Por: Antonio Mundaca
- Mientras en el discurso Tuxtepec renace, en la realidad ciudadana, la vocación represiva del gobierno municipal afecta organizaciones, agencias comunitarias y colonias
- Loma Alta, Agua Fría, San Francisco Salsipuedes, El Desengaño, la Colonia del Carmen son solo algunas de las comunidades con conflictos en categoría de Foco Rojo.
- Detenciones arbitrarias, el uso de la fuerza pública al servicio de intereses particulares, son parte de los rasgos distintivos de un presidente municipal acostumbrado a solucionar los problemas por la fuerza.
TUXTEPEC, Oax., (pagina3.mx).- El 26 de septiembre del 2014 el presidente municipal de Tuxtepec, Antonio Sacre Rangel, citó a conferencia de prensa a medios de comunicación para declarar que su gobierno no era represor. Cuatro días después el 30 de septiembre volvió a repetir la declaración al terminar una sesión de cabildo “ lo que sucedió en los separos es algo que sucedió ahí, que tú sabes que es un lugar hostil” dijo en su defensa sobre las acusaciones que hicieron los agentes municipales del Desengaño, José Manuel Castillo “Palmilla” y Christopher Elías Acosta de Boca de Coapa de haber sido mandados a golpear por el presidente municipal al interior de la cárcel municipal por sujetos desconocidos que tuvieron facilidades para entrar y salir de dicha oficina encargada de la seguridad ciudadana, después de haber sido detenidos por elementos de seguridad pública tras realizar un bloqueo en protesta por falta de obras en sus comunidades.
“Un lugar hostil”
“un lugar hostil” fueron las palabras que usó el munícipe tuxtepecano para referirse a la cárcel municipal. De tajo justificó y obvió la ley estipulada en la Secretaría de Gobernación, referente a la ley de la seguridad pública municipal, donde la Constitución considera a la seguridad pública como un servicio a cargo del municipio determinado por el artículo 21 Constitucional que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, Los Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias. En este sentido, el Ayuntamiento deberá regular el orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes en la materia dentro del municipio y eso incluye la cárcel municipal “hostil”.
[quote_center] “Que el ayuntamiento o la Secretaría de Seguridad Pública asuman su responsabilidad” [/quote_center]
El conflicto escaló hasta la Subprocuraduría Regional de Justicia de la Cuenca del Papaloapan la cual fue señalada por la autoridad municipal de ordenar el desalojo que derivó en la agresión de dichos agentes, sobre el tema el titular José Matus Cruz mencionó el 24 de septiembre “Que el ayuntamiento o la Secretaria de Seguridad Pública asuma su responsabilidad” .
Pero los conflictos entre agentes municipales y el gobierno local, donde han intervenido fuerzas policiacas no son nuevos. Tampoco ha cambiado la forma pública de desligarse de dichos problemas. Ha sido sintomático en estos diez meses de gestión de Antonio Sacre el fracaso del Pacto de Gobernabilidad promovido por su administración en febrero de este año, cuando a nivel mediático se presumía un acuerdo entre 60 organizaciones sociales con el Ayuntamiento. Pacto de humo que se vino abajo un mes después. El 31 de marzo 8 organizaciones sociales sostuvieron existía “olvido y menosprecio” por parte del edil. El Frente Único Democrático (FUD), la Unión de Productores de Cacao, la Asociación de Maiceros, Arroceros, Plataneros, Huleros y Ganaderos (AMPALGA), Frente de Organización de Ciudadanos ( Frecod) fueron las primeras en señalar la demagogia del pacto de Gobernabilidad.
El 30 de mayo 17 organizaciones encabezadas por el grupo Visión Agrarista y Popular adherida al PRI, en rueda de prensa responsabilizaron a Antonio Sacre y pidieron la destitución del edil por irregularidades.
“Esto ya se reventó”
La vocación represiva o el uso de la fuerza que ha caracterizado al gobierno municipal que encabeza Antonio Sacre Rangel tiene su origen en las características de su carácter. Al menos así lo han señalado personas cercanas a él y lo ha ido demostrando en declaraciones desafortunados que van del machismo, hasta la reducción de un lenguaje florido. También lo han demostrado sus acciones antes de que alcanzara el poder de gobierno municipal.
[quote_right] “Ya vámonos, esto ya se reventó”[/quote_right]
El 2 de mayo del 2010 encabezó un zafarrancho en la convención del PRI que elegiría candidato a la presidencia municipal de Tuxtepec. Irrumpió en el salón El Edén bajo el grito “No a la imposición” acompañado de priistas locales y tomó la iniciativa para destruir el escenario donde habría de ser escogido Jesús Hernández Martínez como candidato sucesor del extinto Gustavo Pacheco Villaseñor. Fue celebre el ataque de Gas lacrimógeno que lastimó a ciudadanos y reporteros en medio de la confusión y el mensaje final en medio del grito de “Unidad” que realizó Antonio Sacre Rangel al despedirse, que fue grabado y quedó para la historia por su actitud violenta y el doble discurso “Ya vámonos, esto ya se reventó”, dijo entonces el actual munícipe Tuxtepecano. La mayoría de aquel grupo que incidió en forma violenta a dicho escenario hoy se encuentra instalado en el gobierno del “Renacimiento”
“Terreno de los patrones”
El primer gesto del poder municipal que ya amagaba se dio el 18 de mayo. La policía municipal desatendió la seguridad de los tuxtepecanos por varias horas cuando acudió “al rescate” de un predio propiedad de la madre de la Regidora de Servicios Básicos, Aurora Alonso Bravo; terreno que había sido invadido por integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) dirigidos por Cándido Ruiz Guadalupe.
