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Asesinan a Carlos Orocio, expresidente chatino de San Juan Quiahije, y a su hijo

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El crimen ocurre en una semana marcada por ataques contra autoridades municipales en Oaxaca: primero Miahuatlán, luego San Miguel Amatitlán y ahora San Juan Quiahije, en la región Chatina.

Gobernanza bajo fuego

Asesinan a Carlos Orocio, expresidente chatino de San Juan Quiahije, y a su hijo

El crimen ocurre en una semana marcada por ataques contra autoridades municipales en Oaxaca: primero Miahuatlán, luego San Miguel Amatitlán y ahora San Juan Quiahije, en la región Chatina.

25 presidentes municipales asesinados en Oaxaca entre 2020 y junio de 2026
3 ataques contra autoridades municipales en menos de una semana
2 víctimas mortales en San Juan Quiahije
2023-2025 trienio en que Carlos Orocio gobernó su comunidad

Oaxaca, Oax. Anoche, Carlos Orocio Cruz, expresidente municipal chatino de San Juan Quiahije, en la región Costa de Oaxaca, y su hijo Celestino Orocio fueron asesinados con arma de fuego, confirmaron autoridades locales.

Las autoridades informaron que el crimen del exmandatario municipal, quien gobernó en el trienio 2023-2025, ocurrió en la comunidad, sin dar hasta ahora mayores detalles sobre la agresión.

Integrantes del Colectivo Chatino y de Producciones Chatino condenaron el asesinato del expresidente municipal y de su hijo, y exigieron justicia.

“Reconocemos, honramos y valoramos su carácter, su congruencia, el servicio y la entereza con la que asumió cada cargo que nuestra comunidad le asignó, siendo el más reciente, la de Presidente Municipal. Durante su gestión, él y todo su cabildo nombrado por la asamblea, se mantuvieron firmes, exigieron y sancionaron temas importantes para nosotros: drogas, seguridad comunitaria, respeto de los terrenos comunales, cuidado del medio ambiente, entre otros”, expresaron.

Las organizaciones señalaron que este tipo de actos que privan la vida no deben normalizarse.

“Ante este suceso nos negamos a normalizar la violencia y todo acto que intente intimidar o atente contra el bienestar, la paz colectiva y la vida. No debemos y no podemos permitir que intereses ajenos al bienestar común nos ganen como pueblo y como sociedad. Externamos nuestras condolencias a la familia y sabemos que no hay palabras suficientes para este momento tan difícil”, indicaron.

Asimismo, hicieron énfasis en la urgencia de trabajar desde temprana edad en temas que, dijeron, se han olvidado o desvinculado, como valores, congruencia y bienestar común por encima de cualquier interés político, económico o personal.

“No nos sirve mucha inversión en infraestructura, servicios, pavimento, etc., si no hay interés en la educación o formación de buenas y buenos ciudadanos”, reiteraron.

Por su parte, la autoridad de San Juan Quiahije reconoció al expresidente como un hombre de bien, de trabajo y campesino, que sirvió a su pueblo de forma ejemplar en cada cargo que se le encomendó.

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“Nos solidarizamos con su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor. Descansen en paz”, recalcaron.

El edil de Santa Catarina Juquila, municipio gobernado actualmente por Marco Palacios, también lamentó el deceso y reconoció la labor del expresidente municipal.

El asesinato de Carlos Orocio y de su hijo ocurre apenas después de una cadena de agresiones contra autoridades municipales en Oaxaca.

El sábado fue asesinado Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la Mixteca de Oaxaca. Dos días antes, el jueves, fue atacado el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa Jiménez, quien resultó herido de un brazo.

Datos oficiales señalan que de 2020 a junio de 2026 en Oaxaca se han registrado 25 asesinatos de presidentes municipales, algunos electos y otros en funciones. Uno de los casos más relevantes fue el feminicidio de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, ocurrido el domingo 16 de junio de 2025 al interior del palacio municipal.

Contexto geopolítico: la región Chatina y la ruta Costa-Sierra Sur

San Juan Quiahije forma parte del territorio chatino, una zona indígena articulada social y culturalmente con Santa Catarina Juquila y con comunidades de la Costa y la Sierra Sur. En esta región, los cargos municipales no solo representan administración pública: también condensan autoridad comunitaria, defensa del territorio, vigilancia comunal y decisiones de asamblea.

