Pero la implicación de Lula, que ha defendido siempre su honradez y se considera víctima de un linchamiento político, va incluso más allá y afecta el futuro de Brasil.
La presidenta, Dilma Rousseff —a quien el mismo Lula eligió como sucesora—, encarará en las próximas semanas un proceso de destitución por parte del Congreso que, inevitablemente, se verá afectado por las acusaciones contra Lula.
Ninguna de las propiedades está a nombre de Lula, que ha negado siempre que sean suyas; la fiscalía asegura tener pruebas de lo contrario.
Brasil tiene que salir del atolladero y deben ser sus políticos los que encuentren la solución.
La fiscalía acusa al exmandatario de recibir dinero de empresas relacionadas en el escándalo que sacude los cimientos institucionales del país.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/03/04/opinion/1457117976_910735.html
