el piso mínimo para erradicar la impunidad.
“Al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, decirle que el feminicidio sigue sin justicia, su obligación es hacerlo posible, y que lo que protege, lo marcará para siempre, en su mandato, donde más de 300 mujeres han sido asesinadas”, expresó.
Las claves del expediente público
- María del Sol Cruz Jarquín fue asesinada el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, junto con Pamela Terán Pineda y Adelfo Guerra Jiménez.
- La familia sostiene que María del Sol fue obligada a cubrir una campaña electoral desde una dependencia del gobierno estatal.
- El caso ha sido denunciado como una cadena de complicidades políticas, administrativas y judiciales.
- La única sanción conocida en torno al caso no ha representado justicia por el feminicidio, sino actuaciones relacionadas con delitos electorales y con el robo del equipo de trabajo de María del Sol.
- Organizaciones feministas acompañan el caso ante instancias internacionales por la falta de acceso efectivo a la justicia.
La ruta internacional
La activista oaxaqueña Yésica Sánchez sostuvo que el feminicidio de María del Sol debe entenderse como un crimen de Estado por el contexto en que ocurrió, las omisiones posteriores y la falta de sanción a los actores institucionales señalados.
Explicó que se encuentran a la espera de una resolución de la CEDAW, el tratado internacional de derechos humanos más importante enfocado en los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
La expectativa de las acompañantes es que la resolución sea favorable y permita responsabilizar al Estado mexicano por el feminicidio de María del Sol.
“Indudable es la falta de voluntad del gobierno mexicano. Han pedido que se deseche el caso, porque supuestamente nos atienden bien, pero no es así, lo que hay es impunidad”, señaló Sánchez.
Entre abrazos a Soledad Jarquín y consignas de “¡Justicia para María del Sol!”, las asistentes recalcaron que la impunidad sigue intacta a ocho años del feminicidio.
Análisis
El caso de María del Sol Cruz Jarquín no puede leerse únicamente como un expediente penal rezagado. Es una trama donde se cruzan violencia feminicida, uso electoral de recursos públicos, subordinación laboral, poder político regional y fallas estructurales del sistema de justicia.
La pregunta de fondo no es solo quién disparó. También es quién envió a María del Sol a Juchitán, bajo qué órdenes, para beneficiar a qué campaña, con qué recursos públicos, quién borró o debilitó líneas de investigación y por qué las responsabilidades políticas nunca alcanzaron consecuencias penales o administrativas proporcionales.
La impunidad denunciada por Soledad Jarquín tiene una dimensión especialmente grave: el Estado aparece en varios momentos de la cadena. Primero, por la dependencia que habría obligado a María del Sol a cubrir una campaña; después, por las instituciones que no investigaron con profundidad; y finalmente, por las autoridades que han dejado pasar ocho años sin justicia integral.
Por eso la vía internacional no es un gesto simbólico. Es la consecuencia de una justicia local agotada, lenta o cerrada. Si la CEDAW responsabiliza al Estado mexicano, el caso podría convertirse en un precedente sobre feminicidio, violencia política y uso indebido de estructuras gubernamentales en campañas electorales.
El abogado del diablo
Las autoridades podrían alegar que el caso no está completamente abandonado, que existen carpetas de investigación, actuaciones electorales y procesos vinculados a delitos periféricos. También podrían sostener que no toda omisión administrativa equivale automáticamente a responsabilidad penal.
Pero esa defensa se vuelve frágil frente a ocho años sin justicia por el feminicidio. La existencia de carpetas no sustituye resultados; una sanción electoral no responde por una vida arrebatada; y castigar delitos secundarios no equivale a esclarecer la cadena completa de responsabilidades.
La carga pública ya no está en la familia. Está en el Estado. A estas alturas, cada autoridad que promete revisar el caso sin producir verdad, sanción y reparación termina administrando la impunidad que dice combatir.
Preguntas que siguen abiertas
- ¿Quién ordenó formalmente que María del Sol cubriera la campaña electoral en Juchitán?
- ¿Qué responsabilidades administrativas o penales se investigaron contra funcionarios de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas?
- ¿Por qué las líneas de investigación sobre violencia política y feminicidio no han producido justicia integral?
- ¿Qué papel jugaron la Fiscalía y el gobierno estatal en la preservación, pérdida o debilitamiento de pruebas?
- ¿Qué acciones concretas asumirá el actual gobierno de Oaxaca para reabrir o corregir las omisiones del caso?