Por eso, el asesinato de un expresidente municipal no puede leerse únicamente como una agresión individual. En comunidades indígenas, atacar a una autoridad que fue nombrada y reconocida por la comunidad también golpea el tejido de representación local y la capacidad colectiva de tomar decisiones sobre seguridad, tierra, medio ambiente y convivencia interna.

Mapa: ruta de conflictividad Costa-Sierra Sur-Mixteca

El mapa ubica los hechos recientes contra autoridades municipales y casos emblemáticos de violencia contra alcaldesas y alcaldes en Oaxaca.

16 de junio de 2025 | San Mateo Piñas: feminicidio de la presidenta municipal Lilia Gema García Soto.
11 de junio de 2026 | Miahuatlán: atentado contra el presidente municipal César Figueroa Jiménez.
13 de junio de 2026 | San Miguel Amatitlán: asesinato del presidente municipal Joel Ángel Bravo Martínez.
Junio de 2026 | San Juan Quiahije: asesinato del expresidente municipal chatino Carlos Orocio Cruz y de su hijo Celestino Orocio.

El trazo muestra una ruta de lectura territorial, no una imputación penal ni una conexión criminal confirmada entre los casos.

Análisis Página 3

La violencia contra autoridades municipales en Oaxaca tiene una dimensión política que suele quedar sepultada bajo la etiqueta genérica de inseguridad. En comunidades indígenas, el cargo municipal no es solo una oficina: es una encomienda pública sostenida por asamblea, reconocimiento comunitario y responsabilidad frente al territorio.

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En el caso de Carlos Orocio, el pronunciamiento del Colectivo Chatino ubica el conflicto en temas concretos: drogas, seguridad comunitaria, terrenos comunales, medio ambiente y bienestar común. Esos elementos permiten leer el asesinato como una agresión con impacto directo en la gobernanza local.

Abogado del diablo

No toda agresión contra una autoridad municipal puede atribuirse automáticamente a una misma causa ni a una misma estructura criminal. Oaxaca combina conflictos comunitarios, disputas agrarias, intereses económicos, tensiones políticas y violencia armada.

Pero tampoco es responsable reducir estos crímenes a “hechos aislados”. Cuando se acumulan asesinatos y atentados contra alcaldes, expresidentes y autoridades comunitarias, la pregunta pública ya no es solo quién disparó, sino qué capacidad tiene el Estado para proteger la vida institucional de los pueblos.

Preguntas abiertas

  • ¿Carlos Orocio Cruz había denunciado amenazas o conflictos previos derivados de su gestión comunitaria?
  • ¿Qué línea de investigación seguirá la Fiscalía: política, comunitaria, territorial, ambiental o criminal?
  • ¿Qué medidas de protección existen para autoridades comunitarias y exautoridades en pueblos indígenas?
  • ¿Cómo se protegerá a la familia de las víctimas y a quienes integraron su cabildo?
  • ¿Qué registro oficial concentra los asesinatos de autoridades municipales en Oaxaca y con qué criterios se actualiza?

Transparencia editorial: ¿Por qué en Página3.mx hablamos de violencia política y no solo de delincuencia organizada?

En Página3.mx evitamos reducir estos crímenes a etiquetas fáciles como “ajuste de cuentas” cuando no existe una investigación concluyente que lo demuestre. Hacerlo puede invisibilizar el daño que estos ataques provocan en la autonomía de los pueblos indígenas, sus asambleas y sus formas internas de gobierno.

Nuestro método de cobertura prioriza las voces comunitarias, como el Colectivo Chatino, porque ayudan a entender el impacto real del crimen en el tejido social: qué temas defendía la autoridad, qué decisiones tomó la asamblea, qué conflictos afectaban a la comunidad y qué consecuencias tiene el asesinato para la gobernanza local.

  • No atribuimos móviles sin confirmación oficial o comunitaria suficiente.
  • No tratamos a las autoridades indígenas solo como “funcionarios públicos”. También son representantes de procesos comunitarios.
  • No usamos filtraciones policiales como explicación única de hechos complejos.
  • Sí documentamos patrones territoriales cuando los ataques se acumulan y afectan la vida pública de los municipios.

Hablar de violencia política no significa descartar la participación de grupos criminales. Significa reconocer que el daño rebasa a las víctimas directas y golpea la capacidad de los pueblos para gobernarse, deliberar y sostener su vida comunitaria.

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