En este aspecto, destacó la labor coordinada del Poder Judicial con organismos como el Centro Profesional de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
De ellos, 57 son servidores públicos judiciales adscritos a diferentes áreas y organismos jurisdiccionales y el resto externas.
Muchas de éstas variantes se encuentran en peligro de extinción, lo que dificulta contar en la entidad con un registro de intérpretes en todas las lenguas solicitadas.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, señaló que actualmente la institución cuenta con un padrón conformado por 140 personas que hablan alguna lengua materna o sus variantes dialectales.
Según el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicado en 2014, por no entender de qué se les acusaba, más de ocho mil indígenas están presos al no contar con un intérprete que les tradujera los cargos por los que se encontraban involucrados en un proceso judicial.
Fuente: http://www.noticiasnet.mx/nota/18006/pjo-reconoce-derechos-de-pueblos-originarios
