Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Organizaciones sociales solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador por los terribles hechos de violencia, abuso de autoridad, detención arbitraria, extorsión, tortura, tratos crueles y degradantes, cometidas en la comunidad ikoots por el agente municipal de Pueblo Viejo, José Ángel Martínez Vargas, quien ordenó encarcelar a dos pescadores por apoyar la consulta de revocación de mandato.
Los inconformes entregaron el documento de la “acción urgente” al presidente al iniciar su gira 28 en la entidad, luego que los indígenas ikoots Hugo Alberto Martínez Vargas y Juan Carlos Vargas Martínez, fueron encarcelados alrededor de 62 horas por no ser priista.
En el documento dirigido a organismos de derechos humanos y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa se relata el caso de dos pescadores que fueron encarcelados por el agente municipal de Pueblo Viejo, perteneciente al municipio de San Francisco del Mar.
Mencionan que el pasado 15 de marzo se realizó una asamblea comunitaria convocada por la agencia municipal para atender la priorización de obras 2022 y dentro de los puntos
a tratar en el orden del día el agente municipal José Ángel Martínez Vargas planteó: “la unificación del pueblo”.
Al abordarse este punto específico el agente municipal expresó claramente su oposición a que cualquier ciudadano participe en la consulta revocatoria federal del próximo 10 de abril, ya que algunos ciudadanos han manifestado inquietudes al respecto. Más aún, el Agente Municipal enfatizó que Pueblo Viejo siempre ha votado por el PRI y que todos sus ciudadanos deben hacerlo este año que se elegirá nuevo gobernador.
En este punto, algunos ciudadanos interrumpieron al agente municipal haciéndole
notar que no está en sus atribuciones obligar a nadie a votar por algún partido político ni impedir las simpatías o preferencias electorales de la población.
Concretamente el señor Juan Carlos Vargas Martínez defendió sus simpatías políticas por otro partido, a lo que la autoridad ordenando al cuerpo de topiles (policías comunitarios) de la comunidad la detención inmediata del ciudadano.
En este acto, Hugo Alberto Martínez Vásquez tomó la palabra en protesta, indicando que los ciudadanos no pueden ser detenidos por pensar distinto, ni por simpatizar con algún otro partido; en su posición personal manifestó que él no simpatiza con ningún partido electoral, pero que forma parte de una organización social que defiende los derechos indígenas y no está de acuerdo en que se reprima la libertad de credo político de ningún ciudadano. Acto seguido el agente municipal ordenó también su detención.
Estas detenciones arbitrarias registradas aproximadamente a las 15:00 horas del pasado martes 15 de marzo, se realizaron fuera de todo marco legal y son violatorias a los preceptos constitucionales y los derechos humanos de la población, rompiendo también con el tejido social, y el derecho de los pueblos originarios al asentarse en una práctica partidista y corporativa, ajena a los sistemas normativos internos.
Hugo Alberto Martínez Vargas y Juan Carlos Vargas Martínez durante el
tiempo que duró su detención fueron privados de recibir agua y alimentos hasta la
madrugada de este viernes 18 de marzo cuando fueron liberados a las 5:30 de mañana.
A los detenidos se les amenazó y se les condicionó que firmaran un acta donde reconozcan “su culpabilidad por faltarle al respeto a las órdenes de la autoridad” y en donde además se les pretende exigir el pago de una multa de hasta 5 mil pesos por cada uno, de lo contrario, volverán a ser detenidos y castigados corporalmente durante otros tres días en caso de no pagar.
El agente municipal también ha ordenado a los topiles cerrar todos los caminos para impedir el acceso de observadores de derechos humanos, periodistas, defensores, policía estatal, guardia nacional y ministerio público; es decir: se ha instalado un estado de sitio en contra de la voluntad del resto de la población, lo que genera un ambiente de mayor crispación y riesgo de violencia.
Organizaciones como Corriente del Pueblo Sol Rojo, Unión de Comunidades de la Zona Oriente del Istmo, Movimiento Femenino Popular-Mx, UNIDO-Oaxaca, Colectivo Popular de Propaganda, Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social, entre otros, instaron al gobierno a dar pronta intervención y solución de fondo a este conflicto que puede derivar en daños irreparables en materia de derechos humanos contra una población indefensa ante el caciquismo y corporativismo que una autoridad municipal en funciones pretende ejercer por intereses políticos, cancelando los derechos fundamentales de la población.
Además que se inicie una carpeta de investigación contra el agente municipal de Pueblo Viejo, San Francisco del Mar por los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la
libertad, extorción, tortura, tratos crueles y degradantes, y aquellos otros que se
configuren ante los hechos narrados.
Y se dicten medidas de protección en favor de las víctimas y se garantice la reconstrucción del tejido comunitario en base al principio de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas para nombrar libremente a sus autoridades sin la intervención de ningún partido político.