Todo el día la policía municipal permaneció al resguardo de dicho terreno ubicado en la carretera federal Valle Nacional-Tuxtepec. La circulación fue desviada por terracería a la comunidad de Sebastopol. 9 patrullas estuvieron destacamentadas en dicho lugar a pesar de que los presuntos paracaidistas no portaban armas. Ese día fue asaltado el dirigente de Nueva Alianza, Francisco Hernández Villar quien denunció le dieron de excusa dicho operativo desmedido. El argumento que dio oficialmente la policía municipal fue “resguardar el patrimonio de los ciudadanos de Tuxtepec”. Por días fue criticado el hecho.
[quote_right] «A chingar a su madre, es terreno de los patrones”. Fue la consigna de la policía municipal durante el operativo.[/quote_right]
Roberto Álvarez López, dirigente del FPR, afirmó que la policía municipal quemó chozas y nunca mostró órdenes de desalojo, además de que actuaron de forma violenta. «A chingar a su madre, es terreno de los patrones”. Fue la consigna de la policía municipal durante el operativo.
Colonias y agencias que arden
A finales de abril, la Agencia Municipal de Loma Alta se convirtió en foco rojo de seguridad municipal entre las Secciones educativas 22 y 59 que tiene como fuente de conflicto la escuela primaria Emiliano Zapata. El ayuntamiento desde entonces nombró una comisión mixta que incluye a la autoridad local, el gobierno municipal y las partes en conflicto escolar. El 8 de mayo en una manifestación donde pedían la liberación de padres de familia detenidos, fue encarado y perseguido el Regidor de Educación Manuel Rodríguez a quien le reclamaban la nula presencia del presidente municipal Antonio Sacre. Manuel Rodríguez sostuvo que el conflicto le corresponde el IEEPO y fue agredido por varias señoras inconformes. La reacción fue una denuncia contra los manifestantes que consta en la averiguación previa 1276/2014. Cuatro meses después Loma Alta sigue siendo una agencia dividida.
El 8 de julio el gobierno municipal violó la normativa de la ley de agentes y colonias. Tras la detención de autoridades del área de la Regiduría de Gobernación, agentes con palos y machetes de la comunidad de San Francisco Salsipuedes lograron un acuerdo donde se destituía al Agente Municipal Reynaldo Estrada, su lugar era ocupado por Braulio Carrera. El Director de Gobernación Sergio Enrique Argüello Ahuja, extendió una minuta que fue desmentida un mes después por la Regidora de Gobernación, Silvia Tiburcio, “Solo fue suspendido de sus funciones y no removido y aclaró que esta suspensión será en el término de tiempo en el que la comisión elabore un dictamen o propuesta de solución y que el cabildo tome la decisión final de este conflicto”. Dos meses después los conflictos en dicha agencia municipal permanecen. Para la comunidad dividida existen dos agentes y prevén atropellos de cara a las fiestas de pueblo.
[quote_box_left] “Solo fue suspendido de sus funciones y no removido y aclaró que esta suspensión será en el término de tiempo en el que la comisión elabore un dictamen o propuesta de solución y que el cabildo tome la decisión final de este conflicto”[/quote_box_left]
Desde el 24 de julio un conflicto social en la Agencia Municipal de Agua Fría entre el agente Israel Valenzuela y Petra Vidal Ruiz amaga con riesgos de violencia. Los vecinos del lugar aseguraron que el Ayuntamiento no ha querido darle solución porque el problema amenaza con tornarse político y están en espera de que termine el año para hacer el cambio en la agencia, mientras al interior del lugar el conflicto se polariza. El Subdirector de Agencias y Comunidades Noé Pedraza Zúñiga afirmó el 25 de mayo “es un problema interno menor entre vecinos”.
El 19 de agosto la policía municipal efectuó un violento desalojo en la Colonia del Carmen. 13 personas fueron detenidas, por bloquear la obra del Gasoducto en el bulevar “Antonino Fernández”. El operativo fue efectuado por el comandante José Trinidad Ballesteros Rodríguez, jefe regional de tránsito del estado, Carlos Roberto Peralta Martínez, comandante regional de Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el director policía municipal Ranulfo Sánchez. La orden fue encargada por el munícipe Tuxtepecano indicaron fuentes policiacas. El munícipe se pronunció horas más tardes e indicó que los elementos municipales solo fueron “apoyo” por ordenes del gobierno del estado.
Los pobladores de la Colonia del Carmen, afectados presentaron en la Fiscalía de Tuxtepec una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la fiscalía contra la libertad de expresión a nivel federal. Un mes después el conflicto sigue trabado y la autoridad municipal mantiene la postura represora.
